En los últimos meses se incrementaron los juicios contra el Estado por mala actualización de haberes jubilatorios: desde septiembre crecen a razón de 200 nuevas presentaciones por día. Este ritmo duplica los registros de hace apenas seis meses.

Según informó el diario Clarín, esto motivó que los jueces de los diez juzgados de primera instancia de la Seguridad Social manifestaran su "especial preocupación" porque -dicen- no cuentan con recursos humanos suficientes para atender todas las causas que se abren a diario en Tribunales.

Esta situación se da en medio del debate por el proyecto oficial para eliminar el régimen de jubilación privada y pasar a todos los afiliados al sistema público, con el argumento de que esto garantizará mejores haberes para todos los jubilados.

Además, hace apenas dos meses se aprobó una ley de movilidad jubilatoria que entrará en vigencia a partir de 2009, pero que no resuelve los reclamos de casi un millón de jubilados que recibieron aumentos inferiores a los que determinó la Corte de Justicia en el denominado "fallo Badaro".

El incremento de las demandas por falta de movilidad quedó admitido en un escrito que los jueces de primera instancia elevaron al presidente de la Cámara Federal, Bernabé Chirinos. Allí, los magistrados que reciben en primera instancia las demandas de los jubilados plantearon que "nuestra especial preocupación por el número de causas en trámite y que se están iniciando en este fuero en reclamo de reajustes por movilidad", según el texto al que accedió Clarín.

El secretario de la Cámara Federal estimó las demandas en 200 por día, "lo que a su vez produce un aumento de consultas reiteradas por parte de profesionales y litigantes que requieren por el estado de sus presentaciones".

Según el texto, en septiembre se iniciaron unos 500 expedientes en cada juzgado, lo que hace un total aproximado de 5.000 causas (a razón de 200 por día hábil). A eso se agregan unos 7.400 escritos presentados por juzgado más 1.850 oficios y cédulas, también por juzgado.

Ante esto, los jueces sostienen que cuentan con "insuficiencia de recursos, especialmente humanos, para la atención de las causas". Y recuerdan que la Corte Suprema en el caso Iztcovich señaló "la condición de ancianos de nuestros justiciables y la premura que ello implica en orden al reconocimiento de sus derechos y la incidencia del factor tiempo, teniendo en cuenta la índole de los reclamos de naturaleza alimentaria".

Las demandas de los jubilados se incrementaron luego del fallo Badaro de la Corte Suprema que ordenó ajustar los haberes por el período enero 2002 a diciembre de 2006 en un 88,6 por ciento de acuerdo con la evolución del nivel general de los salarios del INDEC.

Aunque el Gobierno otorgó varios aumentos generales, un sector de jubilados -más de un millón- recibió en esos 5 años incrementos inferiores al 88,6%. Así, en base a la doctrina de la Corte, un gran sector pasó a reclamar en la Justicia el pago retroactivo de la diferencia y el reajuste de los haberes que están cobrando.

En julio pasado, a través de la Resolución 955 de la Secretaría de Seguridad Social, el Gobierno resolvió que la ANSeS no apele los fallos de la Justicia que apliquen la movilidad dispuesta por la Corte Suprema en el caso Badaro. Y que tampoco apele las sentencias que apliquen el 82 u 85% móvil en los regímenes especiales de docentes, investigadores científicos y diplomáticos.

El Gobierno fundamentó esta Resolución en la necesidad de agilizar las causas judiciales en un tema donde hay doctrina de la Corte de manera de descongestionar los expedientes de los Tribunales. Eso evita que los casos lleguen a las instancias superiores --acortando en varios años los reclamos--, pero no evita que el jubilado tenga que iniciar un juicio y esperar la sentencia de primera instancia para cobrar lo reclamado.

El juez de la Cámara de la Seguridad Social Luis Herrero --en declaraciones exclusivas a Clarín-- sostuvo que en medio del debate actual sobre si estatizar o no todo el sistema previsional "muy pocos, por no decir nadie, se preocupan del penoso nivel adquisitivo de los haberes actuales de los jubilados que la Corte Suprema ordenó recomponer en el caso Badaro y que se desoyó hasta ahora, dando origen a miles de causas que están colapsando al fuero de la Seguridad Social".