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Por Aldo Abram, de la consultora Exante
¿Otro año sin acuerdo con el FMI?
Las legislativas de este año pueden sumar una complicación a las negociaciones con el Fondo. Cuanto más cerca estén los comicios, será más difícil cerrar una Carta de Intención exigente con el organismo.
9 de abril de 2005
Una vez cerrada la reestructuración de la deuda, muchos empezaron a temer por las mayores necesidades de financiamiento que los pagos de los nuevos pasivos implicarían para el gobierno.
Sin embargo, cuando se analizan los vencimientos, se observa que de acá al 2007 representan poco más de 10% del total, lo cual es lógico debido a que empiezan a pagar capital dentro de, por lo menos, 25 años. En una palabra, serán nuestros hijos y nietos los encargados de abonar esa deuda.
En realidad, los mayores pagos venideros corresponden a organismos internacionales (algo más de la mitad) y a la deuda emitida con posterioridad al default (cerca del 37%). De la primera, algo más del 70% son pagos al FMI.
Por lo tanto, pasa a ser relevante saber qué sucederá con la relación entre el gobierno y este organismo internacional.
Dado que no podía cumplir con todas las metas cualitativas a revisarse en el mes de junio de 2004 (las correspondientes a marzo de dicho año) ni en las posteriores, el gobierno decidió “no presentarse a examen” con el FMI hasta tener cerrado el proceso de reestructuración de deuda.
La apuesta era que, con una conclusión exitosa del mismo más un austero comportamiento fiscal y monetario, el organismo internacional haría la “vista gorda” y daría los pertinentes “waivers” sobre los 5 ó 6 objetivos cualitativos que no se habían alcanzado.
Mientras tanto, el gobierno pagaba todos los vencimientos no refinanciables, para evitar caer en cesación de pagos con el Fondo.
Una alternativa era que se presentara a la revisión ahora, en abril, y lograra su objetivo de que “le dieran por aprobada la materia”.
Esto hubiera significado la posibilidad de recuperar créditos por el monto de los pagos realizados hasta finales de marzo (US$ 2.800 millones).
Sin embargo, esta actitud tenía la contrapartida negativa de que condicionaba al gobierno en el proceso de negociación de las metas para 2005 y 2006, que están aún pendientes dentro del acuerdo vigente.
Hay que tener en cuenta que el PEN pretende mantener las metas fiscales de 2004, ofrecer metas de inflación bajas y ceder la menor cantidad de compromisos de reformas estructurales posibles.
Por ello, no extraña que haya decidido no presentarse a examen y que empecemos a dar por perdido el actual acuerdo y, por lo tanto, los recursos pagados durante el período de suspensión.
Para fortalecer más su posición, el gobierno estuvo pagando en los últimos meses vencimientos que eran refinanciables.
Es evidente que va a una negociación de un nuevo acuerdo, en el cual tratará de preservar “la soberanía nacional y la posibilidad de hacer políticas nacionales internas”.
En ese marco, está dispuesto a ceder solamente cierta reforma bancaria, publica y privada, y del sistema previsional, lejana a la pretendida por el FMI, y una reapertura del proceso de canje para los que quedaron afuera.
El problema es que la reacción del Fondo ha distado de la esperada por el PEN. Parece que no se dieron cuenta de que las condiciones no eran las mismas que en septiembre de 2003, cuando había que darle apoyo político a un gobierno democrático que se iniciaba y venía a resolver una crisis institucional.
Ahora, la situación política interna está consolidada y hay una gestión para evaluar, que ha generado algún desgaste de las relaciones dentro del organismo internacional y con los países líderes.
Además, el director de la institución, Rodrigo de Rato, parece tener en cuenta que, además de su rol de prestamista, existe uno mucho más importante, el de avalista de países irresponsables, que él debe preservar.
Por ello, para avalar a este tipo de naciones se deben poner condiciones que garanticen que se comportarán bien y que “hagan los deberes pendientes” para fortalecer sus economías.
Sin duda, el gran desprestigio en el que cayó el FMI en los últimos años, sobretodo desde la crisis argentina, fue por haber hecho demasiadas veces la “vista gorda”, priorizando la política, permitiendo violar metas fiscales y cualitativas o fijando algunas muy laxas.
La señal es que esto se acabó. Si la Argentina quiere un acuerdo, deberá tener mayores superávits en sus cuentas públicas, reencauzar su política inflacionaria, monetaria y cambiaria, consolidar verdaderamente el sistema financiero, reformar en serio la banca pública, el régimen previsional y avanzar en un sistema tributario y de Coparticipación Federal más eficiente.
De otra forma, puede seguir como hasta ahora, pagando lo no refinanciable y postergando por un año el resto de los vencimientos, sin caer en cesación de pagos con el Fondo.
¿Cuál será la respuesta del gobierno si esta dureza del organismo internacional se mantiene? Un gran problema son las elecciones y la lectura que surja de un eventual acuerdo.
Cuanto más cerca estén los comicios, será más difícil cerrar una carta de intención exigente. Por lo tanto, no extrañaría que llegáramos al proceso electoral sin acuerdo.
Esto no sería excesivamente grave, ya que el gobierno tendrá este año un superávit primario mayor al de 2004.
Refinanciando los vencimientos refinanciables, necesitaría colocar menos de $ 9.000 millones de nueva deuda para cubrir las necesidades de todo 2005.
