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Informe de IDESA
Las grandes generan apenas 4 % del empleo
Las 500 empresas más grandes del país concentran un tercio de la producción y tres cuartas partes de las exportaciones, pero muy poco empleo
12 de noviembre de 2006
Este contraste es el reflejo de un mercado de trabajo fuertemente segmentado que se asocia con un patrón altamente regresivo de distribución del ingreso. Seguir estableciendo regulaciones laborales bajo la lógica de que serán aplicadas por las grandes empresas lleva a profundizar las inequidades sociales.
El mapa productivo argentino muestra profundas heterogeneidades. Uno de los factores más importante son las diferencias que existen entre las grandes empresas y los emprendimientos más pequeños. La escala o el tamaño inciden en cuestiones tales como la incorporación de tecnologías, el acceso a mercados y la capacidad financiera, administrativa y de lobby político. Esto lleva a que sean afectadas de diferente manera ante los mismos entornos económicos e institucionales.
La Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC releva información sobre las 500 empresas no financiera más grande del país. La información que presenta permite observar algunas tendencias interesantes para analizar las estrategias que diferencian a este segmento productivo del resto de la economía. Entre 1993 y 2004 se observa que:
· Las 500 empresas más grandes del país aumentaron su participación en el valor agregado total desde un 21% en 1993 al 33% en el 2004.
· Su participación en las exportaciones de bienes pasó del 56% al 77%.
· Su participación en el empleo total bajó desde 5,5% en 1993 a 4% en el 2004.
Los datos muestran la fuerte concentración de la producción que se produce en este reducido grupo de empresas. No sólo generan más de un tercio del total de los bienes y servicios producidos sino que también juegan un rol decisivo en cuestiones claves como el superávit comercial, a través de las exportaciones, y el superávit fiscal, por ser los principales contribuyentes. En este contexto, llama la atención que tengan un rol tan limitado como generadores de puestos de trabajo directos.
A lo largo del tiempo se observa que las grandes empresas son más dinámicas para adaptarse a los entornos económicos e institucionales. Por ejemplo, frente a las condiciones favorables que generaron la devaluación y los precios internaciones reaccionaron muy rápidamente al punto tal que la mayor parte del crecimiento de las exportaciones que tuvo el país se explica gracias a este segmento productivo.
En sentido contrario, frente a un marco regulatorio que introduce crecientes inseguridades jurídicas y sobrecostos, los datos sugieren que sus estrategias de contratación de mano de obra han sido cada vez más conservadoras. En este sentido, además de la declinación en el nivel de empleo resulta igualmente notable que la participación de los costos laborales en el valor de la producción de estas empresas pasó del 20,5% en 1993 a apenas el 8% en el 2004.
En otras palabras, esto implica que las normas laborales son aplicables a todas las empresas en condiciones muy similares; sin embargo, sus impactos son muy diferentes según la envergadura de la empresa.
Entre los pequeños emprendimientos, las altas imposiciones al trabajo, la litigiosidad y los trámites burocráticos inducen a la informalidad.
Entre las grandes empresas, la estrategia parecería ser la de eludir estas cargas regulatorias a través de minimizar la cantidad de asalariados y extremar los recaudos antes de contratar un nuevo trabajador.
En este marco, probablemente, la situación más conflictiva sea para las empresas medianas dado que les es difícil apelar a la informalidad y muchas veces no tienen a su alcance las estrategias de recursos humanos que usan las empresas más grandes. Por diversas vías, el resultado es menos puestos de trabajo y de peor calidad.
Para construir una sociedad más integrada se requiere un mercado de trabajo menos segmentado. Por eso es clave en la instancia de formular la política laboral tener en cuenta que las regulaciones serán aplicadas por cientos de miles de pequeñas empresas que generan la mayor parte del empleo y que no tienen ni las potencialidades ni los recursos con que cuentan las grandes empresas.
