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Allanan sedes de AFJP por supuestas irregularidades
La medida apunta a determinar si esas entidades cometieron alguna acción fraudulenta con los fondos de los aportantes previo al anuncio de estatización
22 de octubre de 2008
La Justicia argentina allanó hoy las sedes de las diez administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFJP), en el marco de una denuncia por posibles maniobras fraudulentas.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadío luego de una solicitud realizada por el fiscal Miguel Angel Osorio.

La medida apunta a determinar si esas entidades cometieron alguna acción fraudulenta con los fondos de los aportantes previo al anuncio del Gobierno sobre la eliminación del sistema jubilatorio privado.

El martes, cuando ya se conocía que el gobierno anunciaría la estatización del sistema de capitalización, las AFJP habrían vendido cientos de millones de pesos en títulos de la deuda.

En el marco de esa denuncia, las oficinas de las diez AFJP fueron allanadas y comenzó el secuestr de voluminosa documentación.

La medida apunta a determinar si esas entidades cometieron alguna acción fraudulenta con los fondos de los aportantes previo al anuncio del Gobierno sobre la eliminación del sistema jubilatorio privado.

El martes, el juez Bonadío había dispuesto que las AFJP no realizaran operaciones durante una semana, para no modificar su cartera de clientes, tras una presentación de otro fiscal federal, Guillermo Marijuan.

Durante los operativos, se secuestró "documentación, nóminas de asociados y soportes magnéticos", dijo una fuente de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, a cargo de los allanamientos.

"Es enorme la cantidad de material que debe retirarse, por lo que se evalúa que, en lugar de llevarlas al juzgado, pueda ser depositado en la Superintendencia de Investigaciones" de la Policía Federal, se indicó.

La presidenta Cristina Kirchner giró al Congreso un proyecto de ley para estatizar el sistema de jubilaciones privadas, amenazado de quiebra, en una reforma que le puede permitir al Estado captar fondos por 30.000 millones de dólares.

Un 53 por ciento de los trabajadores activos pertenecen a alguna de las AFJP, que serán eliminadas si prospera la iniciativa de estatización en el Parlamento.