Ante esta eventualidad, es conveniente la estrategia de realizar toda la emisión de títulos admitida en el Presupuesto lo antes posible, ya que hacia delante existen potenciales factores de riesgo externos e internos que podrían complicar la obtención de financiamiento.
Sin embargo, cuando se analizan los vencimientos, se observa que de acá al 2007 representan poco más de 10% del total, lo cual es lógico debido a que empiezan a pagar capital dentro de, por lo menos, 25 años. En una palabra, serán nuestros hijos y nietos los encargados de abonar esa deuda.
En realidad, los mayores pagos venideros corresponden a organismos internacionales (algo más de la mitad) y a la deuda emitida con posterioridad al default (cerca del 37%). De la primera, algo más del 70% son pagos al FMI.
Por lo tanto, pasa a ser relevante saber qué sucederá con la relación entre el gobierno y este organismo internacional.
Dado que no podía cumplir con todas las metas cualitativas a revisarse en el mes de junio de 2004 (las correspondientes a marzo de dicho año) ni en las posteriores, el gobierno decidió “no presentarse a examen” con el FMI hasta tener cerrado el proceso de reestructuración de deuda.
La apuesta era que, con una conclusión exitosa del mismo más un austero comportamiento fiscal y monetario, el organismo internacional haría la “vista gorda” y daría los pertinentes “waivers” sobre los 5 ó 6 objetivos cualitativos que no se habían alcanzado.
Mientras tanto, el gobierno pagaba todos los vencimientos no refinanciables, para evitar caer en cesación de pagos con el Fondo.
Una alternativa era que se presentara a la revisión ahora, en abril, y lograra su objetivo de que “le dieran por aprobada la materia”.
Esto hubiera significado la posibilidad de recuperar créditos por el monto de los pagos realizados hasta finales de marzo (US$ 2.800 millones).
Sin embargo, esta actitud tenía la contrapartida negativa de que condicionaba al gobierno en el proceso de negociación de las metas para 2005 y 2006, que están aún pendientes dentro del acuerdo vigente.
Hay que tener en cuenta que el PEN pretende mantener las metas fiscales de 2004, ofrecer metas de inflación bajas y ceder la menor cantidad de compromisos de reformas estructurales posibles.
Por ello, no extraña que haya decidido no presentarse a examen y que empecemos a dar por perdido el actual acuerdo y, por lo tanto, los recursos pagados durante el período de suspensión.
Para fortalecer más su posición, el gobierno estuvo pagando en los últimos meses vencimientos que eran refinanciables.
Es evidente que va a una negociación de un nuevo acuerdo, en el cual tratará de preservar “la soberanía nacional y la posibilidad de hacer políticas nacionales internas”.
En ese marco, está dispuesto a ceder solamente cierta reforma bancaria, publica y privada, y del sistema previsional, lejana a la pretendida por el FMI, y una reapertura del proceso de canje para los que quedaron afuera.
El problema es que la reacción del Fondo ha distado de la esperada por el PEN. Parece que no se dieron cuenta de que las condiciones no eran las mismas que en septiembre de 2003, cuando había que darle apoyo político a un gobierno democrático que se iniciaba y venía a resolver una crisis institucional.
Ahora, la situación política interna está consolidada y hay una gestión para evaluar, que ha generado algún desgaste de las relaciones dentro del organismo internacional y con los países líderes.
Además, el director de la institución, Rodrigo de Rato, parece tener en cuenta que, además de su rol de prestamista, existe uno mucho más importante, el de avalista de países irresponsables, que él debe preservar.
Por ello, para avalar a este tipo de naciones se deben poner condiciones que garanticen que se comportarán bien y que “hagan los deberes pendientes” para fortalecer sus economías.
Sin duda, el gran desprestigio en el que cayó el FMI en los últimos años, sobretodo desde la crisis argentina, fue por haber hecho demasiadas veces la “vista gorda”, priorizando la política, permitiendo violar metas fiscales y cualitativas o fijando algunas muy laxas.
La señal es que esto se acabó. Si la Argentina quiere un acuerdo, deberá tener mayores superávits en sus cuentas públicas, reencauzar su política inflacionaria, monetaria y cambiaria, consolidar verdaderamente el sistema financiero, reformar en serio la banca pública, el régimen previsional y avanzar en un sistema tributario y de Coparticipación Federal más eficiente.
De otra forma, puede seguir como hasta ahora, pagando lo no refinanciable y postergando por un año el resto de los vencimientos, sin caer en cesación de pagos con el Fondo.
¿Cuál será la respuesta del gobierno si esta dureza del organismo internacional se mantiene? Un gran problema son las elecciones y la lectura que surja de un eventual acuerdo.
Cuanto más cerca estén los comicios, será más difícil cerrar una carta de intención exigente. Por lo tanto, no extrañaría que llegáramos al proceso electoral sin acuerdo.
Esto no sería excesivamente grave, ya que el gobierno tendrá este año un superávit primario mayor al de 2004.
Refinanciando los vencimientos refinanciables, necesitaría colocar menos de $ 9.000 millones de nueva deuda para cubrir las necesidades de todo 2005.
Ante esta eventualidad, es conveniente la estrategia de realizar toda la emisión de títulos admitida en el Presupuesto lo antes posible, ya que hacia delante existen potenciales factores de riesgo externos e internos que podrían complicar la obtención de financiamiento.