A casi dos años de la sanción de la ley 26.862, que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de la Reproducción Asistida, la Asociación Civil Concebir (Grupo de apoyo para personas con trastornos en la reproducción) decidió realizar una encuesta para conocer el estado de situación de los pacientes que deben recurrir a algún método de fertilización para poder tener un hijo.

Según los resultados preliminares del sondeo, realizado a fines de 2014 entre 344 personas con dificultades en la reproducción –con un promedio de edad de entre 35 y 39 años–, el 42% de los encuestados no logró todavía ninguna cobertura para los tratamientos y el 39% consiguió, apenas, acceso a una cobertura parcial.

Además, el 24% aún no pudo realizar ningún tratamiento de reproducción. Respecto de la medicación, sólo el 24% obtuvo una cobertura total; el 29 % recibió un descuento del 40% y 32% no obtuvo descuentos.

“Un dato que nos sorprendió es que el 67% de la muestra no realizó el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud y que nada más que el 9% inició acciones legales –como amparos– reclamando por la cobertura”, señaló Estela Chardon, co fundadora de CONCEBIR. Y agregó: “Lo que más preocupa de los resultados de la encuesta es la existencia de barreras totales o parciales para el acceso al tratamiento, contraviniendo así lo dispuesto por la ley”.

El objetivo de la encuesta “Reproducción Asistida: ¿acceso igualitario?” fue recopilar información acerca de experiencias concretas de implementación de la ley, a efectos de comprender mejor cuáles son las principales barreras para su cabal aplicación. “Cuando hablamos de la aplicación y puesta en vigencia de una ley, no sólo se necesita de la sanción de la misma en manos del Congreso y de un decreto de promulgación, sino que también se requiere de una batería de instrumentos administrativos que son los que ayudan y garantizan la aplicabilidad de dicha ley”, explicó Chardon.

“La ley 26.862 fue regulada por el decreto 956/13, pero éste no fue suficiente para que se ponga en práctica la totalidad de la norma. Han quedado lagunas legales. Por ejemplo, no queda claro que implica cobertura integral, no sólo en cuanto a la medicación sino también a otros servicios indispensables en los tratamientos como el apoyo psicológico, la criopreservación de embriones o algunos estudios diagnósticos que deberían cubrir tanto el Estado como las Obras Sociales y las Prepagas”.

Las parejas que requieren de una donación de óvulos o semen para poder lograr un embarazo, son las que más trabas encuentran en la actualidad para acceder a un tratamiento de fertilización. “Principalmente, porque no están habilitados los centros de reproducción como bancos de gametas”, informó Chardon. Este no es un dato menor, si se tiene en cuenta que el 44% de los encuestados necesitan gametas donadas para intentar un embarazo.

La cofundadora de Concebir menciona también el problema con la criopreservación de embriones: “Por razones de índole médica, no es aconsejable la transferencia a la mujer de más de dos embriones por ciclo. Por lo tanto, para evitar el riesgo de embarazos múltiples, cuando el número de embriones es mayor a dos, hay que criopreservarlos para que, en caso de ser necesario, puedan ser transferidos en un intento posterior. Pero, nuevamente, en muchos casos no se da cobertura a la criopreservación, lo que en caso de producirse un embarazo múltiple pone en riesgo a la mujer y a los bebés”.

Poco más de la mitad de los encuestados valoró la calidad de la atención médica recibida como “muy buena” (54%), mientras que el 31% manifestó que fue “buena”; 11% “regular”; y 4% “mala”.

“Tras la sanción de la ley fueron surgiendo dificultades, algunas de ellas relacionadas a la interpretación de la norma y otras a la falta de regulación. Esto generó una situación de inequidad y discriminación ya que, a pesar de la vigencia de una ley nacional, en la Argentina todavía las personas infértiles, en muchos casos, no pueden acceder a los tratamientos que los podrían ayudar a concebir”, dijo Chardon.

¿Cómo se podría resolver esta situación? La asesora lagal de CONCEBIR, Dra. Guillermina Pieroni señaló: “Entendemos que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud deberían dictar las Resoluciones que aclaren aquellos puntos que no están claros, de manera que no queden librados a la interpretación de las partes. De todas maneras, primero es fundamental la aprobación de la ley especial que regula los Tratamientos de Reproducción Asistida, que obtuvo media sanción en Diputados en 2014. Algo importante a aclarar es que la ley 26.862 es de cobertura y, por lo tanto, no especifica muchos temas de regulación necesarios. Estas cuestiones adicionales están establecidas en la ley especial con media sanción de Diputados, que actualmente espera el debate en el Senado”.

Por último, y a pesar de los desafíos pendientes, Chardon evaluó que desde la sanción de la ley se avanzó en relación al reconocimiento de los derechos reproductivos de las parejas, de las madres solteras por elección y de la incorporación de las parejas igualitarias. “Es por ello que seguimos celebrando que dicha ley exista en nuestro país y abogamos para que prontamente se resuelvan los problemas de aplicabilidad que la misma tiene”, concluyó.