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Absurdo: quieren meter presos a autoridades de mesa
En un país donde los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, quieren encarcelar ciudadanos por no aceptar que les impongan ser autoridades de mesa
4 de mayo de 2008
Por José Calero
En las últimas elecciones presidenciales fue récord el índice de ausentismo de las autoridades de mesa designadas en la ciudad de Buenos Aires.
Mucha gente desistió de acudir porque está cansada de que la citen en forma constante, porque considera una invasión a la vida privada que la obliguen a estar todo el día supervisando un acto electoral o porque estaba enferma en ese momento y acudir a un hospital público a solicitar un certificado, como exige la "ley", es perder varias horas.
En un país donde los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, donde es una aventura salir de noche a la calle y donde muchas ciudades son tierra de nadie, parece que una jueza quiere encarcelar a ciudadanos honestos que lo único que hacen a diario es romperse el alma por salir adelante.
En ese escenario, la justicia electoral decidió tomar las medidas severas que en otras esferas más importantes no se adoptan: promete castigar con las penas previstas por la ley, que incluyen condenas a prisión, a quienes faltaron.
La jueza María Romilda Servini de Cubría, quien ya inició más de 300 causas penales y prepara otras 1.000, citó a indagatoria a los primeros acusados y podría enviar a más de un desertor a la 'cárcel'.
La pena prevista por el Código Electoral para los ausentes que no puedan justificar su inasistencia es grave: prisión de seis meses a dos años.
Hasta ahora, Servini jamás la aplicó y casi no hay antecedente de condenas en el país, pero la situación podría cambiar a partir de ahora.
El 'fiscal' electoral Felipe Di Lello, quien impulsa las investigaciones, explicó a La Nación: “Hay que cumplir con lo que manda el Código Electoral. Estamos ante una creciente desvalorización de las cargas públicas que tienen los ciudadanos para con el buen funcionamiento de la democracia y el Estado”.
La Justicia se cansó de que los porteños no se presentaran a cumplir con su deber y de tener que hacer malabarismos para cubrir las 6.500 mesas de votación.
Esta vez, como medida ejemplar, aplicará penas, que seguramente no serán de cumplimiento efectivo salvo en los casos de reincidencia.
"Lamentablemente, se va perdiendo la conciencia cívica, que es fundamental en nuestro sistema", dijo el juez Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacional Electoral, el máximo tribunal de los comicios.
Como si la conciencia cívica se perdiera por no asistir a una mesa de votación, cuando día tras día jueces, políticos y demás "referentes" se preocuparan por dar el ejemplo.
Mientras tanto, se vuelve a analizar la posibilidad de recurrir sólo a maestros como autoridades de mesa. Lo está estudiando el Foro para la Reforma Política, que agrupa a partidos de la oposición, y es una idea que cuenta con el beneplácito del director nacional electoral, Alejandro Tullio. El funcionario advirtió, no obstante, que es la "Justicia" (y no el Gobierno) la responsable de la designación y del control de las autoridades (ver aparte).
En estos momentos, en el subsuelo del Palacio de los Tribunales, donde funciona el juzgado electoral, todos los días se abren entre 20 y 30 causas nuevas, y hay una oficina con cuatro empleados dedicados exclusivamente a estos expedientes.
"El trabajo es monstruoso", relató un funcionario del juzgado. "Vamos a investigar a todos los que fueron nombrados autoridades de mesa y no se presentaron".
En la primera etapa, se está indagando a los notificados por medio de actas policiales; después será el turno de los que recibieron telegramas del correo.
Este grupo contempla varias categorías: cuando el telegrama lo recibió el propio destinatario, cuando lo recibió otra persona (a quién también debe citarse a declarar), cuando se le dejó el aviso y el destinatario no fue a buscar el telegrama al correo y cuando él se mudó y no informó el cambio de domicilio, a pesar de que la ley lo obliga a hacerlo.
En las últimas elecciones presidenciales fue récord el índice de ausentismo de las autoridades de mesa designadas en la ciudad de Buenos Aires.
Mucha gente desistió de acudir porque está cansada de que la citen en forma constante, porque considera una invasión a la vida privada que la obliguen a estar todo el día supervisando un acto electoral o porque estaba enferma en ese momento y acudir a un hospital público a solicitar un certificado, como exige la "ley", es perder varias horas.
En un país donde los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, donde es una aventura salir de noche a la calle y donde muchas ciudades son tierra de nadie, parece que una jueza quiere encarcelar a ciudadanos honestos que lo único que hacen a diario es romperse el alma por salir adelante.
En ese escenario, la justicia electoral decidió tomar las medidas severas que en otras esferas más importantes no se adoptan: promete castigar con las penas previstas por la ley, que incluyen condenas a prisión, a quienes faltaron.
La jueza María Romilda Servini de Cubría, quien ya inició más de 300 causas penales y prepara otras 1.000, citó a indagatoria a los primeros acusados y podría enviar a más de un desertor a la 'cárcel'.
La pena prevista por el Código Electoral para los ausentes que no puedan justificar su inasistencia es grave: prisión de seis meses a dos años.
Hasta ahora, Servini jamás la aplicó y casi no hay antecedente de condenas en el país, pero la situación podría cambiar a partir de ahora.
El 'fiscal' electoral Felipe Di Lello, quien impulsa las investigaciones, explicó a La Nación: “Hay que cumplir con lo que manda el Código Electoral. Estamos ante una creciente desvalorización de las cargas públicas que tienen los ciudadanos para con el buen funcionamiento de la democracia y el Estado”.
La Justicia se cansó de que los porteños no se presentaran a cumplir con su deber y de tener que hacer malabarismos para cubrir las 6.500 mesas de votación.
Esta vez, como medida ejemplar, aplicará penas, que seguramente no serán de cumplimiento efectivo salvo en los casos de reincidencia.
"Lamentablemente, se va perdiendo la conciencia cívica, que es fundamental en nuestro sistema", dijo el juez Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacional Electoral, el máximo tribunal de los comicios.
Como si la conciencia cívica se perdiera por no asistir a una mesa de votación, cuando día tras día jueces, políticos y demás "referentes" se preocuparan por dar el ejemplo.
Mientras tanto, se vuelve a analizar la posibilidad de recurrir sólo a maestros como autoridades de mesa. Lo está estudiando el Foro para la Reforma Política, que agrupa a partidos de la oposición, y es una idea que cuenta con el beneplácito del director nacional electoral, Alejandro Tullio. El funcionario advirtió, no obstante, que es la "Justicia" (y no el Gobierno) la responsable de la designación y del control de las autoridades (ver aparte).
En estos momentos, en el subsuelo del Palacio de los Tribunales, donde funciona el juzgado electoral, todos los días se abren entre 20 y 30 causas nuevas, y hay una oficina con cuatro empleados dedicados exclusivamente a estos expedientes.
"El trabajo es monstruoso", relató un funcionario del juzgado. "Vamos a investigar a todos los que fueron nombrados autoridades de mesa y no se presentaron".
En la primera etapa, se está indagando a los notificados por medio de actas policiales; después será el turno de los que recibieron telegramas del correo.
Este grupo contempla varias categorías: cuando el telegrama lo recibió el propio destinatario, cuando lo recibió otra persona (a quién también debe citarse a declarar), cuando se le dejó el aviso y el destinatario no fue a buscar el telegrama al correo y cuando él se mudó y no informó el cambio de domicilio, a pesar de que la ley lo obliga a hacerlo.