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A U$S 1.000 la hora, el mismo bufete de abogados defiende a la Argentina y a los acreedores
Se trata de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, uno de los más reputados en Wall Street y pieza clave en el engranaje del proceso de deuda de América Latina. Los detalles
28 de septiembre de 2008
El estudio jurídico que defiende al país en los juicios de los bonistas extranjeros representa al mismo tiempo a la gran banca acreedora.
"Atiende a ambos lados del mostrador", señala Crítica de la Argentina.
La nota, de Alejandro Bercovich, revela, además, que ese estudio acaba de cerrar un contrato millonario con la inglesa Barclays, principal impulsora de la reapertura del canje de la deuda que anunció Cristina Kirchner en Nueva York.
También trabajó hace poco para el Deutsche Bank, otra de las tres entidades que ofrecieron al Gobierno un arreglo para que pague los 20 mil millones de dólares de deuda que sigue en default.
El estudio es Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, uno de los más reputados en Wall Street y pieza clave en el engranaje del endeudamiento latinoamericano.
Su relación con la Argentina empezó con el menemismo, en 1990, pero Néstor Kirchner lo recontrató en 2004, luego de que Eduardo Duhalde hiciera lo propio en 2002.
No cobra barato: sus abogados estrella llegan a facturar mil dólares por hora en honorarios. Según tres ex secretarios de Finanzas a los que consultó este diario, las boletas mensuales fluctúan según el trabajo que se les encarga. Algunas superaron el millón de dólares.
El bufete fue fundado en 1946, pero su gran salto lo dio en la primera mitad de los 90, de la mano del Plan Brady. Mediante esa refinanciación ideada en Nueva York, los grandes bancos europeos y estadounidenses convirtieron la deuda regional en bonos que luego vendieron a particulares y fondos de inversión.
Así se desprendieron del riesgo y evitaron pérdidas millonarias que luego sufrieron los acreedores más chicos. Todos los países contrataron a Cleary para la operación.
Desde que Menem se acogió al Brady, los abogados que atienden a la Argentina son Roger Thomas y Carmen Corrales. El mediático Jonathan Blackman es quien lleva la posición del Estado a la hora de enfrentar al jurado. Cuando se cerró el canje, en 2005, su trabajo se multiplicó. Los acreedores que rechazaron la quita empezaron a exigir el embargo de bienes argentinos en el exterior.
Pero pese a la verba encendida de Blackman y los argumentos filosos de Thomas y Corrales ante el juez Thomas Griesa, los embargos se multiplicaron y los fallos fueron casi siempre adversos.
Por eso Cristina optó por arriar las banderas de Néstor y aceptó la propuesta de Barclays, el Deutsche y el Citigroup para reabrir el canje. Los tres bancos aseguran contar con “el aval” de dueños de títulos por 10 mil millones de dólares, lo que garantizaría el éxito de la operación.
Los operadores de la City aseguran que los bancos no pidieron el aval de los bonistas, sino que les compraron sus títulos en default cuando su precio estaba por el piso (en los últimos tres años) y ahora se aprestan a canjearlos al Gobierno por otros nuevos que sí se pagarán. Será como cerrar el ciclo del Brady con la operatoria inversa.
El estudio Cleary, en tanto, exhibe orgulloso en su página web su último contrato con Barclays. Se celebró a mediados de este mes para la adquisición de una parte del quebrado banco de inversión Lehman Brothers, el primer gigante que dejó caer George W. Bush por la crisis financiera que conmueve al mundo.
De los tres bancos que acercaron la propuesta a la Rosada para reabrir el canje, Barclays fue el más activo. Para que su oferta prosperara se contactó con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Este último se reunió la semana pasada con los abogados de Cleary en Nueva York, hacia donde voló con la comitiva presidencial, destaca la nota de Crítica de la Argentina.
En el Ministerio de Economía argumentan que los abogados que individualmente hablan por el país en los tribunales neoyorquinos no son los mismos que representan a los acreedores en otros negocios.
Si lo hicieran, incurrirían en el delito de prevaricato, penado por la ley local. Pero el historiador argentino Alejandro Olmos (hijo), que acaba de asesorar al ecuatoriano Rafael Correa para que impugne una parte de su deuda externa, asegura que en los archivos de Quito encontró pruebas de que Cleary ocultó varias demandas y escritos a anteriores gobiernos de ese país para beneficiar a la parte acreedora.
“Ellos se fijan siempre como domicilio de notificación para todos los procesos de la deuda. Y al menos dos veces les llegaron avisos de vencimiento para Ecuador que olvidaron elevar al gobierno y que habrían podido servir para desconocer legalmente una parte de la deuda ilegítima heredada de la dictadura”, explicó Olmos a Crítica de la Argentina.
La relación entre Cleary y la administración K se resintió en los últimos meses, cuando creció la presión judicial de los acreedores. “Así no se puede seguir. No tenemos interlocutor. Necesitamos que alguien nos diga cuál es la estrategia y qué arreglo les podemos ofrecer a los jueces que piden embargos”, explotó semanas atrás uno de los abogados ante un ex funcionario argentino.
