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"Industria del juicio" le cuesta $ 500 millones al sistema de salud
Medio centenar de entidades reclamaron al Congreso de la Nación cambios en la legislación sobre mala praxis médica porque "alienta demandas excesivas"
19 de septiembre de 2008
Medio centenar de entidades que nuclean a clínicas, sanatorios, médicos, enfermeros, prestadores, hospitales de comunidad, obras sociales y prepagas reclamaron al Congreso de la Nación poner fin a la "industria del juicio", que le cuesta unos 500 millones de pesos anuales al sistema sanitario por las demandas de mala praxis y pone en riesgo de quiebra a decenas de centros asistenciales.
Uno de cada cinco médicos -alrededor de 40 mil profesionales de la salud- sufre al menos una demanda por mala praxis en el país, por lo que aumentó 25 por ciento la cantidad de profesionales que contratan un seguro para cubrirse ante futuras acciones legales, mientras desde el sector de la salud denuncian la existencia de
una "industria del juicio" que busca aprovechar los vericuetos legales.
Cuando llegue el 2010 la cantidad de juicios acumulados por mala praxis superará los 150 mil, alertaron las entidades en el marco del XI Congreso Argentino de Salud que se desarrolla en Salta.
Ante este escenario, los referentes del sistema sanitario reclamaron reducir de diez a dos años el plazo de prescripción de las acciones derivadas del ejercicio profesional y limitar el beneficio de litigar sin gastos que tienen los pacientes y es
utilizado por estudios jurídicos para alentar demandas en forma permanente.
Las entidades reclamaron, además, el establecimiento de topes para los montos de las indemnizaciones, al tiempo que impulsan la modificación de los artículos 84 y 94 del Código Penal, para diferenciar el ejercicio profesional de otras infracciones
incluidas en la legislación.
Los referentes del sistema sanitario lamentaron que los proyectos de ley que impulsaban cambios en la legislación perdieran estado parlamentario y se comprometieron a renovar su reclamo para que avancen estas iniciativas en el Parlamento.
Entre las 50 entidades que suscribieron el "Acta de Salta" figuran la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI),), la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la República Argentina (ADECRA), la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga (ADEMP), la
Confederación Medica de la Republica Argentina (COMRA) y la Asociación Médica Argentina (AMA) Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), además de la propia Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Argentina es uno de los países donde se inician más demandas por mala praxis en Latinoamérica, lo que provocó una fuerte disparada en los costos de la salud ya que, ante la duda, los médicos prefieren aplicar una estrategia de "medicina defensiva",
es decir, prescriben más estudios que los necesarios para ‘cubrirse’ ante cualquier eventualidad.
Horacio Dillon, miembro del Colegio Argentino de Neurocirujanos, anticipó que a partir de este documento se trabajará con los poderes Ejecutivo y Judicial para "limitar la litigiosidad indebida y modificar las situaciones que hacen
imposible el ejercicio de la profesión y terminan perjudicando a los pacientes".
Las especialidades que soportan el mayor número de demandas judiciales son Obstetricia (26%), Cirugía (25%), Traumatología (14%), Pediatría (10%), Clínica médica (9%), Anestesiología (8%) e Infectología (8%).
Uno de cada cinco médicos -alrededor de 40 mil profesionales de la salud- sufre al menos una demanda por mala praxis en el país, por lo que aumentó 25 por ciento la cantidad de profesionales que contratan un seguro para cubrirse ante futuras acciones legales, mientras desde el sector de la salud denuncian la existencia de
una "industria del juicio" que busca aprovechar los vericuetos legales.
Cuando llegue el 2010 la cantidad de juicios acumulados por mala praxis superará los 150 mil, alertaron las entidades en el marco del XI Congreso Argentino de Salud que se desarrolla en Salta.
Ante este escenario, los referentes del sistema sanitario reclamaron reducir de diez a dos años el plazo de prescripción de las acciones derivadas del ejercicio profesional y limitar el beneficio de litigar sin gastos que tienen los pacientes y es
utilizado por estudios jurídicos para alentar demandas en forma permanente.
Las entidades reclamaron, además, el establecimiento de topes para los montos de las indemnizaciones, al tiempo que impulsan la modificación de los artículos 84 y 94 del Código Penal, para diferenciar el ejercicio profesional de otras infracciones
incluidas en la legislación.
Los referentes del sistema sanitario lamentaron que los proyectos de ley que impulsaban cambios en la legislación perdieran estado parlamentario y se comprometieron a renovar su reclamo para que avancen estas iniciativas en el Parlamento.
Entre las 50 entidades que suscribieron el "Acta de Salta" figuran la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI),), la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la República Argentina (ADECRA), la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga (ADEMP), la
Confederación Medica de la Republica Argentina (COMRA) y la Asociación Médica Argentina (AMA) Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), además de la propia Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Argentina es uno de los países donde se inician más demandas por mala praxis en Latinoamérica, lo que provocó una fuerte disparada en los costos de la salud ya que, ante la duda, los médicos prefieren aplicar una estrategia de "medicina defensiva",
es decir, prescriben más estudios que los necesarios para ‘cubrirse’ ante cualquier eventualidad.
Horacio Dillon, miembro del Colegio Argentino de Neurocirujanos, anticipó que a partir de este documento se trabajará con los poderes Ejecutivo y Judicial para "limitar la litigiosidad indebida y modificar las situaciones que hacen
imposible el ejercicio de la profesión y terminan perjudicando a los pacientes".
Las especialidades que soportan el mayor número de demandas judiciales son Obstetricia (26%), Cirugía (25%), Traumatología (14%), Pediatría (10%), Clínica médica (9%), Anestesiología (8%) e Infectología (8%).