El caso del avión de la empresa nacional Medical Jet, que fue detenido en España con 944 kg de cocaína, refleja un hecho evidente y trascendental: la Argentina ya es un espacio clave para la geopolítica global de las drogas y un territorio cada vez más fértil para el avance de una asertiva criminalidad organizada de alcance transnacional.

Lo anterior exige tener, al menos, un diagnóstico preciso de nuestra situación concreta. Eso, a su vez, demanda eludir perspectivas dogmáticas (ya sean ideológicas o partidistas), miradas de corto plazo (sólo atentas a la coyuntura política o electoral) y medidas de eficacia simbólica (que nunca facilitan la eventual resolución de un problema agudo). Tres asuntos fundamentales ameritan un análisis ponderado.

En primer lugar, es importante reconocer que cada país "tiene" el narcotráfico que le "corresponde" de acuerdo con su particular experiencia histórica, social y política. Por ejemplo, las formas y lógicas que han conocido Colombia y México en cuanto a la evolución y expansión del narcotráfico son diferentes.

En el caso del país andino, los primeros poderosos carteles de las drogas emergieron y se encumbraron en el contexto de un proverbial debilitamiento del Estado, de una sociedad bastante fracturada, ante los ojos impasibles de las elites tradicionales y en un ambiente geoespacial de gran diversidad regional.

En el caso mexicano, los principales carteles de las drogas surgieron, en buena medida, con el consentimiento, a nivel federal y estadual, de un Estado centralizado y monopolizado por décadas por el aparato político-institucional del PRI (y sus sectores de apoyo) que, a pesar de que superficialmente mostraba signos de fortaleza, se encontraba en un proceso de enorme fragilidad ante el auge de la corrupción, el desquiciamiento policial, la parálisis de la Justicia, la desorientación del establishment mexicano y el silencio connivente de Washington.

Con sus respectivas especificidades, el desarrollo del narcotráfico en uno y otro país adquirió contornos dramáticos. En los dos casos, paradójicamente, la "desprotección" del Estado -entendida como la ausencia o el quiebre de algún rol, directo o indirecto, en el fenómeno de las drogas- fue un incentivo para una virulencia descontrolada entre mafias y contra las autoridades.

En Colombia, hubo dos claras mutaciones: de los grandes "carteles" se pasó a lo que algunos denominan boutique cartels o "cartelitos", al tiempo que los "barones de la droga" ( druglords ) se transformaron en "señores de la guerra" ( warlords ). Por su parte, las mafias mexicanas también muestran señales de adaptación, robusteciendo su presencia territorial, ampliando sus lazos externos gracias al persistente nivel de consumo de narcóticos en los Estados Unidos y al aumento de la demanda en Europa y reforzando su comportamiento gánsteril. Cabe recordar que en México la violencia ligada a las drogas produjo, según las cifras oficiales, 34.612 muertes entre 2006-2010.
El caso argentino

En el caso de la Argentina, la criminalidad organizada vinculada al narcotráfico es tributaria de otro tipo de dinámica: el entrelazamiento pandillas-policías-políticos, que es de larga data, pero ha ido creciendo con mayor autonomía, sofisticación y virulencia.

La lógica de acción de esta suerte de triple P es clara: las mafias necesitan zonas liberadas -cada vez mayores ante el repliegue del Estado- para manejar sus negocios ilícitos de diverso tipo; los cuerpos de seguridad cohonestan el despliegue territorial de la delincuencia, se nutren de recursos en la clandestinidad y avalan, de facto, la impunidad. Y los políticos de diversa talla -no son sólo los llamados "punteros" locales- validan la entente grupos criminales-fuerzas policiales, se benefician, a nivel municipal y provincial, de las transacciones ilegales y se despreocupan, en la práctica, de impulsar medidas para controlar la criminalidad nacional.

Nuestra triple P está prosperando ante los ojos de todos sin que nadie lo vea: se consolida, entonces, una "coalición del crimen" cada vez más difícil de erradicar.

Esto, sin embargo, no constituye una característica excepcional de los argentinos. Como bien lo recuerda el experto italiano en mafias Raimondo Catanzaro, la criminalidad organizada siempre, en todo tiempo y lugar, posee una doble faz: "Si por un lado siembra muerte, por otro distribuye riqueza".

En segundo lugar, es indispensable esclarecer en qué etapa de la evolución de esa criminalidad se encuentra la Argentina. Independientemente de los enfoques analíticos usados, los especialistas concuerdan en que transita tres etapas. Existe una fase "predatoria" inicial que se distingue por la afirmación territorial de grupos criminales que garantizan su poderío por medio de la violencia, y con ello logran defender su empresa ilícita, eliminar rivales, ganar presencia local y asegurar el monopolio privado de la fuerza.

Más adelante, surge una fase "parasitaria", que significa combinar violencia con cooptación social y distribución de algunos beneficios materiales: eso conduce a una notable influencia política y económica, mientras aumenta su capacidad corruptora y de tácita legitimación social.

