En el Gobierno porteño aseguran que más del 95% de los nuevos baches que aparecen en la Ciudad son por culpa de las empresas, especialmente de Aysa y Metrogas. Por eso, en los últimos seis meses se reforzaron los controles y se labraron casi 1.900 infracciones. Sin embargo, las autoridades admiten que es difícil ordenar a las empresas y mucho más cobrarles: hasta ahora ninguna se hizo efectiva ninguna multa.

"Tenemos dos inspectores por CGP que recorren las obras y labran infracciones, si es necesario. Esa información se cruza con la que recibimos en nuestra oficina de aperturas y cierres y si algo no coincide se envía a la UAAFE (Unidad Administrativa de Faltas Especiales) para que se cobren las multas", explicó el subsecretario de Espacio Público, Eduardo Villar, al diario Clarín.

Además de pedir permiso para romper y de depositar una suma para el arreglo -que ahora es responsabilidad del Gobierno- las empresas deben informar la superficie afectada y el plazo de la obra, aunque la norma prevé emergencias (donde se puede romper y luego pedir el permiso). Las multas por no cumplir son altas y van desde $ 2.000 a $ 150.000.

Aunque la ley fue votada por la Legislatura el 20 de diciembre de 2007, recién entró en vigencia el 25 de junio pasado. Desde ese momento hasta ayer, se labraron 1.869 actas. Muchas de ellas por aperturas no declaradas.

Para las empresas, el tema es motivo de preocupación. Hernán Maurette, gerente de Asuntos Públicos de Metrogas, denunció que los montos de las sanciones son "exorbitantes" y que "la mayoría fueron aplicadas en un período de correcciones de la ley", en referencia a los primeros meses de aplicación. Además, dijo que el Gobierno porteño está demorando mucho tiempo en tapar los pozos. En cambio, en Aysa se quejaron por los gastos operativos que generó la nueva ley, unos $ 20 millones más por año, y por la exigencia de una garantía anual. "Nos tratan como una empresa cualquiera cuando somos una empresa nacional", puntualizó un vocero.

Los primeros meses, las infracciones se derivaban a la UAF (Unidad Administrativa de Faltas), que dependía del Ministerio de Justicia porteño. A partir de septiembre, los expedientes son tramitados por la UAAFE. En tres meses, ese organismo recibió 273 actas y aplicó sólo dos multas ($ 536.000 contra Inarteco, contratista de Metrogas, y $ 305.000 contra Aysa). No obstante, su titular, Juan Pablo Astolfo, le dijo ayer a Clarín que "hay 32 expedientes a punto de resolverse y otros 54 en trámite".

En el Gobierno admiten que es difícil modificar las costumbres de las empresas. "Intentamos lograr un cambio de conducta", dijo Astolfo, al tiempo que destacó que la idea no es recaudar. A eso se suma la lentitud del trámite administrativo y las barreras legales, porque las empresas utilizan las herramientas que están en la ley para intentar esquivar las sanciones. "Tienen cuarenta días para presentarse, puede hacer un descargo y pedir prórrogas para defenderse", explicó Astolfo. Además, cuando se aplica la multa se puede apelar ante un juez del fuero Contravencional y de Faltas. De hecho, en esa situación están las dos sanciones aplicadas desde junio.