Más que complicada está la situación del actual intendente de Pinamar, Roberto Porretti. A las acusaciones públicas y las denuncias efectuadas, ahora se sumó un allanamiento en su despacho y el rechazo a su derecho de descargo.

Esta mañana, la fiscal María Fernanda Hachman encabezó un operativo en la Intendencia de Pinamar y realizó pericias oculares en esa sede comunal.

La funcionaria llegó acompañada por un grupo de agentes de la Policía Científica. Se realizaron pericias en el lugar en el que fue filmado un video que revelaría un presunto pedido de extorsión a empresarios.

Por otro lado, el intendente no quiso avalar una notificación de la Comisión Investigadora que le concedió un plazo de diez días para efectuar descargos y aportar pruebas en su defensa.

El presidente del Concejo Deliberante, Rafael de Vito, señaló que "el intendente se negó a firmar" la notificación de la Comisión, por lo que varios concejales se dirigían a una escribanía para dejar asentada la situación.

"El intendente simplemente se excusó. Ahora vamos a ir a la escribanía para terminar el acta, y después informamos en el Concejo", dijo De Vito.

Ayer, el Concejo Deliberante de Pinamar creó una Comisión Investigadora para seguir el caso de Porretti, quien está envuelto desde hace una semana en un escándalo de corrupción, acusado de extorsión.

La denuncia que involucra a Porretti desde hace una semana la hicieron dos empresarios de la noche, Rubén Cameroni y Javier Porjolovsky, dueños de las discos Ku y El Alma, quienes con una cámara oculta grabaron supuestas reuniones que mantuvieron con los funcionarios (además de Porretti estaría involucrado el secretario de Gobierno, Aldo Leonián) en las que les habrían pedido una coima de 175 mil pesos para no molestarlos con inspecciones y clausuras.