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El Gobierno busca despenalizar el consumo de drogas
Aníbal Fernández dijo que no hay que perseguir a los consumidores, sino darles protección. Adelantó, como portavoz de Cristina, que habrá cambios en la Ley antinarcóticos
11 de marzo de 2008
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, fue el encargado de dar la primicia, al hablar en el foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La inicitiva es de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fernández reveló que se estudia reformar la legislación para dejar de perseguir penalmente a los usuarios de estupefacientes y, en cambio, incluirlos en un sistema de salud.
"Debemos terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud", dijo el ministro durante su exposición en la asamblea extraordinaria del Consejo Económico y Social de la ONU, en Viena.
Advirtió que "no es posible despenalizar el consumo si antes el Estado no asegura una red social, de salud y laboral que contenga a los más vulnerables".
El ministro destacó que en esta materia estaba siguiendo instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner. "Vamos a revisar las normas. En nuestro país, a diferencia de Brasil, Uruguay, Suiza o España, se copió a ultranza la Convención de la ONU sobre estupefacientes, de 1989, que persigue al que tiene un problema de salud igual que al traficante. Esto no puede seguir así y no va a seguir así".
En el país hay unas 440.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína y conseguir drogas ilegales es bastante accesible -reveló el diario La Nación-, de acuerdo a una encuesta del Gobierno nacional de fines del año.
El 6,9% de los encuestados, según el matutino porteño, admitió haber consumido marihuana el último año. El uso de "paco", y del éxtasis es del 0,5 por ciento, una cifra proyectada de 80.000 personas.
Actualmente, en la Argentina rige la ley 23.737, dictada en 1989, un año después de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, que acentúa el castigo a los consumidores, al entender que son el primer eslabón de una cadena que termina en el narcotraficante.
La norma local señala que si alguien es detenido con drogas para su consumo, se inicia una causa penal que se suspende si el imputado hace un tratamiento. "El 80 por ciento de los casos termina prescribiendo porque los tratamientos no se hacen", dijo Fernández.
Con este cambio, la Argentina modifica su alineación con Estados Unidos, donde prima el prohibicionista y se suma a las políticas de algunos países europeos y de nuestros vecinos Brasil y Uruguay, que tiene leyes más flexibles (ver aparte).
Para cambiar las leyes, el ministro nombró una comisión de notables, integrada por jueces, fiscales, y sociólogos que trabaja en un anteproyecto de ley con esta orientación.
La Argentina, en la ONU, hizo recomendaciones que apuntan a que el consumo es un problema de salud y no penal y que el uso de la fuerza debe estar aplicado al narcotraficante y no al consumidor.
"Es necesario cambiar las convenciones vigentes porque el mundo es otro. El ´paco´ está haciendo estragos. Debemos dejar de ser hipócritas: los jóvenes también se enferman por el consumo de alcohol y las pastillas, a las que acceden libremente, y los criminalizamos por la tenencia de un cigarrillo de marihuana", dijo Fernández en un discurso que, en parte, anticipó el diario Crítica, de la Argentina.
Una de las ideas que analiza uno de los miembros de la comisión es dar intervención a la justicia civil, en lugar de a los jueces penales, cuando se está frente a un consumidor. Luego de que peritos lo revisen y un juez decida sobre sus facultades para decidir sobre sus bienes se lo someta a un tratamiento ambulatorio o con una internación, controlado por profesionales, designados por el juzgado.
Fernández consideró que una causa por drogas le insume al Estado un costo de unos 5000 dólares.
"Digamos la verdad. El negocio del narcotráfico es igual a corrupción, es igual a recaudación y en ese aspecto no sólo no se ha avanzado en el mundo, sino que las organizaciones criminales han crecido sin igual y no hemos estado a la altura de las circunstancias", expresó el ministro ante el foro que analiza los avances en la aplicación de las convenciones de la ONU.
