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Por Aldo Abram
Crisis del campo: la solución, vivir en el derecho
8 de abril de 2008
Recientemente estuve con mis hijos en la Provincia de San Juan, haciéndoles conocer sus atractivos paisajes e historia. Entre estos últimos, visitamos la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. En todas las habitaciones había frases de nuestro prócer que emocionaban por su brillantez y claridad. Hoy viene muy bien refrescar una de ellas para echar luz sobre el complicado conflicto entre el campo y el gobierno.
“Para tener derechos, hay que vivir en el derecho”. Esta frase tiene múltiples y acertadas lecturas. Una de ella es que el reclamo de nuestros derechos tiene sentido, en tanto y en cuanto, somos coherentes con el respeto del derecho del otro.
En la mayoría de las protestas sobre la ruta, los ruralistas entregaron volantes para hacer conocer los motivos de su reclamo dejando circular a los automovilistas. Sin embargo, en otros casos, este respeto por el derecho al libre tránsito de sus conciudadanos no existió.
Lamentablemente, esto quita fuerza y desmerece una movilización que puede ser legítima. Es hora de que los argentinos comprendamos que “el fin nunca justifica los medios”, por justo que sea. Esta idea, llevada al límite, es la que ha conducido a trágicos enfrentamientos en el pasado y al avasallamiento de los derechos de miles de argentinos.
Por otro lado y luego de haber escuchado varios discursos del gobierno y observado las
dificultades para llegar a un acuerdo con el campo, creo que podríamos buscar la solución en la misma frase de Sarmiento, que le aconsejo releer. La única forma en la que los derechos de los ciudadanos están preservados es si se vive en un verdadero Estado de Derecho. Esto no necesariamente se garantiza por la vigencia de la democracia, sino por la de la Constitución Nacional y del principio republicano que ella institucionaliza.
Cuando uno vota, se les delega un enorme poder a aquellos mandatarios y representantes que se han elegido. Para evitar que, en el ejercicio del mismo, se extralimiten y avasallen los derechos de sus conciudadanos, es que existe la Carta Magna y el concepto de república. En la primera, se fijan las funciones que les competen a cada uno de los tres poderes del Estado y los límites que tienen para su ejercicio. Además, se establece que, cada uno de ellos, tiene la obligación de controlar que los otros no se excedan en las restricciones a su gestión.
¿Qué relación tiene esto con el conflicto del gobierno con el campo? Si los argentinos
cumpliéramos con nuestras responsabilidades cívicas y exigiéramos a nuestros mandatarios que cumplan con sus funciones y respeten los límites que la Constitución les establece, no estaríamos en la complicada situación actual. Más allá del fin que se les dé, las retenciones son impuestos a las exportaciones y esto no es discutido por ninguna de las líneas de pensamiento económico.
Según nuestra Carta Magna, es función del poder legislativo fijar los impuestos y
ésta es una de las pocas competencias que no pueden delegarse (art. 76 de la Constitución Nacional). Es más, los proyectos al respecto deben presentarse inicialmente en la Cámara de Diputados, que es la representante del pueblo argentino que deberá pagar esos tributos.
Sin embargo, las retenciones al sector agropecuario fueron implementadas por simples
resoluciones del Ministerio de Economía, ni siquiera por decreto. Esta inconstitucional delegación de facultades al PEN deviene del Código Aduanero sancionado en la época del Proceso, pero éste era un gobierno de facto y no uno constitucional. Es un contrasentido que mandatarios que fueron elegidos democráticamente en el marco de la vigencia y el respeto de la Constitución sigan incumpliendo las disposiciones de esta última.
Por lo tanto, el reclamo del campo y de toda la ciudadanía debería ser que los legisladores empiecen a cumplir con su rol. Para iniciar este camino sería interesante que aprueben un proyecto que les devuelva explícitamente la función de fijar las retenciones. De esta forma, cada vez que se quisieran determinar nuevos niveles de estos impuestos, habría un debate en el que podríamos participar todos los argentinos, a favor o en contra, y ser escuchados. Eso hoy no sucede y nos enteramos por los diarios cuando los gobiernos y sus ministros de Economía deciden sacarles parte de sus ingresos a algunos de nuestros conciudadanos.
Por supuesto, ese es sólo el primer paso. Luego, debería ser seguido por el de recuperar la capacidad de legislar indiscriminadamente por Decretos de Necesidad y Urgencia que se le ha delegado al PEN. Esto es una reminiscencia del viejo caudillismo que degeneró en la idea de que uno vota a un presidente para que resuelva mágicamente los problemas de los argentinos.
Por ende, hay que delegarle todo el poder necesario y en forma ilimitada para que pueda hacerlo; lo cual esta reñido con el concepto republicano que todos decimos avalar.
Por otro lado, también es una muestra del típico facilismo que reina en el país y que nos lleva a no hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades cívicas. Que se ocupe otro. Esto, sumado al ya mencionado y errado “el fin justifica los medios”, hace que nadie reclame que las soluciones a los problemas se busquen dentro de los límites para el ejercicio de las funciones que están en la Constitución. Hacerlo así seguramente sería más trabajoso y, quizás, políticamente costoso. Por ende, todos, incluso la Justicia, aceptamos que se violenten derechos e instituciones en la resolución de las permanentes “emergencias” argentina.
