El Gobierno de los Estados Unidos publicó una nueva versión del informe que realizó el Departamento de Estado sobre la lucha contra el narcotráfico, en el que aclaró que la ley de blanqueo de capitales vigente en la Argentina satisface los requerimientos internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico.

La versión anterior tenía un comentario crítico hacia la ley que impulso la presidenta Cristina Kirchner y coincidió con la puesta en vigencia la norma de repatriación y exteriorización de capitales. La iniciativa busca atraer parte de los 130.000 millones de dólares depositados en cuentas bancarias del exterior.

El informe del Departamento de Estado difundido la semana pasada decía que "bajo la ley, el gobierno no preguntará de dónde provienen los fondos declarados, suministrando potencialmente de esta manera medios patrocinados por el Estado para lavar dinero".

La nueva versión, aclara: "Las reglamentaciones implementadas (...) incluyen un requerimiento de que las transacciones realizadas desde otros países sean solo de aquellos que respeten las leyes estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".

Y añade: "La Argentina tiene una larga historia de fuga de capitales y de evasión impositiva, y los argentinos tienen miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal (tanto fuera como dentro del país), gran parte de estos fondos fueron legítimamente obtenidos pero que no pagaron los correspondientes impuestos.

"Para combatir la fuga de capitales -continúa el informe- y alentar la repatriación de estos miles de millones no declarados, el 18 de diciembre de 2008, el Congreso aprobó una moratoria impositiva y una ley de repatriación de capitales que permitiría una amnistía impositiva para las personas que repatríen activos no declarados durante un período de seis meses."

Y agrega: "En virtud de esta ley, las autoridades fiscales tienen prohibido indagar la procedencia de los fondos declarados, y algunos críticos han expresado preocupación debido a que esto podría facilitar el lavado de dinero. Las normas reglamentarias para la implementación de la ley se promulgaron en febrero de 2009, y aclararan que las operaciones alcanzadas por esta ley estarán sujetos a las leyes, disposiciones y normas relacionados con la prevención de delitos financieros, y asimismo incluirán presuntamente la exigencia de que las transferencias desde el extranjero se originen en países que cumplen con las normas internacionales de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo".

Según, explica la nueva versión "altos funcionarios del gobierno han indicado que van a garantizar que toda la legislación argentina, incluida la presente ley, se ajuste a las obligaciones de la Argentina como miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (Gafisud). En enero, el Gobierno de la Argentina asumió la presidencia de Gafisud para el año 2009".