El Gobierno acusó hoy el golpe por el fallo de la Corte Suprema que abre la puerta para que 1.100.000 jubilados inicien un aluvión de juicios con el Estado para reclamar un reajuste de sus haberes, que podría costarle al Fisco unos 8.000 millones de pesos anuales y herir al defendido superávit fiscal.

Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, advirtió por la mañana que esos aumentos habilitados por el máximo tribunal no deberán poner en riesgo "el erario público ni el equilibrio fiscal".

Fernández hasta advirtió que "en estas cuestiones hay que ser cuidadosos porque si no, todo se convierte en un juego casi de libertinaje en el manejo de los fondos públicos".

Por la tarde, ya la preocupación oficial alcanzó niveles de alerta rojo, cuando el jefe de la bancada de senadores kirchneristas, Miguel Angel Pichetto, salió a denunciar que los ministros de la Corte actúan movidos por "intereses personales"
cuando dictan fallos como el de la actualización de haberes a jubilados.

Pichetto -un hombre que interpreta el pensamiento de la presidenta electa, Cristina Fernández- dijo que el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, así como otros integrantes del alto Tribunal, "actúan en función de sus prestigios personales", al
criticar el fallo.

El senador sostuvo que los jueces "muchas veces actúan en función de su prestigio personal", y reclamó "trabajar en función de los intereses del país".

Incluso, Pichetto pidió "tener cuidado con el principio de división de poderes, y cuidado con el cogobierno de los jueces", porque Argentina no es todavía Dinamarca".

Igual, tras conocer el fallo, el Gobierno se comprometió a implementar un "índice de actualización" para ajustar los haberes de la clase pasiva, pero el jefe de Gabinete recordó una acordada anteriuor del máximo tribunal en la cual se señalaba que la
actualización no podía realizarse en perjuicio del "equilibrio fiscal".

Es que, a partir del fallo de la Corte, un millón de jubilados y pensionados estarían en condiciones de reclamar un ajuste en sus haberes, es decir aquellos que en el período 2002 y 2006 recibieron aumentos inferiores al 88,6 por ciento.

El fallo de la Corte fue dictado en el conocido caso Badaro, por el cual obliga al Estado a ajustarle su jubilación ya que tuvo ajustes inferiores.

Fernández aclaró que el fallo del Superior Tribunal se "aplica sólo para ese caso" en referencia a Badaro y consideró que la sentencia "no sienta un precedente".

El fallo obliga a los tribunales inferiores a adoptar la misma postura, pero para eso los jubilados deberín primero iniciar un reclamo en ANSeS, luego apelar ante la Justicia y llegar a la Corte.

Sin embargo, las declaraciones de Fernández dejan en claro que el Gobierno implementará un mecanismo para beneficiar a todos los jubilados que potencialmente se encuentren alcanzados por el fallo.

En esa situación se encuentran alrededor de 1,1 millón de jubilados y pensionados que en diciembre de 2001 cobraban por encima de la mínima de 250 pesos pero recibieron ajustes inferiores al 88,6 por ciento hasta 2006 y ahora podrán reclamar la diferencia.

Según estimaciones privadas, el Estado tendría que destinar 8.000 millones de pesos anuales para actualizar masivamente las jubilaciones de acuerdo con los criterios fijados por la Corte Suprema y además, otros 7.000 millones para cubrir el pago de los
retroactivos entre 2002 y 2006.

"Habrá que buscar cómo se sale de esta situación que se ha creado poniendo un índice que de ningún modo comprometa el erario público", explicó Fernández, en declaraciones radiales.

Respecto de este índice, aclaró que se debe "resolver cuál va a ser el inicio de autorización del año entrante que todavía no está resuelto".

Agregó que la Corte en su resolución "le dice al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación en verdad, que dicte una norma que establezca un índice de actualización de las
jubilaciones".

"Yo había celebrado un fallo anterior en esta misma Cámara donde la Corte también había sentado un principio que decía que la actualización de las jubilaciones no se podía hacer en desmedro del gasto público", recordó el funcionario.

Al respecto, agregó que "esa lógica" es la que se va a seguir aplicando, porque "fue un concepto valioso de la Corte Suprema", dado que "si no, todo se convierte en un juego casi de libertinaje del manejo de los fondos públicos".

"Me quedo con aquella idea que también es una norma de jurisprudencia que dictó la Corte Suprema, que decía que la actualización de las jubilaciones de ningún modo podía hacerse en perjuicio del equilibrio fiscal", remarcó Fernández.