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Por Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación
Rescatar al Estado para alcanzar el desarrollo con equidad
El ombudsman sostiene que es necesario dar prioridad a las “reformas de segunda generación”, destinadas a fortalecer los lazos entre el Estado y la sociedad civil
9 de mayo de 2004
La brutal caída del modelo económico, que signó nuestra vida durante los años ’90, ha llevado a que los argentinos revaloricemos las instituciones y los bienes públicos. Hoy redescubrimos la importancia de la seguridad urbana, de una justicia independiente, de una educación que funcione como instrumento de cohesión y ascenso social, de una administración austera y transparente. Se trata de bienes públicos, todos en crisis por el desmantelamiento del Estado y el consecuente abandono de sus funciones esenciales durante la década pasada, fruto de una gestión política que careció de una visión estratégica que le permitiera al país preservar una dinámica de desarrollo sustentable.
Los argentinos han demostrado en forma cabal su firme compromiso con la democracia pero, al mismo tiempo, lo dicen las encuestas, reclaman cambios que le aporten al sistema cuotas de justicia, equidad, transparencia y ética, un contenido que hoy no perciben. En armonía con esa demanda se vislumbra en la dirigencia política, pero también en influyentes sectores del ámbito privado, un sincero compromiso con una agenda de reformas destinadas a vigorizar las instituciones, legitimar la representatividad de los partidos y recuperar al Estado como gestor eficaz del interés común, requisitos, todos, primordiales para robustecer nuestra democracia.
La deserción del Estado respecto de sus funciones básicas contribuyó a crear un escenario de fragilidad institucional. Ese vacío de gestión dio lugar a “zonas liberadas” en el que las referencias éticas y ejecutivas que imponen las instituciones fueron reemplazadas por la informalidad, por la ausencia de regulaciones básicas, por el accionar de grupos organizados para usufructuar los intereses de pocos allí donde deben consumarse las aspiraciones colectivas. Los efectos de esa experiencia están a la vista y los padecemos todos: debilidad institucional; un Estado “bobo”, con evidentes limitaciones para gestionar el interés público; desnacionalización, primarización y concentración de la economía; empobrecimiento masivo y aumento de la marginalidad social.
Para revertir esa triste y compleja realidad es necesario que los dirigentes demos prioridad a las reformas pendientes, las denominadas “reformas de segunda generación”, destinadas a fortalecer los lazos entre el Estado y la sociedad civil. Su ejecución representará un paso primordial para recrear un estado de derecho legitimado y vigorizado, para generar una institucionalidad permanente, fuerte, representativa y eficaz; condiciones esenciales para cimentar una sociedad justa, cohesionada y libre.
Las “reformas de segunda generación” apuntan a mejorar la calidad institucional, hacer más eficientes las prestaciones del Estado, fortalecer el espacio público, facilitar el control de la sociedad sobre la gestión pública, combatir la pobreza, promover la redistribución equitativa de los ingresos para favorecer la cohesión social. Abarcan un dietario que contempla asuntos cruciales, de cuya resolución depende la posibilidad de que avancemos efectivamente hacia una democracia robustecida, equitativa e incluyente. Por ese motivo, quiero subrayar las materias a las que considero clave y a las que, opino, los dirigentes deberíamos abocarnos de manera prioritaria:
- Rescatar al Estado como actor insustituible para crear una dinámica de desarrollo sustentable y con equidad. No necesitamos el Estado omnipotente y omnipresente de antes, sino un agente dinámico, eficaz, capaz de gestionar el interés nacional y crear confianza y condiciones económicas para la inversión privada.
- Recuperar la educación pública. La educación es un derecho inalienable de las personas y el compromiso del Estado con el mismo resulta decisivo para edificar una sociedad moderna, justa y libre.
- Promover una cultura de emprendedores. De la mano de la revalorización de la educación pública se debe impulsar un cambio cultural que nos lleve de la sociedad de demandantes, que somos, a una sociedad de emprendedores. Es importante que todos aprendamos a pensar en qué podemos dar, aportar u ofrecer, antes que actuar como meros demandantes.
