Los diálogos son más bien sermones con reproches. Las conversaciones en el más alto nivel de la política se confunden en la calle con la prepotencia de las fuerzas de choque oficialistas. El gobierno nacional se adueñó de la policía y le negó colaboración al gobierno de la Capital, en manos de un partido de la oposición. El Congreso se ha convertido en un escenario de cientos de llantos rurales, mientras el oficialismo decidió abrir las consultas por las retenciones a un abanico tan amplio que no terminará nunca. El Gobierno, a todo esto, presiona para que no le toquen el nivel de las retenciones. La crispación de la Argentina no ha concluido. Llama la atención, en ese sentido, que las declaraciones del Gobierno, posteriores al encuentro de la Presidenta con los dirigentes del sector agropecuario, hayan tenido los sonidos de la guerra y no las entonaciones de la tregua. Ayer mismo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, volvió a culpar a los ruralistas del desabastecimiento de los argentinos y les imputó, al mismo tiempo, que durante el conflicto siguieron ganando plata con las exportaciones. Las mismas imputaciones ya les había hecho la propia Cristina Kirchner a los dirigentes agropecuarios en la reunión del lunes, cordial en términos de trato personal y muy ríspida en contenidos políticos.

Hay un antecedente, incluso, de tales recriminaciones. En la carta de citación a los presidentes de las entidades, la Presidenta les dedicó dos párrafos largos a culparlos del desabastecimiento y de los daños que sufrió la República en los últimos tres meses. Antes de verla, los líderes rurales le contestaron la carta, desmintiendo tales términos, para que no quedara el precedente del silencio que acata.

El fondo de la cuestión consiste en que el Gobierno confundió los envíos al exterior de los exportadores, que habían acopiado previamente, con los negocios de los productores. Más aún: los exportadores anotaron las exportaciones con las retenciones anteriores (en algunos casos, con sólo el 25%) y los productores terminaron pagando hasta el 46 por ciento. La no comercialización de los productores se vio en las rutas y el desabastecimiento comenzó cuando los camioneros rurales bloquearon los caminos. Más de tres meses de inducido desabastecimiento de comestibles, como sostiene el Gobierno, hubiera producido una colosal hambruna en la Argentina.

Quizás el Gobierno está siendo más duro de lo que en verdad fue la reunión presidencial sólo para sujetar las riendas del oficialismo en el Congreso. El interminable desfile de productores por las comisiones parlamentarias logró conmover a algunos diputados del oficialismo. Pero otras cosas conmueven más aún. "Sí, los llamados a la férrea disciplina con el Gobierno son más conmovedores", ironizó ayer un destacado legislador oficialista. Entre tanto, cientos de productores se pasean por el Congreso, pero las convocatorias de las comisiones incluirán hasta intelectuales antes de concluir los despachos. Ganar tiempo. Esa parece ser la estrategia.

El Gobierno está dispuesto a permitir modificaciones en la instrumentación de las retenciones y hasta es posible que acepte que una parte de ellas se tome como anticipo del impuesto a las ganancias, que es coparticipable. Pero no quiere transigir para bajar el nivel de las retenciones móviles. "Eso no se toca", repitieron ayer varios miembros del Gobierno a los parlamentarios. Un nivel menor de retenciones significaría, para la cima política, una colosal derrota.

Legisladores bonaerenses, santafecinos, cordobeses y entrerrianos, entre los más importantes, siguen buscando una senda a mitad de camino entre las entidades rurales y el Gobierno. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no sólo habló el lunes con el vicepresidente Julio Cobos sino también con varios diputados de las provincias sojeras. "Los números de los diputados suben y bajan. No es fácil decirle que no a Kirchner", aceptó uno de los díscolos. Pero es más fácil, admitieron, cuando el Gobierno está tan bajo en las encuestas. "La caja se secó y el látigo se desvencijó", describió, socarrón, un diputado kirchnerista.

Cobos sufrió la excomunión del rígido dogma kirchnerista, que consiste en acatar y en callar, en carecer de presencia y de opinión propia. No tiene otra explicación que hayan provocado tanto malestar en el vértice del poder reuniones públicas del vicepresidente, delante de periodistas, con gobernadores e intendentes elegidos del país. "Cobos no se está reuniendo en la clandestinidad con militares o con sectores opositores. Está consultando públicamente la opinión de funcionarios elegidos y afectados por las retenciones. ¿Dónde está el problema?", preguntaba un senador que frecuenta al vicepresidente.

El corset institucional le es incómodo al kirchnerismo. Un grave hecho institucional sucedió el lunes, cuando el Gobierno rechazó virtualmente un pedido de Mauricio Macri para que la policía lo ayudara a desalojar la Plaza del Congreso de grupos oficialistas. Estos llegaron ahí ganándole de mano a Alfredo de Angeli, que había advertido que levantaría en el mismo lugar una "carpa verde" ruralista. Los dos campamentos carecen de razón de ser cuando la negociación está pasando por una instancia de negociación parlamentaria. La política debe reemplazar a la calle de una buena vez.

El gobierno nacional, que difiere de Macri en casi todo, pudo hacer luego una crítica a la decisión política del jefe porteño. Pero nunca debió negarle un pedido institucional para contar con el apoyo de la policía, cuyo control el gobierno de los Kirchner se obcecó en mantener. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se ocupó de maltratar públicamente al gobierno porteño. El mensaje es claro: Macri sólo contará con la policía cuando su cometido coincida con las ideas del gobierno nacional. En caso contrario, se convertirá, como lo fue el lunes, cuando tuvo hasta un funcionario herido por los piqueteros, en un gobernante impotente para disciplinar el espacio público.

La conclusión más grave de ese panorama, presuntamente más distendido que antes, es la convivencia en el tiempo y en el espacio de la anomia y la crispación. Un Estado que responde sólo a una facción es un Estado imperfecto. Y la disciplina kirchnerista en el Congreso podría preludiar una nueva ronda de conflictos agropecuarios. "No luchamos 100 días por si se trataba de una resolución o de una ley, sino contra el contenido de la decisión", aclararon varios dirigentes rurales.

El petardeo verbal de las últimas horas sobre quién tiene la culpa, sobre cuál estadística es la verdadera o quiénes son los verdugos de la sociedad está ignorando el dato más ilustrativo de las consecuencias del conflicto: el consumo popular se frenó en seco en mayo. No se trata de las afirmaciones siempre optimistas de Guillermo Moreno, sino de una información incontrastable: el consumo con tarjetas de crédito descendió en ese mes con el acelerado ritmo del vértigo.