22 de diciembre de 2024
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Por Sofía Wachler
Peligran pymes constructoras por inflación
22 de febrero de 2010
La Asociación de Pymes Constructoras (Apymeco) , entidad que nuclea a
empresas del sector que operan en la provincia de Buenos Aires advierte que
la suba de precios en insumos perjudica a todo el sector, pero en especial a
las empresas contratistas de obra pública, ya que esos aumentos “no” se
reconocen luego a la hora de pagar los contratos por parte del Estado.
En la jerga sectorial, ese ajuste por inflación se denomina “redeterminación
de precios” que a veces y en una gran mayoría de los casos, genera
problemas insalvables para las pymes constructoras y en algunos casos, las
llevan irremediablemente a la quiebra.
Jorge del Río presidente de Apymeco dijo que “ ante la escalada de precios
que se viene registrando en los distintos insumos necesarios para ejecutar
una obra pública, vemos con gran preocupación el perjuicio económico que
esto puede ocasionar al normal desarrollo de una pyme de la construcción”.
Sin entrar demasiado en aspectos legales, aclaró que “el Estado confecciona
un Presupuesto Oficial de la obra que desea licitar; el mismo será la base
para la competencia de precios de los distintos oferentes, subordinado al
sistema de contratación respectivo”.
Luego seleccionará, en función de un estudio anterior, las condiciones de
capacidad e idoneidad técnica y financiera, a la empresa que ofrezca la
oferta más conveniente, ajustada a las bases del llamado y cuando “una
oferta supera el 5%, 10% o 15% del Presupuesto Oficial, según las exigencias
de la Repartición, la misma no es considerada”.
El tema es complejo porque al momento de efectuar una cotización, los
oferentes no pueden cargar los precios suponiendo una posible inflación; por
dos razones: esta especulación los puede dejar fuera de competencia y en
segundo término, el Estado cuenta con Leyes y Decretos que contemplan los
mecanismos para ajustar los precios de los mismos.
El titular de la entidad explicó que “ las empresas no son formadoras de
precios y por tal motivo, la Ley de Obras Públicas 6.021 de la Provincia de
Buenos Aires prevé el reconocimiento de la variación de precios para
asegurar que el Estado paga el precio justo de los trabajos contratados”.
Es diferente al hecho que esa ley no admite el enriquecimiento o
empobrecimiento sin causa y a través de un sondeo de precios, se emite una
tabla de variaciones mensuales de los distintos insumos denominados VR
(Valores de Referencia).
“Pero desde el año 2002, el Ministerio de Infraestructura encomendó a la
Dirección Provincial de Estadísticas el seguimiento de precios de los
distintos insumos y el resultado ha sido negativo, las tablas no se publican
en los plazos previstos, tienen atrasos de más de tres meses y los índices
no reflejan el incremento real de los distintos insumos (materiales, mano de
obra, combustibles) pese a todos los reclamos efectuados por las empresas”,
sostuvo Del Río.
Hay que aclarar que la confección de las tablas para la redeterminación de
precios no debe tomarse como datos estadísticos; es dinero que dejan de
percibir las empresas o que puede llegar a pagar de más el Estado, lo que
implica no reconocer el precio justo de las obras, con el lógico perjuicio
económico.
Esta situación ha producido un gran defasaje en el reconocimiento de los
contratos en un marco en donde los insumos, en estos últimos años, han
sufrido aumentos que no son de la proporción y la proyección que las firmas
líderes tienen programadas para el año en curso.
“En este contexto y ante un proceso inflacionario inocultable, más allá de
lo que digan o dejen de decir los índices oficiales, es imposible programar
el desarrollo de una obra con plazos de seis o más meses y mantener, con
estos desequilibrios en la ecuación económico-financiera. Hay que añadirle
el atraso de más de cinco meses en el pago de los certificados”, aseguró Del
Río.
Las perspectivas futuras de las pymes constructoras no son para nada
halagüeñas sino todo lo contrario.
