22 de diciembre de 2024
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Por Sofía Wachler
El drama de las casas y edificios tomados
19 de enero de 2009
El drama de los habitantes de las casas y edificios tomados en la Capital no cesa.
Volvió a ser noticia por el feroz incendio y posterior muerte de seis hijos de una familia que habitaba la antigua sucursal del Banco de Italia y Río de la Plata, ubicado en Almirante Brown y Suárez, en La Boca.
Los propietarios de ese edificio pagan el ABL de acuerdo con un plan de pagos acordado con el municipio, pero no solicitaron el desalojo, comentaron las autoridades del Gobierno de la Ciudad en los medios.
Pero ese no es el punto, un juicio de desalojo es engorroso, largo, en realidad, larguísimo, mucho papelerío y muy oneroso. Estas razones explican –en parte- que muchos particulares desistan o abandonan los ya iniciados.
El Gobierno de la Ciudad durante 2008 concretó solamente 350 desalojos judicialmente o por vías administrativas de inmuebles en las que viven en promedio más de 5 familias porque lo pueden disponer en casos de extrema vulnerabilidad o peligrosidad. Actualmente hay 477 desalojos de inmuebles en trámite.
En La Lechería, Caracas 2787, en La Paternal se desalojaron 280 familias luego del otorgamiento de subsidios y ayuda social; vivían como es lo usual sin servicios básicos, ni cloacas.
El tema es muy complejo pero no se cierne solamente al déficit habitacional de la ciudad sino que al decir de muchos asistentes sociales, sanitaristas y otros profesionales las condiciones de habitabilidad son tan deplorables que derivan en problemas de salud para sus ocupantes, sobre todo, en los más vulnerables: niños y ancianos.
Se sostiene que algunas agrupaciones de izquierda como Polo Obrero, el MTR y Túpac Amaru se encargan de buscar casas vacías y de coordinar las usurpaciones.
No son las únicas, varias ONGs que tienen como objetivos prioritarios mejorar el hábitat social y la calidad de vida de sus ocupantes son más sofisticadas.
A los interesados les explican cómo implementar el "marketing" para tomar casas y edificios. Tienen cómo hacerlo y recursos porque reciben subsidios que nadie controla, hasta de organismos internacionales.
El tema parece no tener solución "al menos en el corto plazo" y tiende a agudizarse. ¿O hay que esperar más situaciones trágicas para finalmente tomar decisiones de fondo, que no son sencillas de aplicar cuando de hábitat digno se trata?
Volvió a ser noticia por el feroz incendio y posterior muerte de seis hijos de una familia que habitaba la antigua sucursal del Banco de Italia y Río de la Plata, ubicado en Almirante Brown y Suárez, en La Boca.
Los propietarios de ese edificio pagan el ABL de acuerdo con un plan de pagos acordado con el municipio, pero no solicitaron el desalojo, comentaron las autoridades del Gobierno de la Ciudad en los medios.
Pero ese no es el punto, un juicio de desalojo es engorroso, largo, en realidad, larguísimo, mucho papelerío y muy oneroso. Estas razones explican –en parte- que muchos particulares desistan o abandonan los ya iniciados.
El Gobierno de la Ciudad durante 2008 concretó solamente 350 desalojos judicialmente o por vías administrativas de inmuebles en las que viven en promedio más de 5 familias porque lo pueden disponer en casos de extrema vulnerabilidad o peligrosidad. Actualmente hay 477 desalojos de inmuebles en trámite.
En La Lechería, Caracas 2787, en La Paternal se desalojaron 280 familias luego del otorgamiento de subsidios y ayuda social; vivían como es lo usual sin servicios básicos, ni cloacas.
El tema es muy complejo pero no se cierne solamente al déficit habitacional de la ciudad sino que al decir de muchos asistentes sociales, sanitaristas y otros profesionales las condiciones de habitabilidad son tan deplorables que derivan en problemas de salud para sus ocupantes, sobre todo, en los más vulnerables: niños y ancianos.
Se sostiene que algunas agrupaciones de izquierda como Polo Obrero, el MTR y Túpac Amaru se encargan de buscar casas vacías y de coordinar las usurpaciones.
No son las únicas, varias ONGs que tienen como objetivos prioritarios mejorar el hábitat social y la calidad de vida de sus ocupantes son más sofisticadas.
A los interesados les explican cómo implementar el "marketing" para tomar casas y edificios. Tienen cómo hacerlo y recursos porque reciben subsidios que nadie controla, hasta de organismos internacionales.
El tema parece no tener solución "al menos en el corto plazo" y tiende a agudizarse. ¿O hay que esperar más situaciones trágicas para finalmente tomar decisiones de fondo, que no son sencillas de aplicar cuando de hábitat digno se trata?