La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de reestización de Aerolíneas Argentinas y Austral, por lo que quedó muy cerca la vuelta definitiva de las empresas a manos del Estado, tras 18 años de haber sido privatizadas.

Con 46 votos afirmativos y 21 en contra, el Senado promulgó la iniciativa del Poder Ejecutivo, luego de que en Diputados se definiera que no habrá reprivatizaciones y que el precio final de compra de las empresas será fijado por el Tribunal de Tasación de la Nación.

Tras un debate que alcanzó las once horas, en el que 34 senadores se anotaron para hablar, el oficialismo logró darle curso a una iniciativa y, en coincidencia con lo ocurrido en la Cámara baja, logró que algunos legisladores de la oposición y los díscolos durante las retenciones apoyaran la iniciativa.

Ahora, para que se concrete el traspaso definitivo al Estado de la línea aérea de bandera, resta establecer el precio final de compra de las compañías y la correspondiente aprobación del Congreso.

Además del expediente apoyado por el oficialismo, se presentaron otros cuatro dictámenes que llevan las firmas del radicalismo y la Coalición Cívica, el justicialismo disidente, el radicalismo concertador y el socialismo.

El senador oficialista Eric Calcagno explicó luego del debate que el precio de las acciones de la empresa será evaluado por el Tribunal Nacional de Tasaciones y rechazó las críticas de la oposición, quienes habían cuestionado el acta acuerdo entre el Gobierno y la empresa española.

"Aerolíneas Argentinas y Austral se estaban ahogando. Nosotros intervenimos para que el servicio no se caiga. Nosotros, por nuestra posición geográfica necesitamos una aerolínea para comunicarnos con el mundo. Hubiera sido un infierno mandar a la firma a la quiebra", agregó.

Los siguientes son los puntos principales del expediente que defiende el Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores:

- El Estado nacional procederá al rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, y sus controladas, para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, mediante la compra de sus acciones societarias.

- El Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá realizar las valuaciones correspondientes a las aerolíneas. Las tasaciones se realizarán tomando en consideración los valores vigentes al 1º de julio de 2008.

- La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones vigilará que las valuaciones contemplen la real situación patrimonial de las empresas y se ajusten a criterios técnicos acordes al tipo de actividad que desempeñan.

- El precio que se establezca deberá someterse a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación.

- Se autoriza la cesión a los empleados de las líneas aéreas por hasta un máximo de 10% del paquete accionario de las respectivas empresas, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada.

- El Poder Ejecutivo Nacional podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos de las empresas hasta el 31 de diciembre de 2008.

- El monto de las asistencias financieras realizadas y a realizarse por el Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo anterior, deberá instrumentarse como aportes de capital y/o como créditos a favor del Estado Nacional.

- Para garantizar la transparencia de los procedimientos deberá requerirse la intervención de la Auditoría General de la Nación y solicitarse informes a cualquier otro organismo dependiente del Estado Nacional.

- En ningún caso el Estado Nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma.

El debate fue cerrado por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, quien señaló que la empresa aérea "pierde plata, es deficitaria y, si se quiere un país que se pueda comunicar, el Estado va a tener que poner plata".

Además, Pichetto acusó a la administración privada de la compañía de ser un "modelo capitalista español" de carácter "colonial, casi depredador".

"Hubiéramos querido tener inversores españoles serios que hicieran crecer el prestigio de Aerolíneas Argentinas en el mundo", sentenció.

Previamente, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el correntino Fabián Ríos, dijo que la deuda que tienen Aerolíneas y Austral "hay que pagarla" y remarcó que "ese es el estado de situación". Sin embargo, luego defendió la existencia del Acta-Acuerdo firmada entre el Estado argentino y el grupo Marsans para acordar el traspaso de las acciones al señalar que "esa acta permitió que el Estado se haga cargo del gerenciamiento de la empresa y que se le haya podido pagar el sueldo a los empleados".

Además, el senador porteño Daniel Filmus, sostuvo que "la aprobación de este proyecto es el primer paso de una respuesta estratégica y soberana a las crisis que han provocado más de diez años de liberalización y desregulación del sector aéreo en la región".

También dijo que "debemos ser capaces de no replicar el anterior modelo estatal ineficaz, ineficiente, burocratizado y basto y fértil para los lobbys de los grupos de interés; de construir autoridad pública, autónoma, técnicamente fundada en el profesionalismo de sus funcionarios".

Del lado de la oposición, el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, también enfatizó que "el Acta-Acuerdo es un acuerdo de partes, y sólo obliga al estado-comprador".

"No podemos obligar al vendedor a que acepte el precio que le ponemos. Además, estoy convencido de que vamos a abrir la puerta a futuros litigios", indicó Sanz, para luego agregar que "la media sanción de Diputados desnaturalizó la Ley porque lo que mandó el Ejecutivo tenía lógica jurídica que hoy no tiene".

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani justificó que no acompañó el proyecto oficialista porque "no es esta una herramienta eficaz", y reclamó que "se tomen los planteos hechos acá en cuanto a la conformación de una comisión investigadora".

"Ojalá se hubiera rechazado el Acta-Acuerdo con el grupo Marsans, porque con los que saquearon y vaciaron no se puede acordar", sentenció el socialista.