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Massa prometió recursos a la Corte para acelerar juicios
Son $36 M que ya figuraban en partidas no utilizadas y que se usarán para crear 750 cargos nuevos y en la instrumentación del plan de informatización de la Justicia
11 de marzo de 2009
Después de los cruces entre el Gobierno y la Corte Suprema por las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, llegaron a un acuerdo para reasignar 36 millones de pesos del presupuesto judicial y crear unos 750 cargos con los que apuestan a reducir los tiempos de tramitación de los juicios.
El jefe de Gabinete visitó a Lorenzetti en su despacho de Tribunales. La reunión duró menos de una hora y, al terminar, ofrecieron una breve conferencia de prensa conjunta en la que anunciaron el acuerdo y pusieron especial énfasis en decir que no se trata de un aumento del presupuesto del Poder Judicial
Lo que se acordó, tal como pretendía la Corte, es que los fondos, que ya formaban parte del presupuesto judicial pero correspondían a partidas no ejecutadas, se destinen a la contratación de unos 750 empleados en todo el país. La reunión fue con el jefe de Gabinete porque éste es quien puede ordenar la reasignación de partidas: decidir que los fondos sean usados para un fin distinto al originalmente previsto.
Al término de la reunión, Lorenzetti destacó que, además del presupuesto, hace falta una ley del Congreso nacional para crear los 750 nuevos puestos. Y que la aceleración de los juicios depende en un grado tal vez mayor de la informatización de la Justicia, a la que también se destinarán fondos reasignados y que, enfatizó, depende básicamente del Consejo de la Magistratura, en el que el oficialismo talla fuerte desde el cambio en su conformación que promovió el kirchnerismo hace tres años.
El encuentro siguió a los ásperos cruces que mantuvieron miembros de la Corte y el Gobierno. La polémica arrancó cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quejó por las demoras en los juicios a los represores, ante lo que la jueza Carmen Argibay se quejó de la falta de personal y presupuesto.
Anoche, de todos modos, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, buscaron bajarle el tono a la disputa. Y ayer, junto con el anuncio del pedido de reunión a Massa, el máximo tribunal formalizó una invitación a los otros poderes del Estado para crear una comisión que analice cómo agilizar los juicios por los crímenes de la dictadura reabiertos tras la anulación de las leyes del perdón, en 2004.
El jefe de Gabinete visitó a Lorenzetti en su despacho de Tribunales. La reunión duró menos de una hora y, al terminar, ofrecieron una breve conferencia de prensa conjunta en la que anunciaron el acuerdo y pusieron especial énfasis en decir que no se trata de un aumento del presupuesto del Poder Judicial
Lo que se acordó, tal como pretendía la Corte, es que los fondos, que ya formaban parte del presupuesto judicial pero correspondían a partidas no ejecutadas, se destinen a la contratación de unos 750 empleados en todo el país. La reunión fue con el jefe de Gabinete porque éste es quien puede ordenar la reasignación de partidas: decidir que los fondos sean usados para un fin distinto al originalmente previsto.
Al término de la reunión, Lorenzetti destacó que, además del presupuesto, hace falta una ley del Congreso nacional para crear los 750 nuevos puestos. Y que la aceleración de los juicios depende en un grado tal vez mayor de la informatización de la Justicia, a la que también se destinarán fondos reasignados y que, enfatizó, depende básicamente del Consejo de la Magistratura, en el que el oficialismo talla fuerte desde el cambio en su conformación que promovió el kirchnerismo hace tres años.
El encuentro siguió a los ásperos cruces que mantuvieron miembros de la Corte y el Gobierno. La polémica arrancó cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quejó por las demoras en los juicios a los represores, ante lo que la jueza Carmen Argibay se quejó de la falta de personal y presupuesto.
Anoche, de todos modos, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, buscaron bajarle el tono a la disputa. Y ayer, junto con el anuncio del pedido de reunión a Massa, el máximo tribunal formalizó una invitación a los otros poderes del Estado para crear una comisión que analice cómo agilizar los juicios por los crímenes de la dictadura reabiertos tras la anulación de las leyes del perdón, en 2004.