El bloque de senadores kirchneristas sancionó la ley que consagra la movilidad automática de las jubilaciones sobre la base de un sistema de dos fórmulas, de las que se aplicará siempre la que arroje el índice menor. La primera actualización será en marzo.

Para la oposición, este mecanismo es confiscatorio, ya que provocará, a largo plazo, un paulatino alejamiento entre los haberes previsionales y los salarios de los trabajadores en actividad, razón por la cual anunciaron que impugnarán la ley ante la Justicia por inconstitucional.

El oficialismo consiguió imponer una amplia mayoría en la votación en general (45 a favor y 22 en contra). Esa diferencia se redujo ante el controvertido artículo seis, que remite al anexo que contiene las fórmulas de actualización, en donde sólo 39 senadores, sobre 67 presentes, apoyaron la propuesta del Poder Ejecutivo.

La misma proporción tuvo la votación del artículo 15, que establece que el primer ajuste se hará en marzo. En este caso, el rechazo obedeció al reclamo de las bancadas opositoras y de varios oficialistas que pretendían una actualización de las jubilaciones antes de fines de año. Ahora, esa posibilidad quedará supeditada a la voluntad de la presidenta Cristina Kirchner.

Así, sólo el oficialismo respaldó la nueva ley de movilidad de las jubilaciones, a contramano de la opinión de todo el arco opositor, de jueces, abogados especialistas, gremios estatales, los defensores del pueblo de la Nación, de la ciudad de Buenos Aires y de la tercera edad, y hasta de los propios jubilados.

Las críticas de la oposición coincidieron en calificar de "confiscatoria" la fórmula de actualización e hicieron especial hincapié en el hecho de que en sus dos visitas a las comisiones del Senado el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, se negó a dar una cifra concreta de cómo impactará los haberes del sector pasivo el sistema de actualización.

"Estamos votando una ley a ciegas, porque nadie puede dilucidar cuál es el porcentaje que da" la fórmula, se quejó el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe).

En respuesta a esos cuestionamientos, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, se permitió ayer desafiar a la oposición en su informe ante la Cámara baja: "Si la fórmula de movilidad jubilatoria da menos del 18%, que este Congreso haga uso de su facultad para remover al jefe de Gabinete", afirmó. Fuerte apuesta la del funcionario, ya que Boudou dijo en un reportaje a un medio oficialista el fin de semana último que la actualización de marzo arrojaría una cifra del 11,8%.

Antes de que la ley fuera sancionada, y mientras se discutía el proyecto del Gobierno, se registraron algunos incidentes en la puerta del Senado entre efectivos de la Policía Federal y jubilados y militantes sindicales que pretendieron ingresar en el palacio legislativo para manifestar su rechazo a la iniciativa.

En medio de un clima de expectativa y cierta tensión implícita por el malestar que existe en Casa de Gobierno con sus senadores, el oficialismo realizó una fuerte defensa política del proyecto.

Fue así como se escucharon loas a las medida en materia previsional aplicada por las administraciones kirchneristas desde 2003 (aumentos del mínimo, inclusión de más de un millón de nuevos jubilados) y permanentes alusiones al recorte del 13% a los haberes de los jubilados dispuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.

Sin embargo, resultó llamativa la confesión que realizó el senador peronista correntino Fabián Ríos: "No quiero mentirle a mi mamá; no sé si vamos a llegar al 82% móvil", expresó.

El radical Gerardo Morales (Jujuy) le respondió al destacar que el sistema sancionado ayer no sólo afectará a los actuales jubilados, sino que también perjudicará a quienes deban jubilarse en el futuro, ya que la fórmula se usará también para calcular sus haberes iniciales.

"Qué tiene que ver la actualización de mis últimos diez años trabajados con el aumento de la recaudación", se quejó el legislador, antes de afirmar que "se está resolviendo de la peor manera un tema que va a ir a parar a la Justicia".

Una de las sorpresas de la votación fue el rechazo total del salteño Juan Carlos Romero (PJ) al proyecto. Los santafecinos Roxana Latorre y Carlos Reutemann votaron en contra del artículo de la fórmula, en tanto que la chaqueña Elena Corregido aprobó el texto en general, pero rechazó todo su articulado.