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Por Manuel Solanet
Ideologías y retenciones
3 de julio de 2008
El traslado al Congreso del debate sobre las retenciones ha puesto en evidencia la existencia de concepciones ideológicas diferentes, tanto en el seno del propio peronismo como dentro de la oposición. En esencia hay dos tipos de visiones que responden a las dos formas que han predominado en el mundo de concebir el funcionamiento de la sociedad. Una de ellas, que suele imaginar los conflictos como lucha de clases, es la que sustentan el kirchnerismo y otras expresiones de la izquierda no oficialista.
Esta línea de pensamiento justifica la intervención del Estado para decidir cuándo hay una renta “extraordinaria” y acepta apropiarse de ella con supuestos fines redistributivos. La otra visión, que pone énfasis en los derechos individuales y el respeto a la propiedad, aboga por un sistema impositivo estable y de reglas uniformes.
Acepta que es el impuesto a las Ganancias con su carácter progresivo, el instrumento redistribuidor, y rechaza la intervención discrecional del Estado para decidir cual renta es extraordinaria y como capturarla mediante instrumentos especiales, por considerar que pueden ir hasta la confiscación.
Estas son las dos visiones clásicas que han dividido el pensamiento filosófico y político en el mundo en los dos últimos siglos y que lo hicieron físicamente desde 1917 hasta la caída del Muro de Berlín. En los últimos 20 años estas diferencias fueron en buena medida superadas, aún por los socialismos modernos. Por eso, parece un planteo perimido que un gobierno decida buscar y castigar rentas “extraordinarias”.
Se sabe que con este tipo de búsquedas y castigos resultan inaceptables abusos fiscales, que luego suelen vestirse con propósitos sociales pero que, en definitiva, lo que hacen es desalentar la iniciativa y ahuyentar a los más eficientes.
Estas reflexiones son aplicables a la aceptación o rechazo de las actuales retenciones sobre el agro. A nuestro juicio, lo que corresponde es preservar la competencia interna y externa y sostener un sistema impositivo progresivo, con reglas generales estables y previsibles. Una mayor rentabilidad originada en eficiencias especiales debería ser un premio para incentivar la inversión, la creación de tecnología y el aumento de la productividad. Cuando la mayor rentabilidad de la producción agropecuaria proviene de un aumento de los precios internacionales, habrá una incidencia progresiva del impuesto a las Ganancias y una valorización de las tierras.
Esto último podría beneficiar al Estado y a la comunidad a través de los impuestos inmobiliarios, que pueden aplicarse de una forma racional y previsible y no abusiva ni arbitraria como es el caso que el gobierno tome directamente un porcentaje de la venta bruta.
La equivocada concepción de definir desde un despacho cuales son rentas extraordinarias para capturarlas discrecionalmente lleva, como consecuencia, a intentar diferenciar productores pequeños de productores grandes, productores alejados de productores cercanos, productores de malas tierras de productores de buenas tierras, etc. Todo eso es más discrecionalidad e intervención. Se desarrolla así un discurso que supone buscar equidad, que suena políticamente correcto frente a los micrófonos, que alega la defensa de los más débiles y supone ir en contra de los grandes terratenientes o los demonizados pooles. A partir de allí se intentan sistemas diferenciales o escalonados de tributación o mecanismos de subsidios cruzados, que finalmente desembocan en el sometimiento político de aquellos que se supone favorecer, y además crean corrupción e ineficiencia. En la práctica se desalienta además la inversión y el desarrollo de empresas eficientes y altamente tecnificadas, que son las que dieron el gran impulso al agro argentino en las tres últimas décadas. Se termina matando a la gallina de los huevos de oro, sin por eso crear más riqueza. El resultado final será el de alimentos más caros y no más baratos.
Las líneas doctrinarias que separan estas dos visiones se han manifestado de diversas formas en los partidos de la oposición. Es natural que sea así ya que frente al kirchnerismo y unidos por el espanto, se han agrupado partidos que abarcan todo el arco ideológico, desde la izquierda a la derecha. La Argentina expone la atipicidad de un sistema político donde no predominan dos partidos ubicados con claridad uno en el centro izquierda y el otro en el centro derecha. El peronismo, actualmente en el poder, abarca todas las ideologías, aunque la cúpula gobernante esté hoy predominantemente influenciada por un grupo intelectual de izquierda, que incluso militó en los setenta en el terrorismo de signo marxista.
La heterogeneidad ideológica de la oposición es una realidad y no puede ser forzosa ni artificialmente superada. En los debates previos en las comisiones resultó evidente que varios partidos de la oposición aceptan el concepto de la apropiación de la renta extraordinaria con fines redistributivos. Esto les impide fundamentar con más claridad el rechazo del abuso fiscal del 11 de marzo pasado. Probablemente haya unidad opositora en la propuesta de suspender la Resolución 125 y en solicitar la responsabilidad exclusiva del Congreso para colocar retenciones y decidir alícuotas.
Esto es bueno e importante, pero si no hay profundidad conceptual, la cuestión deriva a la medición de márgenes y se convierte en un tema de números, en donde el gobierno expone una notable capacidad para manipular cifras y estadísticas y crear confusión. Estamos frente a un abuso fiscal que nació en la necesidad de caja y que fue orientado hacia las retenciones al agro debido a una concepción ideológica equivocada, hoy superada en casi todos los países evolucionados y respetuosos del derecho de propiedad. Logre o no Néstor Kirchner hacer aprobar su ley, el campo y los partidos de la oposición deberían profundizar y clarificar sus ideas y dar plena consistencia y fortaleza a su rechazo a la pretendida justificación de las retenciones basada en la captura de la renta extraordinaria.
