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Imperdonable: juez prohíbe aborto de nena violada
La embarazó el miserable de su padrastro. Es difícil creer que todavía haya autoridades que no vean más allá de su arcaico pensamiento. Germán Ferrer se llama el 'juez'
17 de septiembre de 2008
En la Argentina se realizan cerca de 500 mil abortos clandestinos por año. Esta cifra es escalofriante. Y, personas como el juez mendocino Germán Ferrer ayudan a que las muertes de jovencitas desesperadas y abandonadas por las leyes que no las amparan ante una violación no cese.
La historia comenzó el 31 de agosto pasado cuando una niña de 12 años llegó al hospital pediátrico Humberto Notti, en la provincia de Mendoza, acompañada por su madre. –A mi hija la violaron, está embarazada y no lo quiere tener –dijo la mujer, llamada Delicia.
La niña, ahora se sabe, deberá parir. En el día de ayer el magistrado Germán Ferrer, titular del Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, se expidió en contra de la interrupción del embarazo –que ya lleva casi diez semanas– y con ese fallo dio lugar al eslabón polémico y final de una trama difícil. Detrás de esta niña y su preñez temprana hay maltrato físico, abuso sexual, pobreza, algo llamado “bioética”, un Código Penal con más interpretaciones que la Biblia y una infancia rota. “No quería que mi hija fuera madre a los 12 años”, dijo Delicia con palabras contadas, en entrevista exclusiva con el diario Crítica de la Argentina.
Y todo lo que no dijo Delicia está en la historia de su hija, que tiene final corto pero es larga.
La niña –de quien no puede darse el nombre– fue violada en el mes de julio por –luego se sabría- su padrastro. En ese momento guardó silencio, hasta que sesenta días después, al no llegar la menstruación, Delicia llevó a su hija a un médico y allí se enteró de dos cosas: que la niña estaba embarazada y que ese embarazo era producto de un abuso. De inmediato, el 31 de agosto pasado, Delicia llevó a su hija al hospital Humberto Notti y los médicos, en vez de practicarle un aborto, derivaron el caso a la Justicia: una decisión que abrió, con la lógica de un “efecto cascada”, una infinidad de polémicas que se desprenden de un debate mayor. Para muchas organizaciones civiles e incluso estatales –entre ellas el INADI– el caso de la niña da lugar a la figura del “aborto no punible” y eso significa que no habría que dar parte a la Justicia, sino practicar la interrupción del embarazo sin más trámite. Pero el Estado, que terminó de hablar ayer a través del juez Ferrer, establece que este caso no amerita contemplaciones semejantes.
¿Por qué existen criterios tan distintos? El origen de la controversia está en el artículo 86 del Código Penal, cuyos incisos 1º y 2º establecen que el llamado “aborto no punible” vale “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” (inciso 1º) o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (inciso 2º). La zona gris se da con este segundo inciso, ya que no hay un acuerdo generalizado en torno a sus alcances. Al momento de ser redactado, este artículo se copió de un código suizo, pero en la transcripción se habría omitido poner una coma después de la palabra “violación”: un aparente “detalle” sintáctico que, sin embargo, tiene consecuencias de significado contundentes. El aborto no punible “sin coma” no incluye en sus alcances a una niña de 12 años sin problemas mentales. Con coma, sí. Para decirlo con simpleza, los médicos del hospital Notti hicieron una lectura “sin coma” y derivaron la causa al juez Germán Ferrer. El magistrado, a su vez, abrió una segunda polémica, cuando estableció que, mientras él analizara el caso de la niña, la menor debía quedar encerrada en el hospital y apartada de su madre, a quien Ferrer consideraba perjudicial por influenciar a su hija a favor de practicarse un aborto. “Dejaron a la niña privada de su libertad y sin poder ver a su mamá durante tres semanas; la situación fue tan insostenible que el juez tuvo que levantar la orden”, se indigna Patricia González, abogada de Las Juanas y las otras, una ONG que se acercó a Delicia cuando supo del caso. “El juez entiende que los intereses de la niña son prácticamente contrarios a los de su mamá, una medida que cohibirá a muchas mujeres de denunciar abusos contra sus hijas”.
Por su parte, en la conferencia de prensa dada ayer, el juez Ferrer justificó el aislamiento de la niña argumentando que “la internación hospitalaria era el mejor recurso para aislar a la víctima del abusador”. Una explicación que suena endeble, si se tiene en cuenta que la niña, en el hospital, sufrió una visita violenta. Y no vino de su familia.
El miércoles 3 de septiembre, dos mujeres pertenecientes a una organización pro vida (es decir, antiabortista) irrumpieron en su cuarto y abrumaron a la niña con una infinidad de fotos que mostraban fetos abortados, desmembrados, rotos. “¿Cómo puede ser que quieras matar a un inocente?”, le habrían dicho. Además, según denuncia Patricia González –quien fue temporariamente abogada de Delicia–, le habrían ofrecido dinero a la familia, a cambio de que aceptara seguir con el embarazo.
