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Marsans acusó a la Argentina de desestabilizar su operación
En una carta a la Presidenta, el grupo español dijo que se favoreció a la competencia y se alentaron huelgas. Aseguró que el Gobierno "desgastó" la empresa
21 de noviembre de 2008
En una carta enviada a la presidenta Cristina Kirchner, el grupo Marsans fustigó ayer duramente al Gobierno: lo acusó de haber desgastado a Aerolíneas y a Austral mediante retrasos tarifarios y estímulo de huelgas gremiales hasta hacer caer el valor de los activos, de haber favorecido a la competencia y de violar tratados internacionales.
Mientras tanto, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas terminaron de redactar el proyecto que habilitará la expropiación de ambas compañías, iniciativa que pretenden convertir en ley antes del 15 del mes próximo.
Marsans, que le da un plazo de una semana al país para llegar a un acuerdo "de manera amistosa" antes de recurrir al Ciadi, tribunal del Banco Mundial, es inusualmente directo. En la carta, firmada por Pedro Carmelo Hernández Gómez, apoderado del grupo, le comunica a la Presidenta la intención de demandar al país en el Ciadi por el proyecto de expropiación, lo acusa de no cumplir con el tratado de protección recíproca de inversiones entre la Argentina y España y le recuerda que las inversiones del grupo están amparadas en el derecho internacional.
"Al poco tiempo de haber adquirido nuestras participaciones en las sociedades, y a través de varias acciones y omisiones, la República comenzó a desestabilizar y perjudicar las operaciones de las sociedades y, consiguientemente, disminuir el valor de las inversiones, en violación del tratado [entre España y la Argentina] y el derecho internacional."
Sobre las tarifas, los españoles afirman que "no cumplían con el requisito de ser tarifas económicas retributivas, conforme lo exigía la ley N° 19.030 y su decreto reglamentario". Agregan que las medidas de incentivo al sector anunciadas no "fueron implementadas en forma oportuna" y que hubo, además, "beneficios indebidos a la competencia", según el diario La Nación.
Especifica, por ejemplo, que "comenzó a subvencionarse a Southern Winds" y que eso ocurrió mientras el Estado era accionista de Aerolíneas, "con lo cual incluso incumplió con sus obligaciones como socio en esta sociedad".
Otra de las quejas es la "tolerancia o estímulo a medidas sindicales destinadas a imposibilitar la operación de ARSA". Recuerda además que el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli era sindicalista en uso de licencia durante su gestión y "mantenía una manifiesta animosidad hacia Aerolíneas y Austral".
Sobre el final, denuncia falta de cooperación entre ambas partes: "Es evidente que la República ha frustrado tales conversaciones y negociaciones".
Pedirían la intervención
Ayer, el kirchnerismo seguía trabajando en el proyecto de ley para expropiar.
Una vez aprobada la norma, y mientras se sustancie el juicio de expropiación, el Gobierno no descarta pedir la intervención de las dos aerolíneas.
El proyecto de ley comenzó a diseñarse ayer mismo entre el jefe de diputados oficialistas, Agustín Rossi (Santa Fe); el presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, Mariano West (Buenos Aires), y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. Será una iniciativa escueta: declarará a Aerolíneas Argentinas y Austral de utilidad pública y, por lo tanto, sujetos a la ley de expropiación vigente.
El oficialismo pretende darle dictamen favorable el jueves próximo en comisión y llevarlo al recinto de Diputados la semana siguiente. El Senado abordaría inmediatamente su tratamiento, con lo cual antes del 15 de diciembre quedaría convertido en ley.
Rossi defendió ayer la iniciativa: "El gobierno argentino tiene elementos como para reclamar [un resarcimiento] al grupo Marsans", desafió.
Mientras tanto, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas terminaron de redactar el proyecto que habilitará la expropiación de ambas compañías, iniciativa que pretenden convertir en ley antes del 15 del mes próximo.
Marsans, que le da un plazo de una semana al país para llegar a un acuerdo "de manera amistosa" antes de recurrir al Ciadi, tribunal del Banco Mundial, es inusualmente directo. En la carta, firmada por Pedro Carmelo Hernández Gómez, apoderado del grupo, le comunica a la Presidenta la intención de demandar al país en el Ciadi por el proyecto de expropiación, lo acusa de no cumplir con el tratado de protección recíproca de inversiones entre la Argentina y España y le recuerda que las inversiones del grupo están amparadas en el derecho internacional.
"Al poco tiempo de haber adquirido nuestras participaciones en las sociedades, y a través de varias acciones y omisiones, la República comenzó a desestabilizar y perjudicar las operaciones de las sociedades y, consiguientemente, disminuir el valor de las inversiones, en violación del tratado [entre España y la Argentina] y el derecho internacional."
Sobre las tarifas, los españoles afirman que "no cumplían con el requisito de ser tarifas económicas retributivas, conforme lo exigía la ley N° 19.030 y su decreto reglamentario". Agregan que las medidas de incentivo al sector anunciadas no "fueron implementadas en forma oportuna" y que hubo, además, "beneficios indebidos a la competencia", según el diario La Nación.
Especifica, por ejemplo, que "comenzó a subvencionarse a Southern Winds" y que eso ocurrió mientras el Estado era accionista de Aerolíneas, "con lo cual incluso incumplió con sus obligaciones como socio en esta sociedad".
Otra de las quejas es la "tolerancia o estímulo a medidas sindicales destinadas a imposibilitar la operación de ARSA". Recuerda además que el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli era sindicalista en uso de licencia durante su gestión y "mantenía una manifiesta animosidad hacia Aerolíneas y Austral".
Sobre el final, denuncia falta de cooperación entre ambas partes: "Es evidente que la República ha frustrado tales conversaciones y negociaciones".
Pedirían la intervención
Ayer, el kirchnerismo seguía trabajando en el proyecto de ley para expropiar.
Una vez aprobada la norma, y mientras se sustancie el juicio de expropiación, el Gobierno no descarta pedir la intervención de las dos aerolíneas.
El proyecto de ley comenzó a diseñarse ayer mismo entre el jefe de diputados oficialistas, Agustín Rossi (Santa Fe); el presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, Mariano West (Buenos Aires), y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. Será una iniciativa escueta: declarará a Aerolíneas Argentinas y Austral de utilidad pública y, por lo tanto, sujetos a la ley de expropiación vigente.
El oficialismo pretende darle dictamen favorable el jueves próximo en comisión y llevarlo al recinto de Diputados la semana siguiente. El Senado abordaría inmediatamente su tratamiento, con lo cual antes del 15 de diciembre quedaría convertido en ley.
Rossi defendió ayer la iniciativa: "El gobierno argentino tiene elementos como para reclamar [un resarcimiento] al grupo Marsans", desafió.