- Crear capital social allí donde hoy existen personas marginadas. Son necesarias políticas activas que faciliten la inserción productiva y la inclusión social de las personas en condiciones de pobreza extrema. Se deben aplicar planes orientados a fomentar su capacitación, así como la confianza en sus posibilidades.
- Calidad institucional. Mejorar las prestaciones del Estado; vigorizar la filiación de la sociedad con las instituciones, de tal modo de contribuir a su afianzamiento y modernización.
- Revalorizar a la política como agente organizador del espacio público. Avanzar hacia una reforma política que implique el fortalecimiento de los partidos y legitime el régimen de representación. También, que establezca reglas claras para el financiamiento del sistema y herramientas de control para vigilar su aplicación.
- Fomentar el compromiso efectivo de los ciudadanos con la esfera pública de acción, promover espacios y mecanismos de participación. Se necesita un marco institucional que favorezca la interacción entre las distintas expresiones de la sociedad civil y las instituciones.
- Recuperar la seguridad cotidiana. A partir de la premisa de “seguridad con democracia” –se puede tener seguridad, sin represión pero sin renegar de un elemental ejercicio de autoridad, todo ello sin rozar los pilares de la democracia-, aplicar una política integral que atienda el contexto de inequidad social existente.
- Alentar el uso racional y responsable de los recursos naturales. El Estado debe imponer medidas para, atendiendo a su interés por preservar los recursos del país, evitar la explotación abusiva y favorecer el aprovechamiento sustentable.
- Revalidar, cada día, la presencia de una cultura de los derechos humanos. El Estado debe garantizar nuestras prerrogativas esenciales, requisito para que, como sociedad, aspiraremos a un destino común en el que primen la dignidad, la solidaridad, la tolerancia y una verdadera igualdad de oportunidades.
Las “reformas de segunda generación”, por el tenor de sus contenidos y objetivos, no pueden aplicarse de forma vertical. Es necesario consensuarlas con los sectores involucrados para asegurar, así, su vigencia y efectividad. En principio, es condición fundamental involucrar en su gestación y ejecución a la sociedad, promover la participación activa del ciudadano con el fin de redimirlo de una extendida postura delegativa y descomprometida, propia de la democracia de baja intensidad que nos legó la experiencia de los ‘90.
Los argentinos han demostrado en forma cabal su firme compromiso con la democracia pero, al mismo tiempo, lo dicen las encuestas, reclaman cambios que le aporten al sistema cuotas de justicia, equidad, transparencia y ética, un contenido que hoy no perciben. En armonía con esa demanda se vislumbra en la dirigencia política, pero también en influyentes sectores del ámbito privado, un sincero compromiso con una agenda de reformas destinadas a vigorizar las instituciones, legitimar la representatividad de los partidos y recuperar al Estado como gestor eficaz del interés común, requisitos, todos, primordiales para robustecer nuestra democracia.
La deserción del Estado respecto de sus funciones básicas contribuyó a crear un escenario de fragilidad institucional. Ese vacío de gestión dio lugar a “zonas liberadas” en el que las referencias éticas y ejecutivas que imponen las instituciones fueron reemplazadas por la informalidad, por la ausencia de regulaciones básicas, por el accionar de grupos organizados para usufructuar los intereses de pocos allí donde deben consumarse las aspiraciones colectivas. Los efectos de esa experiencia están a la vista y los padecemos todos: debilidad institucional; un Estado “bobo”, con evidentes limitaciones para gestionar el interés público; desnacionalización, primarización y concentración de la economía; empobrecimiento masivo y aumento de la marginalidad social.
