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Miceli estaría inhabilitada para trabajar con Bonafini
Es por una ley de Ética Pública que entre sus artículos deja en claro que los ex ministros, hasta un año después de terminar su gestión, no pueden realizar ciertos trabajos
21 de noviembre de 2007
La ex ministra de Economía Felisa Miceli no podría trabajar con Madres de Plaza de Mayo porque la ley de Ética Pública que entre sus artículos deja en claro que los ex ministros en la Argentina, hasta un año después de terminar su gestión, deben tomar algunos recaudos en sus futuros trabajos.
Y es que el artículo 46 de esta ley que se sancionó con el decreto 41/99 durante el gobierno de Carlos Menem prohíbe a todo funcionario, durante la vigencia de su cargo o un año después de su egreso, “efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempañado”.
La ex ministro de Economía Felisa Miceli, quien aún debe una explicación por la aparición de una bolsa con $100.000 y U$S 30.000 en su despacho, lo que la obligó a abandonar su cargo en julio y enfrentar una acusación por corrupción, al parecer, aún no podría hacerse cargo de las cuentas de las Madres de Plaza de Mayo, lideradas por Hebe de Bonafini.
Esta semana se había oficializado el anuncio, y Miceli incluso se mostró contenta de trabajar como contadora de la agrupación que entre sus actividades apunta a la construcción de viviendas en Ciudad Oculta, proyecto del cual Bonafini pretendía que la ex ministra del escándalo liderara.
La ley es clara al respecto. Según informa hoy Ámbito Financiero, la ex ministra fue la encargada de controlar los fondos que se otorgan cada año en el Presupuesto Nacional a las Madres de Plaza de Mayo y como relató Bonafini, también la artífice de un préstamo y otros aportes. Por tanto, pasar de un rol a otro para controlar las empresas de las Madres la dejan fuera de la normativa.
Y es que el artículo 46 de esta ley que se sancionó con el decreto 41/99 durante el gobierno de Carlos Menem prohíbe a todo funcionario, durante la vigencia de su cargo o un año después de su egreso, “efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempañado”.
La ex ministro de Economía Felisa Miceli, quien aún debe una explicación por la aparición de una bolsa con $100.000 y U$S 30.000 en su despacho, lo que la obligó a abandonar su cargo en julio y enfrentar una acusación por corrupción, al parecer, aún no podría hacerse cargo de las cuentas de las Madres de Plaza de Mayo, lideradas por Hebe de Bonafini.
Esta semana se había oficializado el anuncio, y Miceli incluso se mostró contenta de trabajar como contadora de la agrupación que entre sus actividades apunta a la construcción de viviendas en Ciudad Oculta, proyecto del cual Bonafini pretendía que la ex ministra del escándalo liderara.
La ley es clara al respecto. Según informa hoy Ámbito Financiero, la ex ministra fue la encargada de controlar los fondos que se otorgan cada año en el Presupuesto Nacional a las Madres de Plaza de Mayo y como relató Bonafini, también la artífice de un préstamo y otros aportes. Por tanto, pasar de un rol a otro para controlar las empresas de las Madres la dejan fuera de la normativa.