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El sistema no toma en cuenta la suba de costos en dólares
El incremento de costos y la variación de rentabilidad del sector se consideran en forma acotada. Además, se exacerba la concentración de ingresos en manos de la Nación
12 de marzo de 2008
Si bien las retenciones móviles implican una mejora con respecto a la incertidumbre que generaban los incrementos discrecionales de alícuotas, las subas de costos y la variación de la rentabilidad del sector se consideran sólo en forma acotada.
Los productores pagarán impuestos según los vaivenes del mercado internacional, aunque sus insumos, tales como fertilizantes y maquinaria agrícola, se encarezcan y muestren subas de dos dígitos, al igual que los salarios y los arrendamientos, entre otros gastos.
Para que el Gobierno pueda apropiarse de la renta agraria extraordinaria, y al mismo tiempo tener en cuenta la estructura de costos de los productores, debería elevar el impuesto a las Ganancias para el sector primario. De esta forma, no sólo se estaría gravando la facturación (o exportación), sino la diferencia real entre ingresos y gastos.
Suena lógico que quienes ganen más paguen más de impuestos. Pero las retenciones se aplican sobre las ventas, y no sobre la ganancia real. Para el Tesoro tiene, no obstante, dos ventajas claves que contribuyeron a tomar la decisión anunciada ayer por el ministro de Economía, Martín Lousteau.
Por un lado, los ingresos provenientes de los derechos de exportación no se coparticipan con las provincias. Es decir que toda la suba va directamente al bolsillo del Ejecutivo Nacional.
En 2008 se coparticipará sólo 30% de los ingresos. Con algo de cinismo, y también de exageración, varios analistas sostienen que el sistema tributario retrocedió al tiempo de la gobernación de Juan Manuel de Rosas, cuando el gobierno central acaparaba los recursos de la Aduana.
Pese al anacronismo, la Nación pisa cada vez más la caja y reduce el porcentaje de los recursos que coparticipa. A comienzos de la década del ’90 el Ejecutivo concentraba 54% de los recursos y dejaba el 46% restante a las provincias, afirma el diario El cronista. El año pasado esta proporción fue de 67% y 33% para cada lado, y la tendencia se agudiza, continúa el matutino.
Otra ventaja para el Gobierno de las retenciones es que un incremento en la alícuota del impuesto a las Ganancias requiere de la aprobación del Congreso, lo que resta agilidad al trámite tanto para subir como para reducir la presión tributaria, llegado el caso. Los derechos de exportación, por su parte, pueden modificarse con resoluciones de Hacienda.
El sistema de retenciones móviles tampoco tiene en cuenta las variaciones del tipo de cambio. Las bandas de las alícuotas cambian según el precio en dólares por tonelada de trigo, soja, maíz o girasol. Para los productores locales, la paridad cambiaria representa un ingrediente más a la rentabilidad final del empresario local, que enfrenta el costo de insumos con precios dolarizados.
De cualquier manera, en economía la solución que sigue al óptimo se conoce como "segunda mejor", categoría que podría aplicarse al nuevo modelo. El cierre de los mercados de capitales y la escasez de financiamiento global obligan al Gobierno a montarse a la ola de bonanza que sacude al agro.
Así se desprende de los precios de los commodities y se refleja en el índice de términos de intercambio (el ratio entre los precios de exportaciones e importaciones), que alcanzó su mayor valor en 25 años.
Los productores pagarán impuestos según los vaivenes del mercado internacional, aunque sus insumos, tales como fertilizantes y maquinaria agrícola, se encarezcan y muestren subas de dos dígitos, al igual que los salarios y los arrendamientos, entre otros gastos.
Para que el Gobierno pueda apropiarse de la renta agraria extraordinaria, y al mismo tiempo tener en cuenta la estructura de costos de los productores, debería elevar el impuesto a las Ganancias para el sector primario. De esta forma, no sólo se estaría gravando la facturación (o exportación), sino la diferencia real entre ingresos y gastos.
Suena lógico que quienes ganen más paguen más de impuestos. Pero las retenciones se aplican sobre las ventas, y no sobre la ganancia real. Para el Tesoro tiene, no obstante, dos ventajas claves que contribuyeron a tomar la decisión anunciada ayer por el ministro de Economía, Martín Lousteau.
Por un lado, los ingresos provenientes de los derechos de exportación no se coparticipan con las provincias. Es decir que toda la suba va directamente al bolsillo del Ejecutivo Nacional.
En 2008 se coparticipará sólo 30% de los ingresos. Con algo de cinismo, y también de exageración, varios analistas sostienen que el sistema tributario retrocedió al tiempo de la gobernación de Juan Manuel de Rosas, cuando el gobierno central acaparaba los recursos de la Aduana.
Pese al anacronismo, la Nación pisa cada vez más la caja y reduce el porcentaje de los recursos que coparticipa. A comienzos de la década del ’90 el Ejecutivo concentraba 54% de los recursos y dejaba el 46% restante a las provincias, afirma el diario El cronista. El año pasado esta proporción fue de 67% y 33% para cada lado, y la tendencia se agudiza, continúa el matutino.
Otra ventaja para el Gobierno de las retenciones es que un incremento en la alícuota del impuesto a las Ganancias requiere de la aprobación del Congreso, lo que resta agilidad al trámite tanto para subir como para reducir la presión tributaria, llegado el caso. Los derechos de exportación, por su parte, pueden modificarse con resoluciones de Hacienda.
El sistema de retenciones móviles tampoco tiene en cuenta las variaciones del tipo de cambio. Las bandas de las alícuotas cambian según el precio en dólares por tonelada de trigo, soja, maíz o girasol. Para los productores locales, la paridad cambiaria representa un ingrediente más a la rentabilidad final del empresario local, que enfrenta el costo de insumos con precios dolarizados.
De cualquier manera, en economía la solución que sigue al óptimo se conoce como "segunda mejor", categoría que podría aplicarse al nuevo modelo. El cierre de los mercados de capitales y la escasez de financiamiento global obligan al Gobierno a montarse a la ola de bonanza que sacude al agro.
Así se desprende de los precios de los commodities y se refleja en el índice de términos de intercambio (el ratio entre los precios de exportaciones e importaciones), que alcanzó su mayor valor en 25 años.