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Valijagate: el juicio que podría ´salpicar´ al Gobierno
Hoy arranca el proceso por los casi 800.000 dólares que Alejandro Guido Antonini Wilson quiso ingresar en la Argentina. Expectativa por la situación de los Kirchner
2 de septiembre de 2008
Este martes se abre la primera jornada del juicio por los casi 800.000 dólares que Alejandro Guido Antonini Wilson quiso ingresar en la Argentina, que podría salpicar al gobierno de Cristina Kirchner.
Por ahora hay un único acusado: Franklin Durán. Es un venezolano que fue amigo y socio de Guido Alejandro Antonini Wilson, el hombre que intentó ingresar en la Argentina una valija con 800.000 dólares sin declarar, el 4 de agosto del año pasado. El fiscal Thomas Mulvihill le imputa haberse confabulado para presionar al "valijero", en nombre del gobierno de Venezuela y sin permiso de las autoridades estadounidenses, para que ocultara el origen y el destino del dinero.
El papel del gobierno argentino en el escándalo no es importante para este proceso. Pero durante las audiencias pueden salir a la superficie elementos que fortalezcan la afirmación, lanzada por el fiscal en diciembre pasado, de que la plata iba dirigida a la campaña electoral de Cristina Kirchner (de lo que se informa por separado).
Sin siquiera una mención de la Argentina, en los últimos días la fiscalía y la defensa de Durán estuvieron dedicadas a desclasificar y discutir las pruebas que serán parte de los debates.
La estrategia de la fiscalía se sostiene en cientos de transcripciones de grabaciones secretas de reuniones y contactos telefónicos que el acusado mantuvo con Antonini, entre el 23 de agosto y el 11 de diciembre del año pasado. Ese día, el FBI detuvo a Durán, a los venezolanos Carlos Kauffmann y Moisés Maionica y al uruguayo Rodolfo Wanseele, todos acusados de los mismos delitos. Sólo el primero de ellos irá a juicio, porque los demás se declararon culpables a cambio de una reducción de sus condenas.
Un segundo punto fuerte de la acusación serán los peritajes hechos sobre las computadoras y los teléfonos celulares de los acusados, que secuestró el FBI, en el momento de los arrestos, en un restaurante de Fort Lauderdale.
A esas evidencias, Mulvihill agregará la declaración testimonial de Antonini, que se convirtió en testigo estrella del caso, luego de abandonar de apuro la Argentina, donde se reclama su extradición desde el 31 de agosto de 2007. Para reforzar su versión de los hechos, el fiscal ofrecerá también los testimonios de los otros tres acusados.
Por ahora hay un único acusado: Franklin Durán. Es un venezolano que fue amigo y socio de Guido Alejandro Antonini Wilson, el hombre que intentó ingresar en la Argentina una valija con 800.000 dólares sin declarar, el 4 de agosto del año pasado. El fiscal Thomas Mulvihill le imputa haberse confabulado para presionar al "valijero", en nombre del gobierno de Venezuela y sin permiso de las autoridades estadounidenses, para que ocultara el origen y el destino del dinero.
El papel del gobierno argentino en el escándalo no es importante para este proceso. Pero durante las audiencias pueden salir a la superficie elementos que fortalezcan la afirmación, lanzada por el fiscal en diciembre pasado, de que la plata iba dirigida a la campaña electoral de Cristina Kirchner (de lo que se informa por separado).
Sin siquiera una mención de la Argentina, en los últimos días la fiscalía y la defensa de Durán estuvieron dedicadas a desclasificar y discutir las pruebas que serán parte de los debates.
La estrategia de la fiscalía se sostiene en cientos de transcripciones de grabaciones secretas de reuniones y contactos telefónicos que el acusado mantuvo con Antonini, entre el 23 de agosto y el 11 de diciembre del año pasado. Ese día, el FBI detuvo a Durán, a los venezolanos Carlos Kauffmann y Moisés Maionica y al uruguayo Rodolfo Wanseele, todos acusados de los mismos delitos. Sólo el primero de ellos irá a juicio, porque los demás se declararon culpables a cambio de una reducción de sus condenas.
Un segundo punto fuerte de la acusación serán los peritajes hechos sobre las computadoras y los teléfonos celulares de los acusados, que secuestró el FBI, en el momento de los arrestos, en un restaurante de Fort Lauderdale.
A esas evidencias, Mulvihill agregará la declaración testimonial de Antonini, que se convirtió en testigo estrella del caso, luego de abandonar de apuro la Argentina, donde se reclama su extradición desde el 31 de agosto de 2007. Para reforzar su versión de los hechos, el fiscal ofrecerá también los testimonios de los otros tres acusados.