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Delegación argentina va a La Haya a esperar decisión sobre papeleras
La corte internacional se pronunciará el jueves sobre el pedido para que se frene la construcción de las pasteras
11 de julio de 2006
Una delegación de la Cancillería partirá esta tarde con destino a La Haya, la ciudad holandesa sede del tribunal internacional, a la espera de la decisión que tomará la Corte Internacional de Justicia sobre el pedido argentino para que se ordene detener la construcción de las dos papeleras que se levantan en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
El jueves por la mañana (en la madrugada argentina), la Corte dará a conocer qué decide sobre el pedido de medidas precautorias que solicitó el gobierno de Néstor Kirchner en el marco de su planteo contra Montevideo por la presunta violación del Tratado del Río Uruguay.
El fallo del tribunal será vinculante y no sólo puede ser favorable a la Argentina –con lo cual deberían detenerse las obras en Fray Bentos mientras se sigue adelante con la cuestión de fondo del juicio- o contrario, sino que se admite también la posibilidad de que incluya una posición intermedia que haga concesiones a los argumentos de los dos países.
La delegación argentina está encabezada por la titular del área legal de la Cancillería, la embajadora Susana Ruiz Cerrutti, quien también encabezó el equipo que hizo la presentación ante La Haya el 8 y 9 de junio, y el director del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería, Horacio Basabe. En la ciudad holandesa se sumarán el embajador ante los Países Bajos, Santos Goñi Marenco, y los abogados Marcelo Kohen y Alain Pellet.
Los dos gobiernos ya comenzaron a analizar qué hacer después de que se conozca la decisión del tribunal. En Montevideo fuentes oficiales aseguran que la administración de Tabaré Vázquez está confiada en que el veredicto será a favor de Uruguay y sólo teme que vuelvan los cortes en Gualeguaychú.
Y en Buenos Aires, la flamante secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, anticipó que, si el fallo es contrario a la Argentina, una estrategia posible es presionar judicialmente al Banco Mundial y a las entidades privadas que mostraron interés en financiar las pasteras.