A la Argentina le sigue yendo mal cuando los rankings los elaboran organismos internacionales.

La organización Transparencia Internacional dio a conocer el "Informe TI 2008 sobre el avance en la implementación de la convención anti-soborno de la OCDE" que analiza la aplicación de acciones anti-soborno en 34 países (incluidos los del G7) en relación al cumplimiento de la Convención contra el Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

El informe es una evaluación por país; no es un ranking. Lo que hace el documento es evidenciar, entre otros aspectos, la falta de aplicación de políticas contra el soborno transnacional para empresas de la Argentina.

El capítulo argentino del informe 2008 destaca: deficiencias en la protección de denunciantes de casos de corrupción del sector público y privado y dificultades respecto del acceso a la información sobre los casos de corrupción existentes, así como la falta de conocimiento respecto de la Convención de la OCDE entre los empresarios argentinos.

También quedan resaltadas dificultades relacionadas con la ausencia de una base de datos unificada sobre información de casos de corrupción existentes a nivel provincial, así como los inconvenientes para conseguir información en los juzgados desde que el artículo 204 del Código Procesal Penal afirma que la información del caso es solamente accesible para las partes.

El informe también destaca la falta de jurisdicción nacional para los casos de soborno, la ausencia de responsabilidad criminal para las corporaciones, las deficiencias en el programa nacional de protección de testigos y la ausencia de leyes para proteger a los testigos en el sector privado.

Por último, el informe recomienda: mayor conciencia sobre el tema de sobornos para el sector privado nacional y entrenamiento de los fiscales en técnicas de investigación, al tiempo que pide fortalecer los procesos de denuncia.

La opinión de los expertos
En diálogo con Infobae.com, la directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso, explicó que otra deficiencia que tiene la Argentina es que no se continúan con las investigaciones que realizan otros países. La funcionaria citó el caso de soborno -reportado en el documento- que involucra a la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA). Dicha empresa fue denunciada por una renovación de un contrato que poseía la empresa para la explotación de una planta hidroeléctrica en Filipinas.

"Todo lo contrario ocurrió con IBM: cuando estalló el escándalo de corrupción en nuestro país; la casa matriz también fue inspeccionada", comentó Alonso y destacó otros casos como los ocurridos en Siemens, Thales Spectrum Argentina, Ansaldo Energia SpA, Skanska y Accor Services.

Para Julieta Arias, directora del área Transparencia y Anticorrupción
de Poder Ciudadano, a partir del informe publicado por la ONG "se evidencia la urgente necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como internacional".

"Es fundamental fortalecer los mecanismos que promuevan la transparencia, como son la sanción y cumplimiento real de normativa vinculada con el acceso a la información, la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción", sostuvo Arias.