Los pasos que unen a la Argentina con Uruguay seguirán cortados durante el verano y cruzar la frontera binacional seguirá siendo una odisea para aventureros o una posibilidad exclusiva para aquellos que lo hagan por vía fluvial.

Dos ministros de la administración de Cristina Kirchner confiaron a LA NACION que no está en los planes oficiales liberar los caminos bloqueados por los ambientalistas que protestan contra Botnia, pese a que la propia presidenta había transmitido al canciller uruguayo y a las autoridades entrerrianas su inquietud por que antes de fin de año los cruces fueran despejados. Ahora, sólo la buena voluntad de los manifestantes podría iluminar el milagro.

"En todo lo que refiere al conflicto con Uruguay hay una decisión tomada: la Argentina seguirá el curso elegido para dirimir el conflicto en el ámbito de la justicia sin modificar sus políticas sociales. Una vez que esté el fallo de La Haya, se acatará lo que se disponga", dijo un funcionario de trato cotidiano con la jefa del Estado.

En el entorno presidencial no lo reconocen abiertamente, pero con silencios sugerentes dejan entrever que, si hubo un atisbo de interés por suavizar los roces con Uruguay mediante gestiones para levantar los bloqueos, éste se congeló tras la negativa del gobierno de Tabaré Vázquez para que Néstor Kirchner fuera nombrado al frente de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Ayer mismo, en el gobierno uruguayo, deslizaron que Tabaré Vázquez se retiraría de la Unasur si Kirchner asumiera la presidencia (de lo que se informa por separado). En el Gobierno hay un fuerte malestar con Montevideo por este asunto.

¿Venganza? Nadie lo reconoce así, puertas afuera del Gobierno. Pero puertas adentro, los comentarios son al menos suspicaces. "Las reconciliaciones se hacen de a dos", dijo un funcionario nacional.

¿La perpetuidad del corte de ruta responde, entonces, a un cambio de planes oficiales? ¿Se trata de un endurecimiento de la relación con el vecino país?

Cerca de la Presidenta niegan que el conflicto esté planteado en esos términos. Dicen que nunca estuvo en los planes oficiales despejar la ruta, pese a que no se comparte la metodología de la protesta pues afecta la estrategia legal del país.

"Uruguay exageró el diálogo. El Gobierno no va a cambiar su política social de la noche a la mañana en un conflicto tan sensible como éste. Si alguien interpretó lo contrario, se equivocó o forzó intencionalmente la situación", dijo un hombre que goza de la confianza de la Presidenta.

A los problemas de los cortes se sumó en los últimos días un problema nuevo que podría repercutir en el litigio con Uruguay en La Haya por la presunta violación del Tratado del Río Uruguay.

La expulsión de la Secretaría de Ambiente de la ex abogada de los asambleístas Romina Piccolotti representará un dolor de cabeza para quienes conducen la estrategia legal ante la justicia internacional porque el grueso de los informes del plan de vigilancia ambiental que debía instrumentarse desde allí con un presupuesto de 14 millones de pesos no llegó aún a los despachos de la diplomacia.

Por ende, la salida de Piccolotti podría provocar un cambio en los tiempos de las presentaciones de pruebas de impacto ambiental que la Argentina debe hacer ante La Haya para sumar más elementos a la causa.