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Fin para AFJP y del crédito para las grandes empresas
Por ley, las administradoras deben invertir en proyectos de la economía real. YPF, Siderar, Impsa, y Minetti, entre otras firmas, buscaban parte de esos fondos
22 de octubre de 2008
Mientras la noticia del fin de las AFJP se regordea en palmadas entre los funcionarios kirchneristas, un cúmulo de empresas ven cómo se les escapaba entre sus manos la última opción genuina de financiamiento para grandes proyectos.
Sucede que las administradoras de pensiones están obligadas a colocar al menos un 5% de su cartera (y un máximo de un 20%) en iniciativas de la economía real, como la construcción de usinas eléctricas, caminos o gasoductos. La norma es conocida como el inciso q, según explica el diario El Cronista.
De acuerdo con los números de la Superintendencia de AFJP, la cartera de las administradoras hasta el 30 de septiembre era de $ 94.442 millones. Pero sólo habían desembolsado cerca de
$ 471 millones en ese ítem, de los cuáles Loma La Lata, una de las compañías que pertenece a Pampa Energía, se alzó con casi la totalidad –$ 452 millones– para ampliar su producción de electricidad.
De manera que las AFJP estaban obligadas a desembolsar, como mínimo, cerca de $ 4.200 millones en proyectos de la economía real en los próximos años, una opción que se esfumará si el proyecto oficial cuenta con el visto bueno del Congreso.
“Manotearon al principal inversor en el mercado. ¿Quién va a invertir en obras de infraestructura o fideicomisos de consumo, dos motores de la economía?”, se preguntaban ayer en una Sociedad de Bolsa.
Hasta el momento, las administradoras justificaban su bajo nivel de inversiones en iniciativas concretas por la falta de proyectos que dieran garantías a los ahorros de los aportantes.
Varias empresas tomaron nota de esa situación y entraron en la lista para emitir Obligaciones Negociables (ON), una herramienta que permite la obtención de recursos de las administradoras. Ávidas de financiamiento en el marco de la crisis internacional, que complica los canales habituales de acceso al crédito, un puñado de compañías creó programas globales –es el primer paso para emitir los bonos– para obtener más de $ 8.200 millones.
En ese lote se encuentran algunas empresas de primera línea que ahora deberán buscar un plan B. La petrolera YPF, por caso, había avanzado en sondeos con las administradoras para colocar bonos por u$s 150 millones. El dinero se iba a utilizar para producir crudo, mejorar su refinería de Luján de Cuyo, en Mendoza, y optimizar proceso industriales en su planta de Santa Fe.
Una intención similar tiene Siderar, la productora de chapa del grupo Techint. La compañía acaba de crear un programa de ON por u$s 500 millones para financiar su plan de inversiones.
Con la misma intención, Impsa (la metalúrgica de Enrique Pescarmona), la cementera Minetti y Emgasud, la compañía de energía de Alejandro Ivanissevich, habían dado los primeros pasos para emitir bonos por
$ 1.620 millones, $ 400 millones y $ 648 millones en cada caso.
Otras firmas analizaban seguir el mismo camino si la crisis internacional menguaba y bajaba el riesgo para ese tipo de colocaciones. Entre ellas, la alimenticia Arcor.
“Esta decisión paraliza muchos proyectos, porque se eliminó la última fuente real de financiamiento interno”, lamentaba ayer un empresario.
Sucede que las administradoras de pensiones están obligadas a colocar al menos un 5% de su cartera (y un máximo de un 20%) en iniciativas de la economía real, como la construcción de usinas eléctricas, caminos o gasoductos. La norma es conocida como el inciso q, según explica el diario El Cronista.
De acuerdo con los números de la Superintendencia de AFJP, la cartera de las administradoras hasta el 30 de septiembre era de $ 94.442 millones. Pero sólo habían desembolsado cerca de
$ 471 millones en ese ítem, de los cuáles Loma La Lata, una de las compañías que pertenece a Pampa Energía, se alzó con casi la totalidad –$ 452 millones– para ampliar su producción de electricidad.
De manera que las AFJP estaban obligadas a desembolsar, como mínimo, cerca de $ 4.200 millones en proyectos de la economía real en los próximos años, una opción que se esfumará si el proyecto oficial cuenta con el visto bueno del Congreso.
“Manotearon al principal inversor en el mercado. ¿Quién va a invertir en obras de infraestructura o fideicomisos de consumo, dos motores de la economía?”, se preguntaban ayer en una Sociedad de Bolsa.
Hasta el momento, las administradoras justificaban su bajo nivel de inversiones en iniciativas concretas por la falta de proyectos que dieran garantías a los ahorros de los aportantes.
Varias empresas tomaron nota de esa situación y entraron en la lista para emitir Obligaciones Negociables (ON), una herramienta que permite la obtención de recursos de las administradoras. Ávidas de financiamiento en el marco de la crisis internacional, que complica los canales habituales de acceso al crédito, un puñado de compañías creó programas globales –es el primer paso para emitir los bonos– para obtener más de $ 8.200 millones.
En ese lote se encuentran algunas empresas de primera línea que ahora deberán buscar un plan B. La petrolera YPF, por caso, había avanzado en sondeos con las administradoras para colocar bonos por u$s 150 millones. El dinero se iba a utilizar para producir crudo, mejorar su refinería de Luján de Cuyo, en Mendoza, y optimizar proceso industriales en su planta de Santa Fe.
Una intención similar tiene Siderar, la productora de chapa del grupo Techint. La compañía acaba de crear un programa de ON por u$s 500 millones para financiar su plan de inversiones.
Con la misma intención, Impsa (la metalúrgica de Enrique Pescarmona), la cementera Minetti y Emgasud, la compañía de energía de Alejandro Ivanissevich, habían dado los primeros pasos para emitir bonos por
$ 1.620 millones, $ 400 millones y $ 648 millones en cada caso.
Otras firmas analizaban seguir el mismo camino si la crisis internacional menguaba y bajaba el riesgo para ese tipo de colocaciones. Entre ellas, la alimenticia Arcor.
“Esta decisión paraliza muchos proyectos, porque se eliminó la última fuente real de financiamiento interno”, lamentaba ayer un empresario.