El cambio atraviesa otros ejes: el fortalecimiento de la cooperación internacional en el control de precursores químicos y en las entregas vigiladas y en el control de los posibles nichos de corrupción, mejorando la inteligencia de las fuerzas de seguridad para que los jueces tengan casos importantes.
Fernández reveló que se estudia reformar la legislación para dejar de perseguir penalmente a los usuarios de estupefacientes y, en cambio, incluirlos en un sistema de salud.
"Debemos terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud", dijo el ministro durante su exposición en la asamblea extraordinaria del Consejo Económico y Social de la ONU, en Viena.
Advirtió que "no es posible despenalizar el consumo si antes el Estado no asegura una red social, de salud y laboral que contenga a los más vulnerables".
El ministro destacó que en esta materia estaba siguiendo instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner. "Vamos a revisar las normas. En nuestro país, a diferencia de Brasil, Uruguay, Suiza o España, se copió a ultranza la Convención de la ONU sobre estupefacientes, de 1989, que persigue al que tiene un problema de salud igual que al traficante. Esto no puede seguir así y no va a seguir así".
En el país hay unas 440.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína y conseguir drogas ilegales es bastante accesible -reveló el diario La Nación-, de acuerdo a una encuesta del Gobierno nacional de fines del año.
El 6,9% de los encuestados, según el matutino porteño, admitió haber consumido marihuana el último año. El uso de "paco", y del éxtasis es del 0,5 por ciento, una cifra proyectada de 80.000 personas.
Actualmente, en la Argentina rige la ley 23.737, dictada en 1989, un año después de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, que acentúa el castigo a los consumidores, al entender que son el primer eslabón de una cadena que termina en el narcotraficante.
La norma local señala que si alguien es detenido con drogas para su consumo, se inicia una causa penal que se suspende si el imputado hace un tratamiento. "El 80 por ciento de los casos termina prescribiendo porque los tratamientos no se hacen", dijo Fernández.
Con este cambio, la Argentina modifica su alineación con Estados Unidos, donde prima el prohibicionista y se suma a las políticas de algunos países europeos y de nuestros vecinos Brasil y Uruguay, que tiene leyes más flexibles (ver aparte).
Para cambiar las leyes, el ministro nombró una comisión de notables, integrada por jueces, fiscales, y sociólogos que trabaja en un anteproyecto de ley con esta orientación.
La Argentina, en la ONU, hizo recomendaciones que apuntan a que el consumo es un problema de salud y no penal y que el uso de la fuerza debe estar aplicado al narcotraficante y no al consumidor.
"Es necesario cambiar las convenciones vigentes porque el mundo es otro. El ´paco´ está haciendo estragos. Debemos dejar de ser hipócritas: los jóvenes también se enferman por el consumo de alcohol y las pastillas, a las que acceden libremente, y los criminalizamos por la tenencia de un cigarrillo de marihuana", dijo Fernández en un discurso que, en parte, anticipó el diario Crítica, de la Argentina.
Una de las ideas que analiza uno de los miembros de la comisión es dar intervención a la justicia civil, en lugar de a los jueces penales, cuando se está frente a un consumidor. Luego de que peritos lo revisen y un juez decida sobre sus facultades para decidir sobre sus bienes se lo someta a un tratamiento ambulatorio o con una internación, controlado por profesionales, designados por el juzgado.
Fernández consideró que una causa por drogas le insume al Estado un costo de unos 5000 dólares.
"Digamos la verdad. El negocio del narcotráfico es igual a corrupción, es igual a recaudación y en ese aspecto no sólo no se ha avanzado en el mundo, sino que las organizaciones criminales han crecido sin igual y no hemos estado a la altura de las circunstancias", expresó el ministro ante el foro que analiza los avances en la aplicación de las convenciones de la ONU.
El cambio atraviesa otros ejes: el fortalecimiento de la cooperación internacional en el control de precursores químicos y en las entregas vigiladas y en el control de los posibles nichos de corrupción, mejorando la inteligencia de las fuerzas de seguridad para que los jueces tengan casos importantes.