Esta línea de pensamiento justifica la intervención del Estado para decidir cuándo hay una renta “extraordinaria” y acepta apropiarse de ella con supuestos fines redistributivos. La otra visión, que pone énfasis en los derechos individuales y el respeto a la propiedad, aboga por un sistema impositivo estable y de reglas uniformes.
Acepta que es el impuesto a las Ganancias con su carácter progresivo, el instrumento redistribuidor, y rechaza la intervención discrecional del Estado para decidir cual renta es extraordinaria y como capturarla mediante instrumentos especiales, por considerar que pueden ir hasta la confiscación.
Estas son las dos visiones clásicas que han dividido el pensamiento filosófico y político en el mundo en los dos últimos siglos y que lo hicieron físicamente desde 1917 hasta la caída del Muro de Berlín. En los últimos 20 años estas diferencias fueron en buena medida superadas, aún por los socialismos modernos. Por eso, parece un planteo perimido que un gobierno decida buscar y castigar rentas “extraordinarias”.
Se sabe que con este tipo de búsquedas y castigos resultan inaceptables abusos fiscales, que luego suelen vestirse con propósitos sociales pero que, en definitiva, lo que hacen es desalentar la iniciativa y ahuyentar a los más eficientes.
Estas reflexiones son aplicables a la aceptación o rechazo de las actuales retenciones sobre el agro. A nuestro juicio, lo que corresponde es preservar la competencia interna y externa y sostener un sistema impositivo progresivo, con reglas generales estables y previsibles. Una mayor rentabilidad originada en eficiencias especiales debería ser un premio para incentivar la inversión, la creación de tecnología y el aumento de la productividad. Cuando la mayor rentabilidad de la producción agropecuaria proviene de un aumento de los precios internacionales, habrá una incidencia progresiva del impuesto a las Ganancias y una valorización de las tierras.
Esto último podría beneficiar al Estado y a la comunidad a través de los impuestos inmobiliarios, que pueden aplicarse de una forma racional y previsible y no abusiva ni arbitraria como es el caso que el gobierno tome directamente un porcentaje de la venta bruta.
La equivocada concepción de definir desde un despacho cuales son rentas extraordinarias para capturarlas discrecionalmente lleva, como consecuencia, a intentar diferenciar productores pequeños de productores grandes, productores alejados de productores cercanos, productores de malas tierras de productores de buenas tierras, etc. Todo eso es más discrecionalidad e intervención. Se desarrolla así un discurso que supone buscar equidad, que suena políticamente correcto frente a los micrófonos, que alega la defensa de los más débiles y supone ir en contra de los grandes terratenientes o los demonizados pooles. A partir de allí se intentan sistemas diferenciales o escalonados de tributación o mecanismos de subsidios cruzados, que finalmente desembocan en el sometimiento político de aquellos que se supone favorecer, y además crean corrupción e ineficiencia. En la práctica se desalienta además la inversión y el desarrollo de empresas eficientes y altamente tecnificadas, que son las que dieron el gran impulso al agro argentino en las tres últimas décadas. Se termina matando a la gallina de los huevos de oro, sin por eso crear más riqueza. El resultado final será el de alimentos más caros y no más baratos.
Las líneas doctrinarias que separan estas dos visiones se han manifestado de diversas formas en los partidos de la oposición. Es natural que sea así ya que frente al kirchnerismo y unidos por el espanto, se han agrupado partidos que abarcan todo el arco ideológico, desde la izquierda a la derecha. La Argentina expone la atipicidad de un sistema político donde no predominan dos partidos ubicados con claridad uno en el centro izquierda y el otro en el centro derecha. El peronismo, actualmente en el poder, abarca todas las ideologías, aunque la cúpula gobernante esté hoy predominantemente influenciada por un grupo intelectual de izquierda, que incluso militó en los setenta en el terrorismo de signo marxista.
La heterogeneidad ideológica de la oposición es una realidad y no puede ser forzosa ni artificialmente superada. En los debates previos en las comisiones resultó evidente que varios partidos de la oposición aceptan el concepto de la apropiación de la renta extraordinaria con fines redistributivos. Esto les impide fundamentar con más claridad el rechazo del abuso fiscal del 11 de marzo pasado. Probablemente haya unidad opositora en la propuesta de suspender la Resolución 125 y en solicitar la responsabilidad exclusiva del Congreso para colocar retenciones y decidir alícuotas.
Esto es bueno e importante, pero si no hay profundidad conceptual, la cuestión deriva a la medición de márgenes y se convierte en un tema de números, en donde el gobierno expone una notable capacidad para manipular cifras y estadísticas y crear confusión. Estamos frente a un abuso fiscal que nació en la necesidad de caja y que fue orientado hacia las retenciones al agro debido a una concepción ideológica equivocada, hoy superada en casi todos los países evolucionados y respetuosos del derecho de propiedad. Logre o no Néstor Kirchner hacer aprobar su ley, el campo y los partidos de la oposición deberían profundizar y clarificar sus ideas y dar plena consistencia y fortaleza a su rechazo a la pretendida justificación de las retenciones basada en la captura de la renta extraordinaria.