Muy preocupante porque empresa que quiebra genera despidos de personal, en
un gremio que es por sus propias características, de comportamiento errático
en materia de empleo.
empresas del sector que operan en la provincia de Buenos Aires advierte que
la suba de precios en insumos perjudica a todo el sector, pero en especial a
las empresas contratistas de obra pública, ya que esos aumentos “no” se
reconocen luego a la hora de pagar los contratos por parte del Estado.
En la jerga sectorial, ese ajuste por inflación se denomina “redeterminación
de precios” que a veces y en una gran mayoría de los casos, genera
problemas insalvables para las pymes constructoras y en algunos casos, las
llevan irremediablemente a la quiebra.
Jorge del Río presidente de Apymeco dijo que “ ante la escalada de precios
que se viene registrando en los distintos insumos necesarios para ejecutar
una obra pública, vemos con gran preocupación el perjuicio económico que
esto puede ocasionar al normal desarrollo de una pyme de la construcción”.
Sin entrar demasiado en aspectos legales, aclaró que “el Estado confecciona
un Presupuesto Oficial de la obra que desea licitar; el mismo será la base
para la competencia de precios de los distintos oferentes, subordinado al
sistema de contratación respectivo”.
Luego seleccionará, en función de un estudio anterior, las condiciones de
capacidad e idoneidad técnica y financiera, a la empresa que ofrezca la
oferta más conveniente, ajustada a las bases del llamado y cuando “una
oferta supera el 5%, 10% o 15% del Presupuesto Oficial, según las exigencias
de la Repartición, la misma no es considerada”.
El tema es complejo porque al momento de efectuar una cotización, los
oferentes no pueden cargar los precios suponiendo una posible inflación; por
dos razones: esta especulación los puede dejar fuera de competencia y en
segundo término, el Estado cuenta con Leyes y Decretos que contemplan los
mecanismos para ajustar los precios de los mismos.
El titular de la entidad explicó que “ las empresas no son formadoras de
precios y por tal motivo, la Ley de Obras Públicas 6.021 de la Provincia de
Buenos Aires prevé el reconocimiento de la variación de precios para
asegurar que el Estado paga el precio justo de los trabajos contratados”.
Es diferente al hecho que esa ley no admite el enriquecimiento o
empobrecimiento sin causa y a través de un sondeo de precios, se emite una
tabla de variaciones mensuales de los distintos insumos denominados VR
(Valores de Referencia).
“Pero desde el año 2002, el Ministerio de Infraestructura encomendó a la
Dirección Provincial de Estadísticas el seguimiento de precios de los
distintos insumos y el resultado ha sido negativo, las tablas no se publican
en los plazos previstos, tienen atrasos de más de tres meses y los índices
no reflejan el incremento real de los distintos insumos (materiales, mano de
obra, combustibles) pese a todos los reclamos efectuados por las empresas”,
sostuvo Del Río.
Hay que aclarar que la confección de las tablas para la redeterminación de
precios no debe tomarse como datos estadísticos; es dinero que dejan de
percibir las empresas o que puede llegar a pagar de más el Estado, lo que
implica no reconocer el precio justo de las obras, con el lógico perjuicio
económico.
Esta situación ha producido un gran defasaje en el reconocimiento de los
contratos en un marco en donde los insumos, en estos últimos años, han
sufrido aumentos que no son de la proporción y la proyección que las firmas
líderes tienen programadas para el año en curso.
“En este contexto y ante un proceso inflacionario inocultable, más allá de
lo que digan o dejen de decir los índices oficiales, es imposible programar
el desarrollo de una obra con plazos de seis o más meses y mantener, con
estos desequilibrios en la ecuación económico-financiera. Hay que añadirle
el atraso de más de cinco meses en el pago de los certificados”, aseguró Del
Río.
Las perspectivas futuras de las pymes constructoras no son para nada
halagüeñas sino todo lo contrario.
Muy preocupante porque empresa que quiebra genera despidos de personal, en
un gremio que es por sus propias características, de comportamiento errático
en materia de empleo.