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Argentina, entre los países más corruptos del mundo
Ocupa el puesto 109 de 180 naciones. El ranking es liderado por Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda. Conozca las ´manchas´ que nos dejan mal parados
23 de septiembre de 2008
Aunque mantiene el mismo puntaje que el año pasado, la Argentina descendió cuatro puestos en el ranking internacional de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
La Argentina se ubica en el puesto 109 sobre 180 naciones medidas. El ranking de la lucha contra la corrupción es liderado por Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda, con 9,3 puntos. La Argentina tiene apenas 2,9 puntos. El último puesto es ocupado por Somalia, con un solo punto (ver todo el informe en www.clarin.com).
El informe será presentado hoy a nivel mundial. Clarín tuvo acceso al capítulo argentino, trabajado a nivel local por la organización Poder Ciudadano. En él se puntualizan varias cuestiones que afectan la transparencia del Gobierno.
Así, el proyecto del tren bala, el INDEC (sus números "están totalmente desacreditados", dice), la distribución de la pauta publicitaria oficial y el "oscuro" financiamiento de la última campaña presidencial, entre otros temas, aparecen destacados en el informe argentino.
Poder Ciudadano citó como ejemplo los pedidos que hizo sin éxito para acceder al proceso administrativo del tren bala. Para no mostrar el expediente, la Secretaría de Transporte adujo que se trataba de información "reservada" y que si se la develaba se podía "poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero".
La Oficina Anticorrupción le dio la razón a la organización y obligó a la secretaría dirigida por el polémico Ricardo Jaime a dar la información requerida, lo que hasta ahora éste no lo hizo. "Esto contribuye a reforzar las sospechas que pesan sobre el proceso de licitación y adjudicación del tren bala al consorcio integrado por Alstom y sospechado de soborno transnacional", dice el informe.
Poder Ciudadano también apuntó al sistema de contrataciones del Estado, a la debilidad de los jueces subrogantes y lo que calificó de "avasallamiento de los órganos de control". Recordó el nombramiento irregular de dos legisladores oficialistas en la Auditoría General de la Nación y la falta de estabilidad de investigadores de la Oficina Anticorrupción.
La Argentina se ubica en el puesto 109 sobre 180 naciones medidas. El ranking de la lucha contra la corrupción es liderado por Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda, con 9,3 puntos. La Argentina tiene apenas 2,9 puntos. El último puesto es ocupado por Somalia, con un solo punto (ver todo el informe en www.clarin.com).
El informe será presentado hoy a nivel mundial. Clarín tuvo acceso al capítulo argentino, trabajado a nivel local por la organización Poder Ciudadano. En él se puntualizan varias cuestiones que afectan la transparencia del Gobierno.
Así, el proyecto del tren bala, el INDEC (sus números "están totalmente desacreditados", dice), la distribución de la pauta publicitaria oficial y el "oscuro" financiamiento de la última campaña presidencial, entre otros temas, aparecen destacados en el informe argentino.
Poder Ciudadano citó como ejemplo los pedidos que hizo sin éxito para acceder al proceso administrativo del tren bala. Para no mostrar el expediente, la Secretaría de Transporte adujo que se trataba de información "reservada" y que si se la develaba se podía "poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero".
La Oficina Anticorrupción le dio la razón a la organización y obligó a la secretaría dirigida por el polémico Ricardo Jaime a dar la información requerida, lo que hasta ahora éste no lo hizo. "Esto contribuye a reforzar las sospechas que pesan sobre el proceso de licitación y adjudicación del tren bala al consorcio integrado por Alstom y sospechado de soborno transnacional", dice el informe.
Poder Ciudadano también apuntó al sistema de contrataciones del Estado, a la debilidad de los jueces subrogantes y lo que calificó de "avasallamiento de los órganos de control". Recordó el nombramiento irregular de dos legisladores oficialistas en la Auditoría General de la Nación y la falta de estabilidad de investigadores de la Oficina Anticorrupción.