Según el informe de IDESA, esto no significa claudicar frente al objetivo de redistribuir ingresos desde el núcleo más moderno y dinámico de la economía hacia el resto de la sociedad. Simplemente, se trata de reconocer que esto no se va a cumplir con normas laborales onerosas y litigiosas (que las grandes empresas han demostrado gran capacidad para eludir) sino con un buen diseño y administración del sistema tributario.
El mapa productivo argentino muestra profundas heterogeneidades. Uno de los factores más importante son las diferencias que existen entre las grandes empresas y los emprendimientos más pequeños. La escala o el tamaño inciden en cuestiones tales como la incorporación de tecnologías, el acceso a mercados y la capacidad financiera, administrativa y de lobby político. Esto lleva a que sean afectadas de diferente manera ante los mismos entornos económicos e institucionales.
La Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC releva información sobre las 500 empresas no financiera más grande del país. La información que presenta permite observar algunas tendencias interesantes para analizar las estrategias que diferencian a este segmento productivo del resto de la economía. Entre 1993 y 2004 se observa que:
· Las 500 empresas más grandes del país aumentaron su participación en el valor agregado total desde un 21% en 1993 al 33% en el 2004.
· Su participación en las exportaciones de bienes pasó del 56% al 77%.
· Su participación en el empleo total bajó desde 5,5% en 1993 a 4% en el 2004.
Los datos muestran la fuerte concentración de la producción que se produce en este reducido grupo de empresas. No sólo generan más de un tercio del total de los bienes y servicios producidos sino que también juegan un rol decisivo en cuestiones claves como el superávit comercial, a través de las exportaciones, y el superávit fiscal, por ser los principales contribuyentes. En este contexto, llama la atención que tengan un rol tan limitado como generadores de puestos de trabajo directos.
A lo largo del tiempo se observa que las grandes empresas son más dinámicas para adaptarse a los entornos económicos e institucionales. Por ejemplo, frente a las condiciones favorables que generaron la devaluación y los precios internaciones reaccionaron muy rápidamente al punto tal que la mayor parte del crecimiento de las exportaciones que tuvo el país se explica gracias a este segmento productivo.
En sentido contrario, frente a un marco regulatorio que introduce crecientes inseguridades jurídicas y sobrecostos, los datos sugieren que sus estrategias de contratación de mano de obra han sido cada vez más conservadoras. En este sentido, además de la declinación en el nivel de empleo resulta igualmente notable que la participación de los costos laborales en el valor de la producción de estas empresas pasó del 20,5% en 1993 a apenas el 8% en el 2004.
En otras palabras, esto implica que las normas laborales son aplicables a todas las empresas en condiciones muy similares; sin embargo, sus impactos son muy diferentes según la envergadura de la empresa.
Entre los pequeños emprendimientos, las altas imposiciones al trabajo, la litigiosidad y los trámites burocráticos inducen a la informalidad.
Entre las grandes empresas, la estrategia parecería ser la de eludir estas cargas regulatorias a través de minimizar la cantidad de asalariados y extremar los recaudos antes de contratar un nuevo trabajador.
En este marco, probablemente, la situación más conflictiva sea para las empresas medianas dado que les es difícil apelar a la informalidad y muchas veces no tienen a su alcance las estrategias de recursos humanos que usan las empresas más grandes. Por diversas vías, el resultado es menos puestos de trabajo y de peor calidad.
Para construir una sociedad más integrada se requiere un mercado de trabajo menos segmentado. Por eso es clave en la instancia de formular la política laboral tener en cuenta que las regulaciones serán aplicadas por cientos de miles de pequeñas empresas que generan la mayor parte del empleo y que no tienen ni las potencialidades ni los recursos con que cuentan las grandes empresas.
Según el informe de IDESA, esto no significa claudicar frente al objetivo de redistribuir ingresos desde el núcleo más moderno y dinámico de la economía hacia el resto de la sociedad. Simplemente, se trata de reconocer que esto no se va a cumplir con normas laborales onerosas y litigiosas (que las grandes empresas han demostrado gran capacidad para eludir) sino con un buen diseño y administración del sistema tributario.