Prestadores de diálisis de todo el país expresaron su preocupación ante la incertidumbre que genera el atraso económico y financiero de organismos que deben garantizar el acceso a las terapias de sustitución renal a más de 29.000 argentinos, que padecen una insuficiencia renal crónica o aguda y sus vidas dependen de estos tratamientos.

La Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal advirtió que recientemente, el PAMI publicó una resolución de recomposición arancelaria para diálisis para el primer semestre, pero no fue una recomposición adecuada ni suficiente. Sin embargo el compromiso de un segundo ajuste para la última parte del año en curso, demuestra que desde el Estado se reconoce la necesidad de garantizar el óptimo funcionamiento de esta estructura como un actor central del sistema de salud.

La incertidumbre por el atraso económico y financiero de otros financiadores importantes (ministerios provinciales, PROFE, entre otros) pone una luz más que amarilla en el escenario de esta prestación imprescindible.

Es fuerte el deterioro en la recomposición arancelaria. El sector enfrenta un déficit del 39,6 % en el valor del módulo de diálisis, que en 2016 se vio afectado como nunca antes por la devaluación, la inflación sostenida y el costo laboral. No obstante, a pesar de este panorama desalentador, los centros continúan brindando las prestaciones, pero la situación de asfixia financiera y económica (a través de la falta de pagos y el atraso en el valor de las prestaciones) hace insostenible la situación.

Los ministerios de salud y las obras sociales provinciales son actores primordiales en el financiamiento, pero al momento del cierre de paritarias del sector salud (segundo semestre) ya no cuentan con presupuesto disponible para otorgar recomposiciones de aranceles y posponen la decisión para el año próximo. De esta manera, todo queda sujeto la pauta salarial de ajuste del presupuesto de cada provincia, que muchas veces no se condice con lo establecido por la Federación de Asociados de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

Esto se traduce en el deterioro del precio producto y en la demora del reconocimiento en más de 9 meses, que muchas veces suele ubicarse por debajo del incremento necesario para recomponer los aumentos salariales y de costos. Una ecuación insostenible en el tiempo.

Dentro de este panorama, la situación en la Provincia de Buenos Aires merece una atención especial porque es muy delicada ya que las condiciones son totalmente deficitarias y esto pone en serio riesgo la continuidad de la prestación.

La Provincia sufre un déficit crónico originado por la falta de reconocimiento de mayores ingresos por parte del Estado nacional que se contrapone con un gasto en crecimiento sostenido. Esto es reconocido por la Gobernación, que solicitó que se normalice esta situación. El sector de la diálisis no ha quedado eximido de esta realidad y ha soportado, año tras año, de parte IOMA (rector de los aranceles en la provincia dado su volumen de afiliados) reconocimientos de aranceles por debajo de lo establecido por FATSA .

En el marco de este sombrío panorama, se espera que el tanto el PAMI como el PROGRAMA INCLUIR SALUD, otorguen el segundo escalón de aumento del 19%, que los ministerios y obras sociales provinciales adecúen sus precios a estos financiadores y principalmente que Buenos Aires atienda la problemática del sector y haga, tal como lo solicita la Gobernación para sus finanzas, un reconocimiento histórico que recompongan los valores y los sitúe en precios de mercado.

Con una estructura de 469 centros y servicios de diálisis en todo el territorio nacional, la Argentina se caracteriza por una buena accesibilidad de todos los pacientes que lo necesitan a los tratamientos de sustitución renal, con prestadores que se esfuerzan por brindar un servicio de primer nivel, en todos los rincones del país y sin distinciones entre las diferentes fuentes de financiamiento. Siendo la diálisis la única alternativa para la sobrevida de estas personas, no importa si debe hacerse cargo la obra social, el PAMI u otra entidad: es un derecho del paciente recibir el tratamiento adecuado.

En la Argentina, unos 11.000 profesionales – entre médicos nefrólogos y de otras especialidades, nutricionistas, personal de enfermería, asistentes sociales, psicólogos y otros integrantes del equipo de salud, además del personal administrativo- se dedican a la atención de los pacientes en diálisis. Esto representa más del 50% de la estructura de costos de este servicio. En ese contexto, los aranceles no siempre se incrementan en la misma medida que estas variables y otras, dadas por los vaivenes coyunturales de la economía. Sin embargo, la calidad y eficiencia del servicio debe seguir siendo la misma.

Es una estructura que tiene el desafío de sustituir algo tan esencial como una función vital allí donde la naturaleza ya no es capaz, pero multiplicada por los miles de personas que en la Argentina necesitan de este servicio como única alternativa para sobrevivir. Y que una vez que la tecnología hace posible este objetivo de mínima, tiene la obligación de disponer los mejores recursos –materiales, profesionales y humanos– para alcanzar el auténtico objetivo que marcan la vocación y la ética de quienes lo hacen posible día a día y sin descanso, que es brindar una mejora constante en la calidad de vida.