Sin embargo, si echamos una mirada al mundo, notaremos que aquellos países que progresan y mejoran el bienestar de sus ciudadanos son aquellos que cumplen con las premisas de su Carta Magna y viven en una verdadera república. Un camino que los argentinos abandonamos hace ya muchas décadas y que, desde la vuelta a la democracia, no aprendimos todavía a transitar; aunque nunca es tarde para empezar.
“Para tener derechos, hay que vivir en el derecho”. Esta frase tiene múltiples y acertadas lecturas. Una de ella es que el reclamo de nuestros derechos tiene sentido, en tanto y en cuanto, somos coherentes con el respeto del derecho del otro.
En la mayoría de las protestas sobre la ruta, los ruralistas entregaron volantes para hacer conocer los motivos de su reclamo dejando circular a los automovilistas. Sin embargo, en otros casos, este respeto por el derecho al libre tránsito de sus conciudadanos no existió.
Lamentablemente, esto quita fuerza y desmerece una movilización que puede ser legítima. Es hora de que los argentinos comprendamos que “el fin nunca justifica los medios”, por justo que sea. Esta idea, llevada al límite, es la que ha conducido a trágicos enfrentamientos en el pasado y al avasallamiento de los derechos de miles de argentinos.
Por otro lado y luego de haber escuchado varios discursos del gobierno y observado las
dificultades para llegar a un acuerdo con el campo, creo que podríamos buscar la solución en la misma frase de Sarmiento, que le aconsejo releer. La única forma en la que los derechos de los ciudadanos están preservados es si se vive en un verdadero Estado de Derecho. Esto no necesariamente se garantiza por la vigencia de la democracia, sino por la de la Constitución Nacional y del principio republicano que ella institucionaliza.
Cuando uno vota, se les delega un enorme poder a aquellos mandatarios y representantes que se han elegido. Para evitar que, en el ejercicio del mismo, se extralimiten y avasallen los derechos de sus conciudadanos, es que existe la Carta Magna y el concepto de república. En la primera, se fijan las funciones que les competen a cada uno de los tres poderes del Estado y los límites que tienen para su ejercicio. Además, se establece que, cada uno de ellos, tiene la obligación de controlar que los otros no se excedan en las restricciones a su gestión.
¿Qué relación tiene esto con el conflicto del gobierno con el campo? Si los argentinos
cumpliéramos con nuestras responsabilidades cívicas y exigiéramos a nuestros mandatarios que cumplan con sus funciones y respeten los límites que la Constitución les establece, no estaríamos en la complicada situación actual. Más allá del fin que se les dé, las retenciones son impuestos a las exportaciones y esto no es discutido por ninguna de las líneas de pensamiento económico.
Según nuestra Carta Magna, es función del poder legislativo fijar los impuestos y
ésta es una de las pocas competencias que no pueden delegarse (art. 76 de la Constitución Nacional). Es más, los proyectos al respecto deben presentarse inicialmente en la Cámara de Diputados, que es la representante del pueblo argentino que deberá pagar esos tributos.
Sin embargo, las retenciones al sector agropecuario fueron implementadas por simples
resoluciones del Ministerio de Economía, ni siquiera por decreto. Esta inconstitucional delegación de facultades al PEN deviene del Código Aduanero sancionado en la época del Proceso, pero éste era un gobierno de facto y no uno constitucional. Es un contrasentido que mandatarios que fueron elegidos democráticamente en el marco de la vigencia y el respeto de la Constitución sigan incumpliendo las disposiciones de esta última.
Por lo tanto, el reclamo del campo y de toda la ciudadanía debería ser que los legisladores empiecen a cumplir con su rol. Para iniciar este camino sería interesante que aprueben un proyecto que les devuelva explícitamente la función de fijar las retenciones. De esta forma, cada vez que se quisieran determinar nuevos niveles de estos impuestos, habría un debate en el que podríamos participar todos los argentinos, a favor o en contra, y ser escuchados. Eso hoy no sucede y nos enteramos por los diarios cuando los gobiernos y sus ministros de Economía deciden sacarles parte de sus ingresos a algunos de nuestros conciudadanos.
Por supuesto, ese es sólo el primer paso. Luego, debería ser seguido por el de recuperar la capacidad de legislar indiscriminadamente por Decretos de Necesidad y Urgencia que se le ha delegado al PEN. Esto es una reminiscencia del viejo caudillismo que degeneró en la idea de que uno vota a un presidente para que resuelva mágicamente los problemas de los argentinos.
Por ende, hay que delegarle todo el poder necesario y en forma ilimitada para que pueda hacerlo; lo cual esta reñido con el concepto republicano que todos decimos avalar.
Por otro lado, también es una muestra del típico facilismo que reina en el país y que nos lleva a no hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades cívicas. Que se ocupe otro. Esto, sumado al ya mencionado y errado “el fin justifica los medios”, hace que nadie reclame que las soluciones a los problemas se busquen dentro de los límites para el ejercicio de las funciones que están en la Constitución. Hacerlo así seguramente sería más trabajoso y, quizás, políticamente costoso. Por ende, todos, incluso la Justicia, aceptamos que se violenten derechos e instituciones en la resolución de las permanentes “emergencias” argentina.
Sin embargo, si echamos una mirada al mundo, notaremos que aquellos países que progresan y mejoran el bienestar de sus ciudadanos son aquellos que cumplen con las premisas de su Carta Magna y viven en una verdadera república. Un camino que los argentinos abandonamos hace ya muchas décadas y que, desde la vuelta a la democracia, no aprendimos todavía a transitar; aunque nunca es tarde para empezar.