Finalmente, se produce una fase "simbiótica": la criminalidad organizada consigue su afianzamiento cuando el sistema político y económico se torna dependiente del "parásito" -es decir, el crimen organizado- como éste de la estructura establecida. Si se alcanza este último estadio, se produce lo que llamo una pax mafiosa: la consolidación de una clase social criminal con capacidad y voluntad de establecer un tipo de orden determinado. No se trata de un modelo de ocupación del Estado central, sino de un tipo de pax en que una clase social maximiza su poder en los claroscuros de la intersección entre el Estado, la sociedad y el mercado.

En los inicios de la etapa predatoria, sería más pertinente hablar de bandas criminales; en la cúspide de la etapa simbiótica, es más adecuado hablar de una nueva clase social. A comienzos se está ante un hecho criminológico; al final se asiste a una cuestión sociológica. Por lo tanto, el nivel, grado y alcance de las políticas públicas para hacer frente al fenómeno de la criminalidad organizada debería reflejar ese salto cualitativo.

La orientación y solidez de esas políticas es lo primordial: ¿se pretende seriamente desmantelar el fenómeno o se procuran formas discretas de convivencia salpicadas por raptos de ataques impetuosos derivados de algunas demandas internas y presiones externas? El drama que subyace a este dilema es que ahora las fisuras entre las elites establecidas, los bajos niveles de cohesión social y la debilitación de los Estados prefiguran escenarios precarios, tanto para la lucha frontal como para la coexistencia temporal.

En consecuencia, es imperativa la configuración de una estrategia sistémica frente al asunto del crimen organizado que haga hincapié en sus efectos deletéreos para la gobernabilidad, que eluda la militarización de su enfrentamiento y que asuma que las perspectivas en extremo "soberanistas" para su tratamiento pueden resultar disfuncionales.

En tercer lugar, es relevante evitar la confusión y superposición de términos. Por ejemplo, desde el 11 de septiembre de 2001 en adelante, se han entrelazado -en ciertos círculos, y con mucha ligereza- drogas, terrorismo y criminalidad.

Los narcóticos constituyen un lucrativo negocio cuya matriz de origen se encuentra en un asunto básicamente cultural: la prohibición. El terrorismo no es un objetivo ni una ideología; es un método. El fenómeno terrorista es la expresión de un conflicto asimétrico en el que la contraparte débil procura, mediante el recurso a la violencia, una meta política: conquistar el poder.

La criminalidad organizada remite a grupos delictivos que operan en contextos funcionales para su desenvolvimiento, que procuran grandes beneficios mediante diversas actividades ilícitas y que se apegan, en general, al statu quo.

Esta criminalidad no pretende una transformación radical: la perpetuación de esquemas sociopolíticos dados tiende a facilitar su despliegue delincuencial y de allí su pragmatismo y orientación conservacionista.

Esta triple distinción es esencial, pues permite discernir mejor el tipo de políticas públicas que requiere cada fenómeno. Así, por ejemplo, se puede asumir una posición crítica frente a la "guerra contra las drogas" porque la evidencia disponible indica que las prácticas antinarcóticos vigentes en la región y el mundo son inefectivas e insensibles; ni resuelven las dificultades vinculadas a ese asunto ni demuestran compasión con los actores más damnificados.

Paralelamente, se puede tener una postura firme contra los grupos que recurren al terror, adentro y en el exterior, sin abrazar todo el repertorio represivo -y muchas veces, ineficaz y contraproducente- de la "guerra contra el terrorismo" que Estados Unidos aún proclama.

Y, a su vez, se puede ser vigoroso e inteligente en la lucha contra los grandes conglomerados criminales nacionales si se tiene la voluntad y la aptitud de hacer frente a su creciente poder; tarea imprescindible en el marco de la democracia y que requiere un activo respaldo de amplios sectores de la sociedad civil. Cabe aclarar, y subrayar, que pueden implementarse medidas categóricas y bien intencionadas con efectos imprevistos y negativos: reformas "totales" de los cuerpos de seguridad en medio de graves crisis en materia de criminalidad pueden generar, en lo inmediato, altos niveles de violencia, pues nadie "regula" la delincuencia.

En resumen, caben tres preguntas para el caso argentino. ¿En qué fase de la evolución del crimen organizado se encuentra el país? ¿Existe una estrategia integral para superar el avance de una delincuencia cada vez más compleja, asertiva y transnacional? ¿Se tiene una visión lúcida, interna e internacionalmente, respecto a la potencial confusión y manipulación del fenómeno de la criminalidad? La Argentina -su Estado y su sociedad- parece actuar como si estuviera incipientemente en la fase predatoria, al tiempo que existen evidencias -y el caso de la droga decomisada en Barcelona es un hecho adicional- de que el país ya atraviesa la fase parasitaria.

La reciente creación del Ministerio de Seguridad puede ser un hecho auspicioso para diseñar y coordinar una política holista frente al crimen organizado en el plano nacional. Las experiencias propias y las ajenas podrían servir para que los ministerios responsables en el plano interno y la Cancillería, en el plano externo, armonicen más y mejor una política de Estado frente a las drogas, el terrorismo y la criminalidad organizada.