Los prestadores de servicios de salud nucleados en la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) consideraron hoy "inadmisibles las trabas que impiden aumentar las cuotas de la medicina prepaga cuando los costos registraron fuertes alzas".

Al hablar en el marco del IX Congreso Argentino de Salud que se realiza en Iguazú, el titular de ACAMI, Marcelo Mastrángelo, advirtió que "se valora como una buena noticia que no haya aumento en la cuota de las prepagas médicas, pero cuando los usuarios vean complicado el acceso a las prestaciones se darán cuenta de que son los únicos perjudicados".

Por su parte, el director general del centro médico CEMIC, Hugo Magonza, precisó, al revés de lo que sostiene el gobierno, que "500 mil familias afiliadas a prepagas se ven perjudicadas porque la imposibilidad de aumentar las cuotas significó degradar la cobertura y perjudicar la calidad de quienes optaron por tener un servicio diferencial".

Las prepagas vienen reclamando ajustar las cuotas hasta un 20 por ciento porque los costos de los estudios médicos, el material descartable y las internaciones experimentaron fuertes alzas, pero desde el gobierno se busca frenar cualquier tipo de incremento.

En ese sentido, el director de CEMIC aseguró que el principal problema es "cómo financiar los costos médicos" y se mostró convencido de que "con el modelo actual no es posible lograrlo". Magonza expresó la necesidad de que el Estado "intervenga con un rol distinto, generando políticas y definiendo una canasta prestacional", ya que el Programa Médico Obligatorio (PMO) "es muy amplio".

Al realizar un análisis de la relación entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el de servicios de salud, Magonza señaló que existe "un retraso significativo" en el sector sanitario.

En ese sentido, detalló que "los precios de la salud aumentaron por debajo del IPC. Desde la salida de la convertibilidad los bienes se recuperaron razonablemente, mientras que los servicios están retrasados sustancialmente".

En este marco, Mastrángelo dijo que el problema sanitario afecta a más de 38 millones de argentinos, mientras que las prepagas sólo atienden a 3 millones de adherentes. "El problema no reside en el 8 por ciento de la gente que atienden las prepagas, sino en el 92 restante".

En ese sentido, reclamó "un programa que incluya a los 17 millones de personas que acuden a la salud pública, si es que la hay, porque no cuentan con obra social o prepaga".

"La salud es una asignatura pendiente en el país, que todavía se encuentra muy lejos del primer mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica a la Argentina en el puesto 75, sobre 190 países evaluados", remarcó el titular de ACAMI al inaugurar el IX Congreso Argentino de Salud.

Este encuentro nacional es organizado por ACAMI, que nuclea, entre otras instituciones sin fines de lucro a la Fundación Favaloro, el CEMIC, Instituto Fleni, los hospitales Alemán, Austral, Británico, Italiano y San Juan De Dios, la obra social OSDE, los sanatorios Mater Dei y San José, la Fundación Médica de Mar del Plata y la Clínica Adventista del 7º Día.

Mastrángelo consideró que "se deben determinar los distintos roles para cada sector. Así, la actividad privada debería ofrecer mejores planes y mas accesibles, la gente tiene que poder optar por ellos, y el Estado debe controlar que eso se cumpla".

El titular de ACAMI se quejó, además, porque "desde el sector no vemos al Ministerio de Salud participando de un proyecto de regulación, ni a la Comisión de Salud de Diputados".

Asimismo, consideró que el sector de la salud está "relegado" con relación a otros, ya que "los precios del sector salud aumentaron 63 por ciento desde la devaluación, que está lejos, por ejemplo, del 128 por ciento de indumentaria".

"Los que aumentaron menos (transporte, vivienda y educación) están subsidiados. Es política de Estado y la aceptamos como tal. La única relación aparente para contener los costos de la salud es que hubiera subsidios", dijo.