De todo esto, salvo la parte del dinero, se enteró el juez Germán Ferrer cuando el jueves 4 fue a conocer a la niña y escuchó, de boca de la criatura, que ya no quería abortar. Acto seguido, el magistrado decidió analizar el caso junto a un comité de expertos independientes y también al comité de bioética del hospital Notti, entre cuyos miembros está el cura católico y conservador Ricardo Poblete. “Es alarmante que el juez piense que esa niña decidió libremente, cuando un grupo de fundamentalistas la presionaron, amedrentaron y expusieron a folletería tendenciosa, obligándola a cambiar su voluntad a través del terror”, opina Rosana Rodríguez, miembro también de Las Juanas y las otras. “Éste es un caso de aborto no punible y debe terminar en la intervención de los médicos, no de la Justicia”.
¿Qué pasa si los médicos intervienen pero de modo ya no clínico sino legal? ¿Existe una única forma de obrar en este caso? La interpretación aparentemente “laxa” del Código Penal hizo que en el año 2007, al final de su gestión, el por entonces ministro de Salud mendocino, Armando Calletti, elaborara un “Protocolo de interpretación” para explicar exactamente qué tipo de casos no debían judicializarse (por ejemplo, el de esta niña). El problema es que Calletti –aunque contaba con la aprobación de sus propios asesores– no firmó el protocolo. Cuando cambió la gestión y entró el actual ministro, Sergio Saracco, quedó pendiente su firma. Pero hasta ahora, y tras nueve meses de gestión, Saracco sigue analizando el tema y da muestrasde que el protocolo, en términos políticos, es una papa hirviendo: nadie la quiere en su mano.
Para Karina Ferrari, delegada mendocina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), este tipo de dilaciones sólo logra que los abortos seguros sean patrimonio de las clases medias y altas. “Por eso entendemos que acá hay un caso de discriminación –advierte Ferrari–: siempre son afectados los sectores más humildes”.
"EL JUEZ ES EL QUE MANDA". Delicia vive con 200 pesos mensuales (provenientes de un plan asistencial) y hasta principios de septiembre, cuando fue detenido el padrastro de la menor, recibía el dinero más significativo de parte de su pareja, el supuesto violador, un hombre de 50 años que trabajaba como sereno. Es justamente este último factor –el aparente victimario era sostén del hogar– el que argumenta el juez Ferrer para explicar por qué separó a la niña de su madre: “La madre tenía la intención de ocultar por parte de progenitora y padrastro la prueba del delito”, aseguró ayer en la conferencia de prensa. Pero también dijo otras cosas:
Dijo que “el feto es una persona en desarrollo”.
Dijo que la niña “quiere ser mamá y no quiere que el feto sufra ningún daño”.
Dijo que la interrupción del embarazo “podía inducir a un trastorno de personalidad severo, en patologías psiquiátricas irreversibles como la psicosis”.
Pidió a los distintos ministerios que le garanticen a la niña educación, vivienda, asistencia psicológica y un subsidio para el bebé. Y pidió a los medios que no “acosen” a la niña “porque ya tuvo demasiado y sigue en riesgo”.
Confirmó que la tutela sigue en manos de la abuela. Y opinó que los grupos antiabortistas y “pro abortistas” lesionaron los derechos elementales de la niña violada por meterse en su intimidad sin ninguna clase de respeto por su sexualidad, su cuerpo y su libertad de decidir, ni sobre el derecho a la vida del no nacido”.
No queda claro –más allá de la voluntad materna– cuáles eran los grupos “pro abortistas” a los que se refirió el juez. Pero la “visita” del 3 de septiembre sí ayuda a entender cuáles eran los “antiabortistas”.
No es la primera vez que los llamados “grupos pro vida” se manifiestan con tanta vehemencia. Dos años atrás, en el hospital Lagomaggiore, de la Capital provincial, el grupo Vitnam, vinculado con la Iglesia Católica local, se instaló en el ingreso al hospital y se dedicó a rezar, prender velas y amenazar públicamente a los médicos. ¿El motivo? En esa institución estaba internada Claudia Gazzoli: una mujer de 25 años, discapacitada mental, que había sido violada y embarazada por un pariente en agosto de 2006. Ese caso, que también fue llevado por el juez Germán Ferrer, tuvo un desenlace distinto al actual. El 23 de agosto de 2006, Claudia Gazzoli pudo practicarse un aborto con el amparo de la ley.
La hija de Delicia, en cambio, dentro de siete meses dará a luz. Y se transformará en una más de las tres mil menores de 14 años que, todos los años, y según racontos oficiales “optimistas”, dan a luz en plena infancia.
