Durante el año próximo, el Gobierno tiene previsto cancelar en efectivo 40.000 sentencias firmes que favorecen a jubilados que iniciaron juicio contra el Estado por mala liquidación de haberes.

Según pudo saber el diario Clarín, suman un total de 2.343,6 millones de pesos y no hay reservadas partidas en bonos en el presupuesto para 2009 que maneja la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), el organismo encargado de administrar y pagar las jubilaciones del sistema público.

La decisión de pagar en efectivo fue adelantada a Clarín por el titular de la ANSeS, Amado Boudou. Precisó que la medida implica un incremento de casi 57% respecto de las 25.500 sentencias que se prevén cancelar en 2008. Pero la partida para sentencias suma 2.126,9 millones. De ese total, hay bonos por 903 millones de pesos y el resto --1.223,9 millones de pesos-- en efectivo.

De los números brindados por el funcionario a este diario, y que figuran en el proyecto de Presupuesto 2009, surge que, en promedio, las sentencias rondarán los 56.000 pesos. En la cifra final influye la retroactividad por el tiempo transcurrido y también el impacto de los intereses acumulados. Además, a estos jubilados, la ANSeS deberá reajustarles los haberes que están cobrando en la actualidad de acuerdo con los nuevos valores que queden estipulados en las sentencias correspondientes.

De las estadísticas oficiales surge que --de cumplirse lo proyectado-- entre 2003 y 2009 se habrán cancelado en total unas 170.000 sentencias.

Según destacó Boudou, "hasta el año 2005 sólo cobraban las sentencias totalmente en efectivo los mayores de 80 años. En los años siguientes se fue bajando ese límite de edad. De esa manera, en 2006 pasaron a cobrar en efectivo los mayores de 78. En 2007 se volvió a bajar el tope hasta los mayores de 75. Y ya este año se fijó como límite a los mayores de 70. Desde 2009, se eliminan los bonos y todo se abonará en efectivo".

Además, el funcionario pronosticó una progresiva desaparición de la litigiosidad: "La decisión de la ANSeS de no apelar las sentencias similares a la que emitió la Corte de Justicia por el caso Badaro va a terminar definitivamente con el problema de las demandas judiciales. En la misma línea van las de los docentes, investigadores y diplomáticos. Además, a esto hay que sumar la pronta sanción de la Ley de Movilidad, que se aprobó en el Congreso. Y la menor litigiosidad permitirá reducir los tiempos para el pago de las sentencias e ir agotando totalmente el stock de juicios que se generó".

Mientras tanto, se estima que hay varios miles de reclamos por reajustes hechos por jubilados y pensionados que están en distintas etapas administrativas y judiciales, todavía sin haber recibido una sentencia. Se trata de reclamos por la mala liquidación de los haberes previsionales o falta de reajustes de los años 90, más los nuevos reclamos que abarcan el período posterior a la devaluación de enero de 2002.

En medios judiciales se estima que mensualmente se inician unos 2.000 reclamos que corresponden a los jubilados que recibieron ajustes inferiores al porcentaje fijado por la Corte Suprema en el caso Badaro, a fines de 2007, que ordenó un ajuste de 88,6% los haberes del demandante por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006.

Con relación a la sanción de la Ley de Movilidad, Boudou aseguró que también servirá para poner fin a los reclamos judiciales. Pero algunos abogados expertos en temas previsionales sostienen que los juicios van a continuar porque la fórmula de movilidad no asegura que los haberes jubilatorios guarden la debida proporcionalidad con la evolución de los sueldos de los trabajadores activos.