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Rechaza la Iglesia el avance del juego en la Argentina
Con apoyo de Bergoglio, el obispo Casaretto criticó los intentos de poner más casas de juego y tragamonedas. Apuntó contra emprendimientos en el conurbano
9 de marzo de 2008
El incipiente conflicto viene por el lado del juego, un asunto que el clero siempre criticó por considerarlo un vicio ruinoso, pero que -al compás de los nuevos tiempos- debió terminar soportando. El problema es que la tolerancia de los obispos empieza a encontrar su límite por lo que consideran la enorme proliferación de las casas de juegos a caballo de una preocupante alianza con el poder político, consignó el diario Clarín en su edición dominical.
Pero del los gobiernos se defieenden y explican que el juego permite recaudar buena parte de los fondos necesarios para realizar políticas sociales y atender la pobreza.
La inquietud de los miembros del Episcopado dejó de ser un comentario puertas para adentro. El presidente de la comisión de Pastoral Social, el obispo Jorge Casaretto -quien nunca mostró animosidad contra el kirchnerismo-, acaba de denunciar la situación: "El poder económico de los grandes empresarios del juego y sus alianzas con los poderes políticos son enormes. La compra de voluntades y de apoyos no reconoce límites", disparó.
El obispo fue más explícito: "Muchas veces, funcionarios honestos han tenido que soportar presiones desde diversos estratos del poder para votar leyes o autorizar concesiones que faciliten el enriquecimiento desmedido de unos pocos a costa de la degradación de muchos". Monseñor Casaretto viene sufriendo el problema en carne propia: dos bingos con tragamonedas intentan instalarse en San Isidro y Vicente López, dos municipios que están dentro de su diócesis.
La denuncia de Casaretto adquiere mayor voltaje político porque detrás del negocio de los tragamonedas está el empresario Cristobal López, cercano al ex presidente Néstor Kirchner. Aún está fresca una controvertida decisión que tomó Kirchner poco antes de dejar la Presidencia: el haberle prorrogando a López la concesión de las tragamonedas de Palermo hasta 2032, determinación que suscitó críticas en la oposición y el anuncio de una investigación parlamentaria que todavía está en ciernes.
El cuadro de situación que se dibujó en un despacho eclesiástico fue el siguiente: "Como no pueden abrirse nuevos bingos en la Provincia, la idea es trasladar los de Zárate y Campana, con el agregado clave de los tragamonedas, a Vicente López y San Isidro". Se aseguró, incluso, que los nuevos emplazamientos no respetarían la distancia mínima que debe haber con el cercano casino de Tigre: 150 kilómetros.
Pero del los gobiernos se defieenden y explican que el juego permite recaudar buena parte de los fondos necesarios para realizar políticas sociales y atender la pobreza.
La inquietud de los miembros del Episcopado dejó de ser un comentario puertas para adentro. El presidente de la comisión de Pastoral Social, el obispo Jorge Casaretto -quien nunca mostró animosidad contra el kirchnerismo-, acaba de denunciar la situación: "El poder económico de los grandes empresarios del juego y sus alianzas con los poderes políticos son enormes. La compra de voluntades y de apoyos no reconoce límites", disparó.
El obispo fue más explícito: "Muchas veces, funcionarios honestos han tenido que soportar presiones desde diversos estratos del poder para votar leyes o autorizar concesiones que faciliten el enriquecimiento desmedido de unos pocos a costa de la degradación de muchos". Monseñor Casaretto viene sufriendo el problema en carne propia: dos bingos con tragamonedas intentan instalarse en San Isidro y Vicente López, dos municipios que están dentro de su diócesis.
La denuncia de Casaretto adquiere mayor voltaje político porque detrás del negocio de los tragamonedas está el empresario Cristobal López, cercano al ex presidente Néstor Kirchner. Aún está fresca una controvertida decisión que tomó Kirchner poco antes de dejar la Presidencia: el haberle prorrogando a López la concesión de las tragamonedas de Palermo hasta 2032, determinación que suscitó críticas en la oposición y el anuncio de una investigación parlamentaria que todavía está en ciernes.
El cuadro de situación que se dibujó en un despacho eclesiástico fue el siguiente: "Como no pueden abrirse nuevos bingos en la Provincia, la idea es trasladar los de Zárate y Campana, con el agregado clave de los tragamonedas, a Vicente López y San Isidro". Se aseguró, incluso, que los nuevos emplazamientos no respetarían la distancia mínima que debe haber con el cercano casino de Tigre: 150 kilómetros.