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Por Joaquín Morales Solá
Presagios de una decadencia anunciada
Columna publicada en el diario La Nación
27 de diciembre de 2009
Tal vez sin Arturo Valenzuela y sus palabras no hubiera existido la reciente reunión de los Kirchner con empresarios en Olivos. Es probable que sin algunos aprestos de la Corte Suprema de Justicia nunca hubiera sucedido el acuerdo de Córdoba con el gobierno federal. Quizá sin la exhibición de una mayoría opositora en el Congreso, trabajosa y cambiante, el Gobierno no hubiera archivado por ahora los planes para nacionalizar las reservas petroleras y gasíferas; una insistente información sobre ese programa kirchnerista circulaba entre empresarios y políticos. Rudimentarios rastros de límites, aunque nadie da por seguro nada todavía.
La seguridad jurídica en la Argentina no es sólo un debate sobre nuevas o viejas teorías. Hay personas que expresan inseguridades con el solo peso de sus historias. Una de ellas es Guillermo Moreno; la otra es el jefe de Moreno, Néstor Kirchner. Las palabras chocan y se desintegran ante ellos.
Los dos suelen encontrar indispensables aliados para sus desmanes. Un aliado importante de Kirchner en los últimos días fue el juez Norberto Oyarbide, que corrió en ayuda del matrimonio presidencial en un comprometido caso judicial sobre su increíble fortuna. Si no hubiera apelación fiscal, esa investigación se tornaría "cosa juzgada" y no podría volver a ser juzgada nunca más.
Sabíamos que Oyarbide tiene relación frecuente con Javier Fernández, el funcionario más decisivo del kirchnerismo en el manejo de los jueces. Los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel aparecen con las mazmorras de la Inquisición, desde el Consejo de la Magistratura, sólo cuando ya ha fracasado la gestión disuasoria de Javier Fernández ante los jueces.
Sin embargo, en el caso del patrimonio de la familia gobernante habría existido otra intermediación. Tiene nombre y apellido: se trataría de Juan Carlos Fábrega, que es gerente general del Banco Nación. Viejo conocido de Oyarbide, es también un hombre que cuenta con la larga confianza de Néstor Kirchner. Fábrega es funcionario de carrera del banco y trabajó en la sucursal del Banco Nación en Río Gallegos cuando Kirchner era gobernador. Fábrega le prometió a Kirchner que lo ayudaría para que Oyarbide dictara antes de fin de año el sobreseimiento del matrimonio que gobierna. Lo hizo.
Ahora, Fábrega podría ser el próximo presidente del Banco Nación. En los primeros meses del año próximo debería ser renovado el mandato de Mercedes Marcó del Pont, actual presidenta de la institución bancaria. No hay muchas esperanzas de que eso suceda. Marcó del Pont tuvo varios roces reservados con los Kirchner por el manejo de los fondos del Banco Nación. Marcó del Pont es una aliada ideológica del kirchnerismo, pero no cree que los recursos del banco que administra sean de libre disponibilidad para la pareja presidencial. Es una diferencia crucial y definitiva en un vano océano de coincidencias.
La propia justicia federal no le deparó sólo alegrías a los Kirchner. Pasó inadvertido un fallo con alto contenido político de la jueza María Servini de Cubría que condenó al kirchnerista Luis D´Elía (tal vez el exponente más genuino de Kirchner) en un juicio que le hizo Eduardo Duhalde porque el ex piquetero lo vinculó con el tráfico de drogas. Es la única acusación que desquicia a Duhalde.
Duhalde creyó siempre que el propio Kirchner fue el jefe de aquella campaña que tuvo como pertinaz vocero a D´Elía. La reciente resolución de la jueza Servini de Cubría condenó al kirchnerista y, sobre todo, declaró de hecho que no existen los supuestos delitos que D´Elía le atribuyó a Duhalde. En medio del fárrago político, Duhalde recibió ese fallo como una especie de justicia poética para sus viejos entreveros con Kirchner.
Los Kirchner ya bajaron los brazos ante la Corte Suprema de Justicia. Buscaron aliados en todos los despachos del tribunal, pero no encontraron a nadie en condiciones de urdir una complicidad. Hace poco, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, estaba en el interior de su provincia divagando sobre la política con intendentes radicales. Un llamado urgente lo sobresaltó. Debía volar a Buenos Aires en el acto para firmar un acuerdo con el gobierno nacional por un antiguo reclamo de Córdoba por recursos que la Nación no había girado a la provincia. El gobierno de Schiaretti llevó ese reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.
Ya hace un par de meses, el máximo tribunal de justicia convocó a una audiencia de partes a funcionarios de la Nación y de Córdoba. Fueron Schiaretti y el ministro de Economía, Amado Boudou. El kirchnerismo tembló de furia por semejante intromisión en un terreno vedado para extraños, como lo es la distribución de los recursos fiscales. La Corte comprobó que más de la mitad de los fondos reclamados por Córdoba le correspondía, en efecto, a la provincia.
