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Por Manuel Solanet
Evitar rodrigazo y hacer un pacto como la Moncloa
2 de octubre de 2007
A nadie se le escapan las tensiones originadas en los fuertes retrasos en los precios de la energía y de otros servicios públicos. Ha llegado también a niveles de escándalo público el manipuleo de los índices de precios en el intento del gobierno por disimular la inflación al menos hasta las próximas elecciones.
Los controles resultaron inútiles, como era de esperar, pero inevitablemente han traído la sensación de la olla a presión. Lo cierto es que los economistas se ven frecuentemente frente a la pregunta ¿Cuándo va a reventar? Y si de reventón se trata, para los que tenemos algunos años siempre viene la imagen del Rodrigazo.
Recordemos un poco. En 1973, después de asumido Cámpora, se firmó un pacto social entre la representación empresaria (la CGE), la representación sindical (la CGT) y el gobierno. Fue un pacto corporativo y no entre partidos políticos como lo fue el de la Moncloa. Cristina Fernández de Kirchner también propone hoy un pacto social corporativo. Sólo hay una diferencia sobre el actor empresario. Hoy sería la UIA y no la casi desaparecida CGE.
En mayo de 1973 se instaló el control de precios con la consigna de la “inflación cero” y se extendió hasta junio de 1975, cuando el Rodrigazo lo hizo volar por los aires. El control fue efectivo en los precios que fijaba el gobierno, como los combustibles, la electricidad, agua, transporte y otros servicios públicos. Los demás precios fueron paulatinamente eludiendo los controles. Esto se parece a lo que sucede actualmente.
Durante la gestión de Cámpora, Perón e Isabel Perón, los salarios del sector privado estaban teóricamente determinados por convenciones colectivas. Sin embargo fueron dispuestos por decreto y las convenciones solo funcionaron a partir de mayo de 1975. En el gestión Kirchner también ha habido paritarias, pero con una pauta oficial respetada con dificultad. Tanto entre 1973 y 1975 como entre 2003 y 2007, los salarios aumentaron más que los precios y más que el tipo de cambio. Hay similitud.
Entre 1973 y 1975 el fisco debió solventar las pérdidas debidas a los congelamientos de las entonces empresas del estado. En junio de 1975 Celestino Rodrigo se encontró con una situación fiscal inaguantable, que impedía seguir con tarifas y precios congelados. No tuvo más remedio que duplicarlos o triplicarlos, con un impacto sobre el índice general de precios minoristas del orden del 30%. Isabel Perón anunció que estaba dispuesta a homologar aumentos salariales hasta ese porcentaje, no más. Sin embargo la bomba la pusieron los dirigentes gremiales, que en las paritarias de mayo de 1975 forzaron aumentos de hasta el 130%. La presidenta se resistió a homologarlos, hasta que un paro general convocado por 48 horas la venció y no tuvo poder para resistir el aumento. A partir de ahí se produjo una carrera de precios y salarios y el descontrol de las cuentas fiscales y monetarias. Fue el Rodrigazo.
Desde 2003 también el fisco se está haciendo cargo de pérdidas crecientes mediante subsidios a empresas que ahora son predominantemente privadas. En agosto de 2007 los subsidios alcanzaron 3.000 millones de pesos mensuales, más que toda la partida de sueldos del gobierno nacional. Este año casi triplicarán a los del año anterior. El superávit fiscal se reduce persistentemente y si no hubiera sido por la transferencia de fondos acumulados del sistema jubilatorio de capitalización, en los tres últimos meses el gobierno nacional ya hubiera caído en déficit financiero.
Hoy parece inevitable el sinceramiento de las tarifas y de los precios congelados o controlados. La situación fiscal, proyectada realísticamente a 2008, no deja dudas de que habrá que hacerlo. No habrá caja suficiente. Tal vez haya que seguir un camino gradual, pero que igualmente implicará aumentos de precios significativos. Tres condiciones se necesitan para que no vuelva a ocurrir un rodrigazo. Una de ellas es que los aumentos salariales no excedan la compensación estricta del efecto sobre el índice general de precios, que se estima entre el 10% y el 12%. La otra es que el gobierno nacional y los provinciales den señales contundentes de iniciar reformas en el sector público que actúen sobre el gasto y sobre los ingresos y que no dejen dudas de asegurar una solvencia fiscal genuina. La tercera es la de recuperar la calidad institucional perdida. El remezón inflacionario de destapar la olla a presión exigirá fuertes razones para reinstalar la confianza.
Una última reflexión. No nos confundamos: no es cierto que Cristina K o el peronismo son los únicos que puedan asegurar gobernabilidad. La columna sindical es justamente la última que se rompe de los pilares del peronismo y un pacto corporativo nada garantiza. Reflexionemos sobre un Hugo Moyano que ya pidió aumentos salariales del 30%, tomó distancia de la candidata oficial y dijo que su apoyo, Alberto Fernández, es el Lopez Rega del kirchnerismo. Recordemos los hechos de 32 años atrás y aspiremos a un presidente plenamente democrático y respetuoso del estado de derecho, con libertades plenas, incluyendo la sindical, con el derecho de los trabajadores a negociar salarios y condiciones laborales a nivel de empresas.
