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Por Juan Carlos Tomasetti, jefe de asesores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados
Hace falta un nuevo debate sobre el financiamiento de la seguridad social
La discusión entre "sistema público de reparto solidario versus sistema privado de capitalización individual" está generando un desgaste de energías, recursos y tiempos que no permiten advertir la insuficiencia del alcance de esos cambios institucionales para resolver uno de los problemas clave: el financiamiento del sistema
20 de julio de 2004
Como ocurrió hace 35 años pero con una realidad distinta, en materia de seguridad social una vez más los argentinos hacemos que el árbol nos tape el bosque, y nada debatimos o hacemos por el financiamiento de la seguridad social, que es la misma problemática que subsiste mucho más agravada.
Desde hace 10 años estamos debatiendo si a la seguridad social la debe administrar el sector público o el sector privado. Hace 35 años debatíamos sobre el rol de los aspectos jurídicos y económicos en la seguridad social, sobre la centralización o descentralización de la operatoria y la recaudación, mientras tanto fuimos improvisamos nuevos recursos (en los ‘80 fue la participación del IVA generalizado, en los ‘90 un porcentaje de los ingresos por privatizaciones); impusimos tributos con efectos distorsivos (impuesto al cheque); y asignamos específicamente a la seguridad social distintos porcentajes de participación directa en la recaudación de casi todos los impuestos vigentes, disminuyendo de manera arbitraria e inequitativa la masa coparticipable, lo que puede observarse claramente en el denominado “laberinto de la coparticipación“.
Casi simultáneamente fuimos produciendo modificaciones coyunturales en las edades y requisitos de las prestaciones, y también un sinnúmero de modificaciones en las alícuotas de los aportes y contribuciones (reduciendo y/o aumentando) en las denominadas políticas de flexibilización laboral, y/o en los planes de competitividad.
A todo ello debemos agregarle las inorgánicas y desordenadas transferencias (especialmente en materia financiera) de no todas las cajas de jubilaciones provinciales.
Hace 35 años, Europa ya debatía la problemática del financiamiento de los regimenes de seguridad social, cuya fortaleza se deterioraba continuamente a partir de la dinámica que se había iniciado en la ecuación activos/ pasivos, (maduración fuerte de la pirámide poblacional - aumento gradual del desempleo) tema hoy no resuelto.
Sin embargo, ese fenómeno no los indujo a riesgosas o improvisadas transformaciones institucionales de sus sistemas, tampoco a efectuar remiendos coyunturales que a la larga agravarían más la situación existente.
Ellos tenían muy claro que la problemática estaba en el financiamiento de los sistemas, y que esa era el dificilísimo problema de fondo a resolver.
Es impostergable una vez más, concretar de manera estructural cual será nuestro sistema de seguridad social para las próximas generaciones, y entonces definir el sistema de financiamiento y las fuentes de financiamiento del mismo.
El debate paradigmático entre "sistema público de reparto solidario versus sistema privado de capitalización individual" está generando un desgaste de energías, recursos y tiempos, críticos, que no permiten advertir la insuficiencia del alcance de esos cambios institucionales para resolver uno de los problemas existenciales, como es el financiamiento del sistema.
En un trabajo de investigación publicado en 1974 por el IERAL, afirmábamos: ”El nuevo sistema deberá operar básicamente como régimen público obligatorio, con cotizaciones bipartitas, iguales o inferiores a las vigentes, integradas con fuentes tributarias especificas y exclusivas, cuyo financiamiento será factible en el largo plazo a nivel de prestaciones básicas e iguales, para iguales actividades, oficios o funciones, para el universo de afiliados, integrado a un régimen de capitalización individual optativo, con cotizaciones adicionales a cargo exclusivo del afiliado y gestionado por organizaciones privadas”.
