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Scioli tiene 10 días para sacar a los chicos de la calle
Un juez obligó al Gobierno bonaerense a poner en marcha un lugar adecuado para atender a niños y a adolescentes. "La situación es de extrema gravedad", aseguró
11 de noviembre de 2008
La acción de amparo fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Federico Arias, el mismo que días atrás prohibió la detención de menores en la vía pública con el fin de averiguación de antecedentes.
El juez instó a disponer de un lugar "con suficiente infraestructura y personal idóneo" para los niños y niñas que actualmente viven en las calles de esa ciudad, quienes -según los denunciantes- padecen de problemas de adicción, tienen conflictos con la ley penal, problemas de alimentación, muchos de ellos son víctimas de abuso infantil y no concurren a la escuela.
Concretamente, denunciaron la situación de un grupo de niños y niñas que vive en la Plaza San Martín, de La Plata, en dichas condiciones.
Ante ello, el magistrado dispuso que las autoridades "deberán instrumentar las acciones conducentes para, individualizar, prevenir, detectar y denunciar la distribución, comercialización y/o facilitación del consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros productos químicos nocivos para los menores de edad en cada uno de los barrios de la ciudad de La Plata".
La acción de amparo había sido presentada por, entre otros, la titular de la Cátedra de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Marina Cappello, y la presidente de la Asociación Civil Miguel Bru, Rosa Schoenfeld Bru.
El juez instó al Ministerio provincial a que garantice el funcionamiento de un lugar "para cubrir las necesidades básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y contención, de los niños, niñas y adolescentes que requieran esta asistencia, sea en forma espontánea o a requerimiento de quienes puedan peticionar por ellos" y que el mismo esté abierto las 24 horas.
La situación "de extrema gravedad" fue lo que lo motivó al juez para dictar la medida cautelar, pues la "solución no puede quedar supeditada a la existencia de mayor debate y prueba, toda vez que toda dilación, implicaría desatender los más básicos deberes, no sólo de la función jurisdiccional, sino de la condición humana que ostentan los involucrados en el presente proceso", según dijo.
Entre sus medidas, ordenó la existencia de un servicio hospitalario para los menores "que garantice la atención" de los niños "durante las 24 horas del día, con profesionales psicólogos y médicos especialistas en clínica, pediatría, toxicología y psiquiatras, especializados en salud mental infanto-juvenil".
Incluso, instó a ampliar el horario a toda hora del servicio de atención telefónica para recibir denuncias, y la formación de un expediente administrativo por cada niño tratado en el servicio local.
El juez instó a disponer de un lugar "con suficiente infraestructura y personal idóneo" para los niños y niñas que actualmente viven en las calles de esa ciudad, quienes -según los denunciantes- padecen de problemas de adicción, tienen conflictos con la ley penal, problemas de alimentación, muchos de ellos son víctimas de abuso infantil y no concurren a la escuela.
Concretamente, denunciaron la situación de un grupo de niños y niñas que vive en la Plaza San Martín, de La Plata, en dichas condiciones.
Ante ello, el magistrado dispuso que las autoridades "deberán instrumentar las acciones conducentes para, individualizar, prevenir, detectar y denunciar la distribución, comercialización y/o facilitación del consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros productos químicos nocivos para los menores de edad en cada uno de los barrios de la ciudad de La Plata".
La acción de amparo había sido presentada por, entre otros, la titular de la Cátedra de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Marina Cappello, y la presidente de la Asociación Civil Miguel Bru, Rosa Schoenfeld Bru.
El juez instó al Ministerio provincial a que garantice el funcionamiento de un lugar "para cubrir las necesidades básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y contención, de los niños, niñas y adolescentes que requieran esta asistencia, sea en forma espontánea o a requerimiento de quienes puedan peticionar por ellos" y que el mismo esté abierto las 24 horas.
La situación "de extrema gravedad" fue lo que lo motivó al juez para dictar la medida cautelar, pues la "solución no puede quedar supeditada a la existencia de mayor debate y prueba, toda vez que toda dilación, implicaría desatender los más básicos deberes, no sólo de la función jurisdiccional, sino de la condición humana que ostentan los involucrados en el presente proceso", según dijo.
Entre sus medidas, ordenó la existencia de un servicio hospitalario para los menores "que garantice la atención" de los niños "durante las 24 horas del día, con profesionales psicólogos y médicos especialistas en clínica, pediatría, toxicología y psiquiatras, especializados en salud mental infanto-juvenil".
Incluso, instó a ampliar el horario a toda hora del servicio de atención telefónica para recibir denuncias, y la formación de un expediente administrativo por cada niño tratado en el servicio local.