Para revertir esa triste y compleja realidad es necesario que los dirigentes demos prioridad a las reformas pendientes, las denominadas “reformas de segunda generación”, destinadas a fortalecer los lazos entre el Estado y la sociedad civil. Su ejecución representará un paso primordial para recrear un estado de derecho legitimado y vigorizado, para generar una institucionalidad permanente, fuerte, representativa y eficaz; condiciones esenciales para cimentar una sociedad justa, cohesionada y libre.
Las “reformas de segunda generación” apuntan a mejorar la calidad institucional, hacer más eficientes las prestaciones del Estado, fortalecer el espacio público, facilitar el control de la sociedad sobre la gestión pública, combatir la pobreza, promover la redistribución equitativa de los ingresos para favorecer la cohesión social. Abarcan un dietario que contempla asuntos cruciales, de cuya resolución depende la posibilidad de que avancemos efectivamente hacia una democracia robustecida, equitativa e incluyente. Por ese motivo, quiero subrayar las materias a las que considero clave y a las que, opino, los dirigentes deberíamos abocarnos de manera prioritaria:
- Rescatar al Estado como actor insustituible para crear una dinámica de desarrollo sustentable y con equidad. No necesitamos el Estado omnipotente y omnipresente de antes, sino un agente dinámico, eficaz, capaz de gestionar el interés nacional y crear confianza y condiciones económicas para la inversión privada.
- Recuperar la educación pública. La educación es un derecho inalienable de las personas y el compromiso del Estado con el mismo resulta decisivo para edificar una sociedad moderna, justa y libre.
- Promover una cultura de emprendedores. De la mano de la revalorización de la educación pública se debe impulsar un cambio cultural que nos lleve de la sociedad de demandantes, que somos, a una sociedad de emprendedores. Es importante que todos aprendamos a pensar en qué podemos dar, aportar u ofrecer, antes que actuar como meros demandantes.
- Crear capital social allí donde hoy existen personas marginadas. Son necesarias políticas activas que faciliten la inserción productiva y la inclusión social de las personas en condiciones de pobreza extrema. Se deben aplicar planes orientados a fomentar su capacitación, así como la confianza en sus posibilidades.
- Calidad institucional. Mejorar las prestaciones del Estado; vigorizar la filiación de la sociedad con las instituciones, de tal modo de contribuir a su afianzamiento y modernización.
- Revalorizar a la política como agente organizador del espacio público. Avanzar hacia una reforma política que implique el fortalecimiento de los partidos y legitime el régimen de representación. También, que establezca reglas claras para el financiamiento del sistema y herramientas de control para vigilar su aplicación.
- Fomentar el compromiso efectivo de los ciudadanos con la esfera pública de acción, promover espacios y mecanismos de participación. Se necesita un marco institucional que favorezca la interacción entre las distintas expresiones de la sociedad civil y las instituciones.
- Recuperar la seguridad cotidiana. A partir de la premisa de “seguridad con democracia” –se puede tener seguridad, sin represión pero sin renegar de un elemental ejercicio de autoridad, todo ello sin rozar los pilares de la democracia-, aplicar una política integral que atienda el contexto de inequidad social existente.
- Alentar el uso racional y responsable de los recursos naturales. El Estado debe imponer medidas para, atendiendo a su interés por preservar los recursos del país, evitar la explotación abusiva y favorecer el aprovechamiento sustentable.
- Revalidar, cada día, la presencia de una cultura de los derechos humanos. El Estado debe garantizar nuestras prerrogativas esenciales, requisito para que, como sociedad, aspiraremos a un destino común en el que primen la dignidad, la solidaridad, la tolerancia y una verdadera igualdad de oportunidades.
Las “reformas de segunda generación”, por el tenor de sus contenidos y objetivos, no pueden aplicarse de forma vertical. Es necesario consensuarlas con los sectores involucrados para asegurar, así, su vigencia y efectividad. En principio, es condición fundamental involucrar en su gestación y ejecución a la sociedad, promover la participación activa del ciudadano con el fin de redimirlo de una extendida postura delegativa y descomprometida, propia de la democracia de baja intensidad que nos legó la experiencia de los ‘90.