Cuando ingresamos en la tercera ola de las privatizaciones, creando el sistema privado de capitalización individual de jubilaciones y pensiones, cuyo objetivo era reemplazar totalmente en el tiempo al sistema público de reparto existente, se nos planteó un frecuente intercambio de opiniones con estudiosos y académicos en materia de seguridad social, de América Latina y de Europa.
Se formularon reiterados interrogantes sobre la factibilidad financiera, sobre los resultados y las proyecciones de mediano y largo plazo, sobre las alternativas de inversión y el rol del Estado, y en conclusión se exteriorizaba incertidumbre y preocupación sobre el tema, no se aceptaban los riesgos de las improvisaciones cuando se trata de las contingencias a que esta sujeto el hombre.
Por supuesto, no eran iguales las opiniones de los académicos y estudiosos de los aspectos monetarios y financieros, que pronosticaban el surgimiento de un significativo mercado de capitales al igual que en Chile, y cuyas inversiones destinadas a programas de desarrollo económico, se transformarían en mayores niveles de ingresos para la población, lo que aumentaría su capacidad de ahorro individual, y ello retroalimentaría el sistema que seguiría creciendo a la par del bienestar y la calidad de vida de la población.
La diferencia de conducta respecto del manejo de las finanzas públicas, entre Chile y nosotros, explica mucho, aunque no todo, lo que actualmente nos está pasando con el sistema de capitalización privado instrumentado en nuestro país.
Las mayores expectativas de vida y las menores tasas de natalidad elevan el universo de jubilados respecto del número de aportantes (agravado financieramente cuando se agrega el crecimiento del desempleo, bajas de los niveles remuneratorios, y trabajo informal) y ello debe crear un nuevo debate sobre el financiamiento de la seguridad social.
Son pocos los países que han abordado las consecuencias de esto, más allá de sus efectos mediatos sobre el financiamiento de los regímenes públicos de reparto.
Hasta la fecha, los debates y las acciones se han centrado en los aumentos de la edad de jubilación, la reducción de los niveles de prestación y el rol del sector privado, entre otros puntos.
Por ello, si bien mantenemos nuestra propuesta respecto de la adopción de un sistema mixto, también enfatizamos que el debate entre régimen público de reparto versus régimen privado de capitalización individual, no resuelve la verdadera problemática que debemos asumir definitivamente, que es el financiamiento del sistema, cualquiera sea el régimen adoptado.
Desde hace 10 años estamos debatiendo si a la seguridad social la debe administrar el sector público o el sector privado. Hace 35 años debatíamos sobre el rol de los aspectos jurídicos y económicos en la seguridad social, sobre la centralización o descentralización de la operatoria y la recaudación, mientras tanto fuimos improvisamos nuevos recursos (en los ‘80 fue la participación del IVA generalizado, en los ‘90 un porcentaje de los ingresos por privatizaciones); impusimos tributos con efectos distorsivos (impuesto al cheque); y asignamos específicamente a la seguridad social distintos porcentajes de participación directa en la recaudación de casi todos los impuestos vigentes, disminuyendo de manera arbitraria e inequitativa la masa coparticipable, lo que puede observarse claramente en el denominado “laberinto de la coparticipación“.
Casi simultáneamente fuimos produciendo modificaciones coyunturales en las edades y requisitos de las prestaciones, y también un sinnúmero de modificaciones en las alícuotas de los aportes y contribuciones (reduciendo y/o aumentando) en las denominadas políticas de flexibilización laboral, y/o en los planes de competitividad.
A todo ello debemos agregarle las inorgánicas y desordenadas transferencias (especialmente en materia financiera) de no todas las cajas de jubilaciones provinciales.
Hace 35 años, Europa ya debatía la problemática del financiamiento de los regimenes de seguridad social, cuya fortaleza se deterioraba continuamente a partir de la dinámica que se había iniciado en la ecuación activos/ pasivos, (maduración fuerte de la pirámide poblacional - aumento gradual del desempleo) tema hoy no resuelto.
