Una de las principales cámaras de frigoríficos denunció, en medio de las negociaciones para frenar los aumentos de precios de la carne, que recibió amenazas e intimidaciones por parte del polémico funcionario.

La denuncia provino de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), que agrupa a los frigoríficos que se dedican esencialmente a abastecer el mercado interno.

La sorpresa vino del clásico informe mensual que, esta vez, al comentario sobre la actualidad del mercado en su primera página se lo reemplazó por un duro editorial. "Tan duro como la realidad", graficó el presidente de la entidad, Miguel Schiaritti.

Ciccra denunció, apuntando directamente al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que unos afiliados a Ciccra recibieron llamadas intimidatorias de la Secretaría de Comercio Interior. "Es decir, los funcionarios, cuyo tiempo y esfuerzo pagamos todos los argentinos, que debieran dedicarse a otros menesteres, se entretienen presionando a los empresarios que se atreven a discrepar del parecer del titular del organismo", asegura el diario La Nación sobre el informe.

"Cinco veces vinieron los inspectores de Comercio en un día, invocando dos leyes y pidiendo el listado de socios. Y Moreno después llamó a dos o tres socios, de los que no se cómo consiguió el teléfono, para intimidarlos", detalló Schiaritti en el matutino porteño.

Todo comenzó el miércoles, cuando Moreno "eludió" reunirse con los representantes de Ciccra y selló un nuevo acuerdo por el precio de la carne con Jorge Martínez, para luego concurrir al despacho del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y "presentarlo como un delegado de Ciccra, portador de la adhesión de la entidad a su propuesta".

Ciccra aclaró que no aprobaba la propuesta de Moreno. La respuesta fue el envío de un equipo de inspectores que pidió el listado de todos los miembros y asociados de la Cámara.

Según el documento, los inspectores invocaron la ley de lealtad comercial, de mayo de 1983, y la polémica ley de abastecimiento, de junio de 1974, el principal sustento legal de las acciones de Moreno sobre las empresas. Ninguna de las dos normas le permite a Moreno conocer la información que solicitó, sostiene Ciccra. Junto con los inspectores, llegaron las llamadas por teléfono.

La nota de Ciccra, de nueve párrafos, pide hacia el final "un ámbito de discusión que permita fijar acuerdos básicos para encarar un desarrollo sostenido", y da cuenta de una visión cortoplacista en los acuerdos alcanzados en los últimos meses: "Hasta el momento, nos abocamos a soluciones parciales para obtener resultados inmediatos, cuando debemos apuntar a soluciones de mayor alcance".

"Por este motivo -cierra el editorial-, lamentamos la extemporánea conducta de un funcionario que debería aportar su sensatez y entendimiento al desarrollo de políticas provechosas para el país, en lugar de demorarse en persecuciones inconducentes. Estamos seguros de que la prepotencia no genera riquezas ni las amenazas aumentan la producción".

Este nuevo enfrentamiento ocurre en medio de las negociaciones por un nuevo acuerdo para contener las subas en el precio de la carne, problema que se agravó en 2006, cuando el Gobierno decidió cerrar las exportaciones y que, por ahora, ni el Gobierno ni los empresarios han podido resolver.

Mientras las peleas internas siguen los precios en los mostradores suben, y los mismos perjudicados, entre berrinches y un poco de show por parte de los funcionarios, siguen siendo los consumidores.