El anuncio de Cristina les traerá algo de sosiego. Pero aunque habrá menos juicios, su negocio no se va a cortar. Para emitir los bonos que surjan del nuevo canje hará falta una “opinión legal”, suerte de aval que sólo puede entregar un bufete internacional. ¿Adivine a quién se lo van a pedir?
"Atiende a ambos lados del mostrador", señala Crítica de la Argentina.
La nota, de Alejandro Bercovich, revela, además, que ese estudio acaba de cerrar un contrato millonario con la inglesa Barclays, principal impulsora de la reapertura del canje de la deuda que anunció Cristina Kirchner en Nueva York.
También trabajó hace poco para el Deutsche Bank, otra de las tres entidades que ofrecieron al Gobierno un arreglo para que pague los 20 mil millones de dólares de deuda que sigue en default.
El estudio es Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, uno de los más reputados en Wall Street y pieza clave en el engranaje del endeudamiento latinoamericano.
Su relación con la Argentina empezó con el menemismo, en 1990, pero Néstor Kirchner lo recontrató en 2004, luego de que Eduardo Duhalde hiciera lo propio en 2002.
No cobra barato: sus abogados estrella llegan a facturar mil dólares por hora en honorarios. Según tres ex secretarios de Finanzas a los que consultó este diario, las boletas mensuales fluctúan según el trabajo que se les encarga. Algunas superaron el millón de dólares.
El bufete fue fundado en 1946, pero su gran salto lo dio en la primera mitad de los 90, de la mano del Plan Brady. Mediante esa refinanciación ideada en Nueva York, los grandes bancos europeos y estadounidenses convirtieron la deuda regional en bonos que luego vendieron a particulares y fondos de inversión.
Así se desprendieron del riesgo y evitaron pérdidas millonarias que luego sufrieron los acreedores más chicos. Todos los países contrataron a Cleary para la operación.
Desde que Menem se acogió al Brady, los abogados que atienden a la Argentina son Roger Thomas y Carmen Corrales. El mediático Jonathan Blackman es quien lleva la posición del Estado a la hora de enfrentar al jurado. Cuando se cerró el canje, en 2005, su trabajo se multiplicó. Los acreedores que rechazaron la quita empezaron a exigir el embargo de bienes argentinos en el exterior.
Pero pese a la verba encendida de Blackman y los argumentos filosos de Thomas y Corrales ante el juez Thomas Griesa, los embargos se multiplicaron y los fallos fueron casi siempre adversos.
Por eso Cristina optó por arriar las banderas de Néstor y aceptó la propuesta de Barclays, el Deutsche y el Citigroup para reabrir el canje. Los tres bancos aseguran contar con “el aval” de dueños de títulos por 10 mil millones de dólares, lo que garantizaría el éxito de la operación.
Los operadores de la City aseguran que los bancos no pidieron el aval de los bonistas, sino que les compraron sus títulos en default cuando su precio estaba por el piso (en los últimos tres años) y ahora se aprestan a canjearlos al Gobierno por otros nuevos que sí se pagarán. Será como cerrar el ciclo del Brady con la operatoria inversa.
El estudio Cleary, en tanto, exhibe orgulloso en su página web su último contrato con Barclays. Se celebró a mediados de este mes para la adquisición de una parte del quebrado banco de inversión Lehman Brothers, el primer gigante que dejó caer George W. Bush por la crisis financiera que conmueve al mundo.
De los tres bancos que acercaron la propuesta a la Rosada para reabrir el canje, Barclays fue el más activo. Para que su oferta prosperara se contactó con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Este último se reunió la semana pasada con los abogados de Cleary en Nueva York, hacia donde voló con la comitiva presidencial, destaca la nota de Crítica de la Argentina.
En el Ministerio de Economía argumentan que los abogados que individualmente hablan por el país en los tribunales neoyorquinos no son los mismos que representan a los acreedores en otros negocios.
Si lo hicieran, incurrirían en el delito de prevaricato, penado por la ley local. Pero el historiador argentino Alejandro Olmos (hijo), que acaba de asesorar al ecuatoriano Rafael Correa para que impugne una parte de su deuda externa, asegura que en los archivos de Quito encontró pruebas de que Cleary ocultó varias demandas y escritos a anteriores gobiernos de ese país para beneficiar a la parte acreedora.
“Ellos se fijan siempre como domicilio de notificación para todos los procesos de la deuda. Y al menos dos veces les llegaron avisos de vencimiento para Ecuador que olvidaron elevar al gobierno y que habrían podido servir para desconocer legalmente una parte de la deuda ilegítima heredada de la dictadura”, explicó Olmos a Crítica de la Argentina.
La relación entre Cleary y la administración K se resintió en los últimos meses, cuando creció la presión judicial de los acreedores. “Así no se puede seguir. No tenemos interlocutor. Necesitamos que alguien nos diga cuál es la estrategia y qué arreglo les podemos ofrecer a los jueces que piden embargos”, explotó semanas atrás uno de los abogados ante un ex funcionario argentino.
El anuncio de Cristina les traerá algo de sosiego. Pero aunque habrá menos juicios, su negocio no se va a cortar. Para emitir los bonos que surjan del nuevo canje hará falta una “opinión legal”, suerte de aval que sólo puede entregar un bufete internacional. ¿Adivine a quién se lo van a pedir?