La Asesoría General Tutelar (AGT) de la Ciudad de Buenos Aires destaca la importancia de la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 del año 2010, publicada en el Boletín Oficial.
La Asesoría General Tutelar (AGT) de la Ciudad de Buenos Aires destaca la importancia de la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 del año 2010, publicada en el Boletín Oficial.
En atención a la relevancia que la reglamentación implicaba, la AGT -organismo encargado de monitorear las políticas públicas de niños, niñas, adolescentes y de personas afectadas en su salud mental- participó del proceso en el cual se gestó la regulación e integra actualmente distintos espacios que impulsaban este importante paso que hoy se concreta.
De este modo, con el Decreto Nº 603/13 queda reafirmado que las políticas públicas en materia de salud mental deben apuntar a la desmanicomialización y a la sustitución definitiva de toda institución monovalente.
Es también trascendental que en materia de adicciones se haya adoptado la perspectiva de la reducción de daños y un enfoque basado en la singularidad de cada persona.
Asimismo, y gracias a la intervención de esta Asesoría General Tutelar, se resguardaron las competencias del Órgano de Revisión porteño y la autonomía de la Ciudad, que no estaban contempladas en el primer proyecto. Queda allanado así el camino para que la Ciudad se dote de un Órgano de Revisión local, objetivo que se seguirá promoviendo.
Sin perjuicio del análisis detallado que se hará del articulado, la AGT lamenta el hecho de que el Decreto admita la posibilidad de que se prive a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual de su capacidad jurídica al sustituir su voluntad por la de un/a curador/a, en asuntos tan delicados como la toma de decisiones vinculadas con los tratamientos. En el mismo sentido, la voluntad de las personas menores de edad podría ser reemplazada por la de sus representantes legales. Sin embargo, este organismo confía en que la reforma del Código Civil superará estas históricas violaciones de derechos de ambos colectivos.
En tiempos en los que la respuesta estatal en salud mental muchas veces se tiñe de violencia institucional, es muy importante que los Estados se comprometan firmemente a continuar con el camino empezado por la Ley Nº 448 del año 2000 y potenciado por la Ley Nacional de Salud Mental.