Por qué no buscar un pacto como el de la Moncloa entre los partidos políticos con representación parlamentaria, del que surjan acuerdos a instrumentarse dentro de las instituciones de la Constitución. De ahí provendrían la fortaleza y la auténtica gobernabilidad y no habría riesgo de rodrigazo.
Los controles resultaron inútiles, como era de esperar, pero inevitablemente han traído la sensación de la olla a presión. Lo cierto es que los economistas se ven frecuentemente frente a la pregunta ¿Cuándo va a reventar? Y si de reventón se trata, para los que tenemos algunos años siempre viene la imagen del Rodrigazo.
Recordemos un poco. En 1973, después de asumido Cámpora, se firmó un pacto social entre la representación empresaria (la CGE), la representación sindical (la CGT) y el gobierno. Fue un pacto corporativo y no entre partidos políticos como lo fue el de la Moncloa. Cristina Fernández de Kirchner también propone hoy un pacto social corporativo. Sólo hay una diferencia sobre el actor empresario. Hoy sería la UIA y no la casi desaparecida CGE.
En mayo de 1973 se instaló el control de precios con la consigna de la “inflación cero” y se extendió hasta junio de 1975, cuando el Rodrigazo lo hizo volar por los aires. El control fue efectivo en los precios que fijaba el gobierno, como los combustibles, la electricidad, agua, transporte y otros servicios públicos. Los demás precios fueron paulatinamente eludiendo los controles. Esto se parece a lo que sucede actualmente.
Durante la gestión de Cámpora, Perón e Isabel Perón, los salarios del sector privado estaban teóricamente determinados por convenciones colectivas. Sin embargo fueron dispuestos por decreto y las convenciones solo funcionaron a partir de mayo de 1975. En el gestión Kirchner también ha habido paritarias, pero con una pauta oficial respetada con dificultad. Tanto entre 1973 y 1975 como entre 2003 y 2007, los salarios aumentaron más que los precios y más que el tipo de cambio. Hay similitud.
Entre 1973 y 1975 el fisco debió solventar las pérdidas debidas a los congelamientos de las entonces empresas del estado. En junio de 1975 Celestino Rodrigo se encontró con una situación fiscal inaguantable, que impedía seguir con tarifas y precios congelados. No tuvo más remedio que duplicarlos o triplicarlos, con un impacto sobre el índice general de precios minoristas del orden del 30%. Isabel Perón anunció que estaba dispuesta a homologar aumentos salariales hasta ese porcentaje, no más. Sin embargo la bomba la pusieron los dirigentes gremiales, que en las paritarias de mayo de 1975 forzaron aumentos de hasta el 130%. La presidenta se resistió a homologarlos, hasta que un paro general convocado por 48 horas la venció y no tuvo poder para resistir el aumento. A partir de ahí se produjo una carrera de precios y salarios y el descontrol de las cuentas fiscales y monetarias. Fue el Rodrigazo.
Desde 2003 también el fisco se está haciendo cargo de pérdidas crecientes mediante subsidios a empresas que ahora son predominantemente privadas. En agosto de 2007 los subsidios alcanzaron 3.000 millones de pesos mensuales, más que toda la partida de sueldos del gobierno nacional. Este año casi triplicarán a los del año anterior. El superávit fiscal se reduce persistentemente y si no hubiera sido por la transferencia de fondos acumulados del sistema jubilatorio de capitalización, en los tres últimos meses el gobierno nacional ya hubiera caído en déficit financiero.
Hoy parece inevitable el sinceramiento de las tarifas y de los precios congelados o controlados. La situación fiscal, proyectada realísticamente a 2008, no deja dudas de que habrá que hacerlo. No habrá caja suficiente. Tal vez haya que seguir un camino gradual, pero que igualmente implicará aumentos de precios significativos. Tres condiciones se necesitan para que no vuelva a ocurrir un rodrigazo. Una de ellas es que los aumentos salariales no excedan la compensación estricta del efecto sobre el índice general de precios, que se estima entre el 10% y el 12%. La otra es que el gobierno nacional y los provinciales den señales contundentes de iniciar reformas en el sector público que actúen sobre el gasto y sobre los ingresos y que no dejen dudas de asegurar una solvencia fiscal genuina. La tercera es la de recuperar la calidad institucional perdida. El remezón inflacionario de destapar la olla a presión exigirá fuertes razones para reinstalar la confianza.
Una última reflexión. No nos confundamos: no es cierto que Cristina K o el peronismo son los únicos que puedan asegurar gobernabilidad. La columna sindical es justamente la última que se rompe de los pilares del peronismo y un pacto corporativo nada garantiza. Reflexionemos sobre un Hugo Moyano que ya pidió aumentos salariales del 30%, tomó distancia de la candidata oficial y dijo que su apoyo, Alberto Fernández, es el Lopez Rega del kirchnerismo. Recordemos los hechos de 32 años atrás y aspiremos a un presidente plenamente democrático y respetuoso del estado de derecho, con libertades plenas, incluyendo la sindical, con el derecho de los trabajadores a negociar salarios y condiciones laborales a nivel de empresas.
Por qué no buscar un pacto como el de la Moncloa entre los partidos políticos con representación parlamentaria, del que surjan acuerdos a instrumentarse dentro de las instituciones de la Constitución. De ahí provendrían la fortaleza y la auténtica gobernabilidad y no habría riesgo de rodrigazo.