Estaban hechos los primeros borradores de una resolución del tribunal, ordenándole al gobierno nacional que depositara esos fondos en las cuentas de Córdoba, cuando algún rumor sobre tales preparativos le llegó al kirchnerismo. Ese fue el momento del llamado a Schiaretti. Córdoba se llevó más de 300 millones de pesos y suspendió el trámite judicial. Precavido, el kirchnerismo evitó enfrentarse con una decisión de la Corte inapelable e irreversible.
La oposición descubrió que esos tironeos sobre la cuestión federal son el mejor pegamento para todas las fracciones que la componen. El Gobierno vio el fantasma más temido cuando 37 senadores se presentaron ante la Corte Suprema en apoyo de seis planteos provinciales por temas referidos a la coparticipación de los recursos. Esos 37 senadores (algunos se presentarán por cuenta propia) son la mayoría estricta del Senado. La Corte prefiere ser, por ahora, mediadora y no árbitro entre la Nación y las provincias.
Debilitado políticamente, Kirchner recibió ahora la noticia de que los otros poderes lo amenazan con sacarle el manejo discrecional de los recursos fiscales, que fue desde siempre su gran herramienta para disciplinar y someter. ¿Qué le quedaría a él, que nunca brilló por la seducción política, si no tuviera el poder electoral, como no lo tiene, ni el control arbitrario de los dineros públicos? Nada. O muy poco.
Muchos sectores empresarios respiraron aliviados también cuando descubrieron esos límites embrionarios. Dirigentes opositores venían anticipando en reserva que Kirchner podría nacionalizar el petróleo y el gas como una manera de intentar reconquistar a la izquierda perdida en los últimos días. Nos preocupa Papel Prensa. Si Kirchner pudiera contra LA NACION y Clarín juntos, nosotros seremos pequeños animales en la mira del cazador , deslizó un importante empresario petrolero.
El problema de Kirchner, en ese caso, es la Constitución. Según ella, las reservas de petróleo y gas son de las provincias y no de la Nación. Fue simbólicamente importante que una docena de gobernadores (todos los de las provincias petroleras) haya asistido al reciente anuncio de YPF sobre la más importante inversión petrolera de los últimos años. Cuidaban lo suyo.
El otro problema es que Kirchner tampoco tiene plata. ¿Y cómo se podría expropiar sin plata? Menos Enarsa, que no tiene nada, todas las petroleras son privadas. El principal ejecutivo de YPF, Sebastián Eskenazi, deslizó ante los periodistas que hay aspectos de la seguridad jurídica que deben, dijo, "debatirse"; es decir, resolverse. Es más o menos lo mismo que había subrayado la poderosa Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) en su último documento público.
Hay maneras distintas de decir las cosas, desde Valenzuela hasta los empresarios argentinos. Kirchner y Moreno han llegado demasiado lejos. El auténtico enigma no es cómo lo hizo Kirchner, sino por qué la política, el peronismo y los empresarios lo dejaron hacer.
La seguridad jurídica en la Argentina no es sólo un debate sobre nuevas o viejas teorías. Hay personas que expresan inseguridades con el solo peso de sus historias. Una de ellas es Guillermo Moreno; la otra es el jefe de Moreno, Néstor Kirchner. Las palabras chocan y se desintegran ante ellos.
Los dos suelen encontrar indispensables aliados para sus desmanes. Un aliado importante de Kirchner en los últimos días fue el juez Norberto Oyarbide, que corrió en ayuda del matrimonio presidencial en un comprometido caso judicial sobre su increíble fortuna. Si no hubiera apelación fiscal, esa investigación se tornaría "cosa juzgada" y no podría volver a ser juzgada nunca más.
Sabíamos que Oyarbide tiene relación frecuente con Javier Fernández, el funcionario más decisivo del kirchnerismo en el manejo de los jueces. Los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel aparecen con las mazmorras de la Inquisición, desde el Consejo de la Magistratura, sólo cuando ya ha fracasado la gestión disuasoria de Javier Fernández ante los jueces.
Sin embargo, en el caso del patrimonio de la familia gobernante habría existido otra intermediación. Tiene nombre y apellido: se trataría de Juan Carlos Fábrega, que es gerente general del Banco Nación. Viejo conocido de Oyarbide, es también un hombre que cuenta con la larga confianza de Néstor Kirchner. Fábrega es funcionario de carrera del banco y trabajó en la sucursal del Banco Nación en Río Gallegos cuando Kirchner era gobernador. Fábrega le prometió a Kirchner que lo ayudaría para que Oyarbide dictara antes de fin de año el sobreseimiento del matrimonio que gobierna. Lo hizo.
Ahora, Fábrega podría ser el próximo presidente del Banco Nación. En los primeros meses del año próximo debería ser renovado el mandato de Mercedes Marcó del Pont, actual presidenta de la institución bancaria. No hay muchas esperanzas de que eso suceda. Marcó del Pont tuvo varios roces reservados con los Kirchner por el manejo de los fondos del Banco Nación. Marcó del Pont es una aliada ideológica del kirchnerismo, pero no cree que los recursos del banco que administra sean de libre disponibilidad para la pareja presidencial. Es una diferencia crucial y definitiva en un vano océano de coincidencias.