Sin embargo, ese fenómeno no los indujo a riesgosas o improvisadas transformaciones institucionales de sus sistemas, tampoco a efectuar remiendos coyunturales que a la larga agravarían más la situación existente.
Ellos tenían muy claro que la problemática estaba en el financiamiento de los sistemas, y que esa era el dificilísimo problema de fondo a resolver.
Es impostergable una vez más, concretar de manera estructural cual será nuestro sistema de seguridad social para las próximas generaciones, y entonces definir el sistema de financiamiento y las fuentes de financiamiento del mismo.
El debate paradigmático entre "sistema público de reparto solidario versus sistema privado de capitalización individual" está generando un desgaste de energías, recursos y tiempos, críticos, que no permiten advertir la insuficiencia del alcance de esos cambios institucionales para resolver uno de los problemas existenciales, como es el financiamiento del sistema.
En un trabajo de investigación publicado en 1974 por el IERAL, afirmábamos: ”El nuevo sistema deberá operar básicamente como régimen público obligatorio, con cotizaciones bipartitas, iguales o inferiores a las vigentes, integradas con fuentes tributarias especificas y exclusivas, cuyo financiamiento será factible en el largo plazo a nivel de prestaciones básicas e iguales, para iguales actividades, oficios o funciones, para el universo de afiliados, integrado a un régimen de capitalización individual optativo, con cotizaciones adicionales a cargo exclusivo del afiliado y gestionado por organizaciones privadas”.
Cuando ingresamos en la tercera ola de las privatizaciones, creando el sistema privado de capitalización individual de jubilaciones y pensiones, cuyo objetivo era reemplazar totalmente en el tiempo al sistema público de reparto existente, se nos planteó un frecuente intercambio de opiniones con estudiosos y académicos en materia de seguridad social, de América Latina y de Europa.
Se formularon reiterados interrogantes sobre la factibilidad financiera, sobre los resultados y las proyecciones de mediano y largo plazo, sobre las alternativas de inversión y el rol del Estado, y en conclusión se exteriorizaba incertidumbre y preocupación sobre el tema, no se aceptaban los riesgos de las improvisaciones cuando se trata de las contingencias a que esta sujeto el hombre.
Por supuesto, no eran iguales las opiniones de los académicos y estudiosos de los aspectos monetarios y financieros, que pronosticaban el surgimiento de un significativo mercado de capitales al igual que en Chile, y cuyas inversiones destinadas a programas de desarrollo económico, se transformarían en mayores niveles de ingresos para la población, lo que aumentaría su capacidad de ahorro individual, y ello retroalimentaría el sistema que seguiría creciendo a la par del bienestar y la calidad de vida de la población.
La diferencia de conducta respecto del manejo de las finanzas públicas, entre Chile y nosotros, explica mucho, aunque no todo, lo que actualmente nos está pasando con el sistema de capitalización privado instrumentado en nuestro país.
Las mayores expectativas de vida y las menores tasas de natalidad elevan el universo de jubilados respecto del número de aportantes (agravado financieramente cuando se agrega el crecimiento del desempleo, bajas de los niveles remuneratorios, y trabajo informal) y ello debe crear un nuevo debate sobre el financiamiento de la seguridad social.
Son pocos los países que han abordado las consecuencias de esto, más allá de sus efectos mediatos sobre el financiamiento de los regímenes públicos de reparto.
Hasta la fecha, los debates y las acciones se han centrado en los aumentos de la edad de jubilación, la reducción de los niveles de prestación y el rol del sector privado, entre otros puntos.
Por ello, si bien mantenemos nuestra propuesta respecto de la adopción de un sistema mixto, también enfatizamos que el debate entre régimen público de reparto versus régimen privado de capitalización individual, no resuelve la verdadera problemática que debemos asumir definitivamente, que es el financiamiento del sistema, cualquiera sea el régimen adoptado.