El Gobierno boliviano ordenó la captura del prefecto (gobernador) opositor del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, a quien acusa de haber contratado sicarios para atacar a campesinos oficialistas, y causar varios muertos en medio de la ola de violencia registrada en el país.

La orden fue dada en el marco del estado de sitio que el gobierno de Evo Morales dictó en la noche del viernes en el distrito gobernado por Fernández, donde tuvieron lugar los más sangrientos enfrentamientos entre oficialistas y opositores que se desencadenaron en varias ciudades hace más de 20 días.

"Vamos a detener al prefecto donde se encuentre en Pando", afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana a una radio, citada por el diario paceño La Razón, mientras que un constituyente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) dijo a la Red Erbol que Fernández habría escapado a Brasil.

En tanto, representantes del gobierno y prefectos opositores volverán a reunirse hoy en La Paz en busca de avanzar en un acuerdo que destrabe el conflicto.

El encuentro de esta tarde será la continuación del que en la noche del viernes y la madrugada de ayer mantuvieron el presidente Evo Morales y el prefecto de Tarija, Mario Cossío, vocero del Consejo Nacional Democrático (CONALDE), que reúne a los mandatarios de los cinco departamentos en manos de la oposición.

En aquella primera charla, Morales y Cossío sentaron las bases de un principio de acuerdo, central en primera instancia para pacificar el país, que la semana pasada registró 16 muertos y una cifra no determinada de heridos.

Los principales incidentes se dieron en el norteño departamento de Pando, donde chocaron campesinos y opositores, lo que llevó a que el Ejecutivo dictara el estado de sitio.

A ese primer diálogo siguió una declaración de Morales en la que abrió la posibilidad de permitir modificaciones al proyecto de Constitución nacional que impuso el oficialismo y que debe ser refrendada en una consulta.

La idea es que ese texto se modifique de modo de incluir las aspiraciones autonómicas de los cuatro prefectos de la llamada "Media luna" (Tarija, Beni, Pando y San Cruz) y de Chuquisaca.

De cualquier manera, el reclamo opositor no se queda en la autonomía, sino que incluye la devolución del Impuesto a los Hidrocarburos, con el que la administración de Morales financia la Renta Dignidad, destinada a jubilados.

Esta nueva reunión gobierno-prefectos será apenas un día antes de que los presidentes de los países que integran la Unión Nacional Sudamericana (UNASUR) se encuentren en Santiago de Chile para pronunciarse sobre la situación boliviana.