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Ordenan trasladar a Jorge Videla a una cárcel común
Lo ordenó el juez federal Norberto Oyarbide. De esta manera, el ´privilegio´ de la prisión domiciliaria del que goza el genocida queda anulado. ¿Se hará verdadera justicia?
10 de octubre de 2008
El juez Norberto Oyarbide dio como argumento que "las afecciones físicas" que alega padecer Videla, "pueden ser satisfechas en esa unidad", manifestó en su resolución, en referencia a la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Según pudo saber Infobae.com, la medida de Oyarbide se hace extensiva a los otros juzgados donde hay causas de Videla, como la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, en manos del juez Daniel Rafecas.
Oyarbide consideró que esa cárcel "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.
El ex represor y jefe de la Junta Militar de la última dictadura militar cumplió hasta ahora arresto domiciliario. Habían solicitado al juez su traslado a una prisión común varias organizaciones de DDHH, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo.
Videla fue sentenciado a reclusión perpetua en 1985, en el juicio a los comandantes de la última dictadura; luego, indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, procesado en 1998 por el robo de bebés y beneficiado por la prisión domiciliaria.
Varios subalternos de Videla ya fueron alojados en cárceles comunes. El último 13 de diciembre la defensa del dictador había recibido el último revés, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó su intento de que prescribiera la causa por ese delito.
Oyarbide resolvió sobre Videla respecto de dos causas: por un lado, la del robo sistemático de bebés en el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Videla, que lideró desde el Estado la represión entre 1976 y 1979, está procesado con prisión preventiva por los delitos de "sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años" en cinco oportunidades. Se agregan las imputaciones de "falsificación ideológica de documento público", incluido el destinado "a acreditar la identidad de las personas", y la "supresión del estado civil de un menor de diez años".
Por otro lado, la causa Gutheim, el secuestro de dos empresarios, padre e hijo, en 1976. Federico y Miguel Gutheim fueron capturados durante cinco meses, y eran dueños de una compañía productora de algodón.
Según pudo saber Infobae.com, la medida de Oyarbide se hace extensiva a los otros juzgados donde hay causas de Videla, como la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, en manos del juez Daniel Rafecas.
Oyarbide consideró que esa cárcel "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.
El ex represor y jefe de la Junta Militar de la última dictadura militar cumplió hasta ahora arresto domiciliario. Habían solicitado al juez su traslado a una prisión común varias organizaciones de DDHH, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo.
Videla fue sentenciado a reclusión perpetua en 1985, en el juicio a los comandantes de la última dictadura; luego, indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, procesado en 1998 por el robo de bebés y beneficiado por la prisión domiciliaria.
Varios subalternos de Videla ya fueron alojados en cárceles comunes. El último 13 de diciembre la defensa del dictador había recibido el último revés, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó su intento de que prescribiera la causa por ese delito.
Oyarbide resolvió sobre Videla respecto de dos causas: por un lado, la del robo sistemático de bebés en el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Videla, que lideró desde el Estado la represión entre 1976 y 1979, está procesado con prisión preventiva por los delitos de "sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años" en cinco oportunidades. Se agregan las imputaciones de "falsificación ideológica de documento público", incluido el destinado "a acreditar la identidad de las personas", y la "supresión del estado civil de un menor de diez años".
Por otro lado, la causa Gutheim, el secuestro de dos empresarios, padre e hijo, en 1976. Federico y Miguel Gutheim fueron capturados durante cinco meses, y eran dueños de una compañía productora de algodón.