El Gobierno tiene la intención política de que el proceso de intervención judicial iniciado ayer en Aerolíneas Argentinas termine en una nacionalización. Pero, mientras pone en marcha el proyecto, hoy mismo destinará una partida especial del Tesoro, de 50 millones de pesos, para pagar el combustible y los salarios de junio de los casi 9.000 empleados de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Sobre el tema sueldos, el encargado de hablar fue Julio Alak, uno de los dos directores de Aerolíneas designado por el Estado. "La empresa nos comunicó que no está en condiciones de pagar los salarios de junio", aseguró para confirmar que el Estado se hará cargo de los sueldos que se adeudan.

Sobre el viejo sueño de estatizar Aerolíneas Argentina, se plasmaría en un proyecto de ley que sería enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en los próximos días.

En este sentido, el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, aclaró que el Gobierno actualmente está enfocado en "fuertes gestiones a nivel judicial" para que se defina la responsabilidad ante la falta de pago de los sueldos de los empleados de la línea aérea y de los riesgos de una afectación en la continuidad del servicio.

El secretario de Transporte cuestionó a Marsans, operadora de Aerolíneas Argentinas y de Austral, debido a la "grave situación" que se generó por "el pasivo de toda índole", "el riesgo en la estabilidad laboral para los 9.000 empleados" y declaró que la afectación del servicio golpearía a la actividad, ya que ambas compañías concentran "el 75 por ciento" de los vuelos de cabotaje.

"Firmamos un acuerdo hace 60 días con el Grupo Marsans para recomponer las acciones y posibilitar el ingreso de capitales argentinos" a Aerolíneas. Destacó que en ese marco se habían dispuesto dos aumentos de 18 y 18 por ciento, acumulativos y que generaban un alza de tarifa del 40%.

"El Estado nacional cumplió al incremento tarifario de 18 y 18 por ciento, que da un 40 por ciento de aumento. Se garantizó el suministro de combustible, a 1,95 pesos. Y se envió un proyecto de ley al Congreso (para mejoras) en materia impositiva", consideró.

Mientras eso realizó el Estado, Jaime advirtió que la empresa Marsans "no ha cumplido" y replicó los cuestionamientos que surgieron desde España sobre la actuación que tuvo el gobierno nacional.

"Si alguien cree que el Estado nacional deliberadamente ha perjudicado a una empresa para que deba 900 millones de dólares, está mirando otra película", aclaró el secretario de Transporte y reiteró que se buscará que sea "la Justicia la que determine la gravedad de la crisis".

La situación financiera de Aerolíneas es tan comprometida como la de buena parte de su flota, que permanece en tierra por falta de repuestos.

Se estima que la deuda posconcursal de la compañía no baja de US$ 400 millones, si bien hay versiones desde el Gobierno que estiman en casi US$ 900 millones ese pasivo.

Una de las salidas al conflicto diplomático que suscitaría una eventual estatización de Aerolínas sería, precisamente, que sea el Estado argentino el que se haga cargo de esa enorme deuda.

Entre 2002 y 2004, el Estado español (a través de la SEPI) había girado un total de US$ 758 millones al grupo Marsans para que pagara la deuda concursal de Aerolíneas. La empresa había solicitado la convocatoria de acreedores en junio de 2001. En abril, Marsans había acordado con el empresario argentino José López Mena su ingreso como accionista de Aerolíneas. Pero ayer Jaime reconoció, por radio, que el Gobierno no pudo avanzar con el ingreso de López Mena por la situación de deterioro de Aerolíneas. Es cuestión de días.