“¿Qué le parece la decisión del juez?”, le preguntó este diario a Delicia.
“Yo voy a tratar de respetar su opinión, el juez que es el que manda –contestó Delicia–. Nosotros no podemos hacer nada”.
La historia comenzó el 31 de agosto pasado cuando una niña de 12 años llegó al hospital pediátrico Humberto Notti, en la provincia de Mendoza, acompañada por su madre. –A mi hija la violaron, está embarazada y no lo quiere tener –dijo la mujer, llamada Delicia.
La niña, ahora se sabe, deberá parir. En el día de ayer el magistrado Germán Ferrer, titular del Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, se expidió en contra de la interrupción del embarazo –que ya lleva casi diez semanas– y con ese fallo dio lugar al eslabón polémico y final de una trama difícil. Detrás de esta niña y su preñez temprana hay maltrato físico, abuso sexual, pobreza, algo llamado “bioética”, un Código Penal con más interpretaciones que la Biblia y una infancia rota. “No quería que mi hija fuera madre a los 12 años”, dijo Delicia con palabras contadas, en entrevista exclusiva con el diario Crítica de la Argentina.
Y todo lo que no dijo Delicia está en la historia de su hija, que tiene final corto pero es larga.
La niña –de quien no puede darse el nombre– fue violada en el mes de julio por –luego se sabría- su padrastro. En ese momento guardó silencio, hasta que sesenta días después, al no llegar la menstruación, Delicia llevó a su hija a un médico y allí se enteró de dos cosas: que la niña estaba embarazada y que ese embarazo era producto de un abuso. De inmediato, el 31 de agosto pasado, Delicia llevó a su hija al hospital Humberto Notti y los médicos, en vez de practicarle un aborto, derivaron el caso a la Justicia: una decisión que abrió, con la lógica de un “efecto cascada”, una infinidad de polémicas que se desprenden de un debate mayor. Para muchas organizaciones civiles e incluso estatales –entre ellas el INADI– el caso de la niña da lugar a la figura del “aborto no punible” y eso significa que no habría que dar parte a la Justicia, sino practicar la interrupción del embarazo sin más trámite. Pero el Estado, que terminó de hablar ayer a través del juez Ferrer, establece que este caso no amerita contemplaciones semejantes.
¿Por qué existen criterios tan distintos? El origen de la controversia está en el artículo 86 del Código Penal, cuyos incisos 1º y 2º establecen que el llamado “aborto no punible” vale “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” (inciso 1º) o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (inciso 2º). La zona gris se da con este segundo inciso, ya que no hay un acuerdo generalizado en torno a sus alcances. Al momento de ser redactado, este artículo se copió de un código suizo, pero en la transcripción se habría omitido poner una coma después de la palabra “violación”: un aparente “detalle” sintáctico que, sin embargo, tiene consecuencias de significado contundentes. El aborto no punible “sin coma” no incluye en sus alcances a una niña de 12 años sin problemas mentales. Con coma, sí. Para decirlo con simpleza, los médicos del hospital Notti hicieron una lectura “sin coma” y derivaron la causa al juez Germán Ferrer. El magistrado, a su vez, abrió una segunda polémica, cuando estableció que, mientras él analizara el caso de la niña, la menor debía quedar encerrada en el hospital y apartada de su madre, a quien Ferrer consideraba perjudicial por influenciar a su hija a favor de practicarse un aborto. “Dejaron a la niña privada de su libertad y sin poder ver a su mamá durante tres semanas; la situación fue tan insostenible que el juez tuvo que levantar la orden”, se indigna Patricia González, abogada de Las Juanas y las otras, una ONG que se acercó a Delicia cuando supo del caso. “El juez entiende que los intereses de la niña son prácticamente contrarios a los de su mamá, una medida que cohibirá a muchas mujeres de denunciar abusos contra sus hijas”.
Por su parte, en la conferencia de prensa dada ayer, el juez Ferrer justificó el aislamiento de la niña argumentando que “la internación hospitalaria era el mejor recurso para aislar a la víctima del abusador”. Una explicación que suena endeble, si se tiene en cuenta que la niña, en el hospital, sufrió una visita violenta. Y no vino de su familia.
El miércoles 3 de septiembre, dos mujeres pertenecientes a una organización pro vida (es decir, antiabortista) irrumpieron en su cuarto y abrumaron a la niña con una infinidad de fotos que mostraban fetos abortados, desmembrados, rotos. “¿Cómo puede ser que quieras matar a un inocente?”, le habrían dicho. Además, según denuncia Patricia González –quien fue temporariamente abogada de Delicia–, le habrían ofrecido dinero a la familia, a cambio de que aceptara seguir con el embarazo.