La propia justicia federal no le deparó sólo alegrías a los Kirchner. Pasó inadvertido un fallo con alto contenido político de la jueza María Servini de Cubría que condenó al kirchnerista Luis D´Elía (tal vez el exponente más genuino de Kirchner) en un juicio que le hizo Eduardo Duhalde porque el ex piquetero lo vinculó con el tráfico de drogas. Es la única acusación que desquicia a Duhalde.
Duhalde creyó siempre que el propio Kirchner fue el jefe de aquella campaña que tuvo como pertinaz vocero a D´Elía. La reciente resolución de la jueza Servini de Cubría condenó al kirchnerista y, sobre todo, declaró de hecho que no existen los supuestos delitos que D´Elía le atribuyó a Duhalde. En medio del fárrago político, Duhalde recibió ese fallo como una especie de justicia poética para sus viejos entreveros con Kirchner.
Los Kirchner ya bajaron los brazos ante la Corte Suprema de Justicia. Buscaron aliados en todos los despachos del tribunal, pero no encontraron a nadie en condiciones de urdir una complicidad. Hace poco, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, estaba en el interior de su provincia divagando sobre la política con intendentes radicales. Un llamado urgente lo sobresaltó. Debía volar a Buenos Aires en el acto para firmar un acuerdo con el gobierno nacional por un antiguo reclamo de Córdoba por recursos que la Nación no había girado a la provincia. El gobierno de Schiaretti llevó ese reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.
Ya hace un par de meses, el máximo tribunal de justicia convocó a una audiencia de partes a funcionarios de la Nación y de Córdoba. Fueron Schiaretti y el ministro de Economía, Amado Boudou. El kirchnerismo tembló de furia por semejante intromisión en un terreno vedado para extraños, como lo es la distribución de los recursos fiscales. La Corte comprobó que más de la mitad de los fondos reclamados por Córdoba le correspondía, en efecto, a la provincia.
Estaban hechos los primeros borradores de una resolución del tribunal, ordenándole al gobierno nacional que depositara esos fondos en las cuentas de Córdoba, cuando algún rumor sobre tales preparativos le llegó al kirchnerismo. Ese fue el momento del llamado a Schiaretti. Córdoba se llevó más de 300 millones de pesos y suspendió el trámite judicial. Precavido, el kirchnerismo evitó enfrentarse con una decisión de la Corte inapelable e irreversible.
La oposición descubrió que esos tironeos sobre la cuestión federal son el mejor pegamento para todas las fracciones que la componen. El Gobierno vio el fantasma más temido cuando 37 senadores se presentaron ante la Corte Suprema en apoyo de seis planteos provinciales por temas referidos a la coparticipación de los recursos. Esos 37 senadores (algunos se presentarán por cuenta propia) son la mayoría estricta del Senado. La Corte prefiere ser, por ahora, mediadora y no árbitro entre la Nación y las provincias.
Debilitado políticamente, Kirchner recibió ahora la noticia de que los otros poderes lo amenazan con sacarle el manejo discrecional de los recursos fiscales, que fue desde siempre su gran herramienta para disciplinar y someter. ¿Qué le quedaría a él, que nunca brilló por la seducción política, si no tuviera el poder electoral, como no lo tiene, ni el control arbitrario de los dineros públicos? Nada. O muy poco.
Muchos sectores empresarios respiraron aliviados también cuando descubrieron esos límites embrionarios. Dirigentes opositores venían anticipando en reserva que Kirchner podría nacionalizar el petróleo y el gas como una manera de intentar reconquistar a la izquierda perdida en los últimos días. Nos preocupa Papel Prensa. Si Kirchner pudiera contra LA NACION y Clarín juntos, nosotros seremos pequeños animales en la mira del cazador , deslizó un importante empresario petrolero.
El problema de Kirchner, en ese caso, es la Constitución. Según ella, las reservas de petróleo y gas son de las provincias y no de la Nación. Fue simbólicamente importante que una docena de gobernadores (todos los de las provincias petroleras) haya asistido al reciente anuncio de YPF sobre la más importante inversión petrolera de los últimos años. Cuidaban lo suyo.
El otro problema es que Kirchner tampoco tiene plata. ¿Y cómo se podría expropiar sin plata? Menos Enarsa, que no tiene nada, todas las petroleras son privadas. El principal ejecutivo de YPF, Sebastián Eskenazi, deslizó ante los periodistas que hay aspectos de la seguridad jurídica que deben, dijo, "debatirse"; es decir, resolverse. Es más o menos lo mismo que había subrayado la poderosa Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) en su último documento público.
Hay maneras distintas de decir las cosas, desde Valenzuela hasta los empresarios argentinos. Kirchner y Moreno han llegado demasiado lejos. El auténtico enigma no es cómo lo hizo Kirchner, sino por qué la política, el peronismo y los empresarios lo dejaron hacer.