De todo esto, salvo la parte del dinero, se enteró el juez Germán Ferrer cuando el jueves 4 fue a conocer a la niña y escuchó, de boca de la criatura, que ya no quería abortar. Acto seguido, el magistrado decidió analizar el caso junto a un comité de expertos independientes y también al comité de bioética del hospital Notti, entre cuyos miembros está el cura católico y conservador Ricardo Poblete. “Es alarmante que el juez piense que esa niña decidió libremente, cuando un grupo de fundamentalistas la presionaron, amedrentaron y expusieron a folletería tendenciosa, obligándola a cambiar su voluntad a través del terror”, opina Rosana Rodríguez, miembro también de Las Juanas y las otras. “Éste es un caso de aborto no punible y debe terminar en la intervención de los médicos, no de la Justicia”.
¿Qué pasa si los médicos intervienen pero de modo ya no clínico sino legal? ¿Existe una única forma de obrar en este caso? La interpretación aparentemente “laxa” del Código Penal hizo que en el año 2007, al final de su gestión, el por entonces ministro de Salud mendocino, Armando Calletti, elaborara un “Protocolo de interpretación” para explicar exactamente qué tipo de casos no debían judicializarse (por ejemplo, el de esta niña). El problema es que Calletti –aunque contaba con la aprobación de sus propios asesores– no firmó el protocolo. Cuando cambió la gestión y entró el actual ministro, Sergio Saracco, quedó pendiente su firma. Pero hasta ahora, y tras nueve meses de gestión, Saracco sigue analizando el tema y da muestrasde que el protocolo, en términos políticos, es una papa hirviendo: nadie la quiere en su mano.
Para Karina Ferrari, delegada mendocina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), este tipo de dilaciones sólo logra que los abortos seguros sean patrimonio de las clases medias y altas. “Por eso entendemos que acá hay un caso de discriminación –advierte Ferrari–: siempre son afectados los sectores más humildes”.
"EL JUEZ ES EL QUE MANDA". Delicia vive con 200 pesos mensuales (provenientes de un plan asistencial) y hasta principios de septiembre, cuando fue detenido el padrastro de la menor, recibía el dinero más significativo de parte de su pareja, el supuesto violador, un hombre de 50 años que trabajaba como sereno. Es justamente este último factor –el aparente victimario era sostén del hogar– el que argumenta el juez Ferrer para explicar por qué separó a la niña de su madre: “La madre tenía la intención de ocultar por parte de progenitora y padrastro la prueba del delito”, aseguró ayer en la conferencia de prensa. Pero también dijo otras cosas:
Dijo que “el feto es una persona en desarrollo”.
Dijo que la niña “quiere ser mamá y no quiere que el feto sufra ningún daño”.
Dijo que la interrupción del embarazo “podía inducir a un trastorno de personalidad severo, en patologías psiquiátricas irreversibles como la psicosis”.
Pidió a los distintos ministerios que le garanticen a la niña educación, vivienda, asistencia psicológica y un subsidio para el bebé. Y pidió a los medios que no “acosen” a la niña “porque ya tuvo demasiado y sigue en riesgo”.
Confirmó que la tutela sigue en manos de la abuela. Y opinó que los grupos antiabortistas y “pro abortistas” lesionaron los derechos elementales de la niña violada por meterse en su intimidad sin ninguna clase de respeto por su sexualidad, su cuerpo y su libertad de decidir, ni sobre el derecho a la vida del no nacido”.
No queda claro –más allá de la voluntad materna– cuáles eran los grupos “pro abortistas” a los que se refirió el juez. Pero la “visita” del 3 de septiembre sí ayuda a entender cuáles eran los “antiabortistas”.
No es la primera vez que los llamados “grupos pro vida” se manifiestan con tanta vehemencia. Dos años atrás, en el hospital Lagomaggiore, de la Capital provincial, el grupo Vitnam, vinculado con la Iglesia Católica local, se instaló en el ingreso al hospital y se dedicó a rezar, prender velas y amenazar públicamente a los médicos. ¿El motivo? En esa institución estaba internada Claudia Gazzoli: una mujer de 25 años, discapacitada mental, que había sido violada y embarazada por un pariente en agosto de 2006. Ese caso, que también fue llevado por el juez Germán Ferrer, tuvo un desenlace distinto al actual. El 23 de agosto de 2006, Claudia Gazzoli pudo practicarse un aborto con el amparo de la ley.
La hija de Delicia, en cambio, dentro de siete meses dará a luz. Y se transformará en una más de las tres mil menores de 14 años que, todos los años, y según racontos oficiales “optimistas”, dan a luz en plena infancia.
“¿Qué le parece la decisión del juez?”, le preguntó este diario a Delicia.
“Yo voy a tratar de respetar su opinión, el juez que es el que manda –contestó Delicia–. Nosotros no podemos hacer nada”.