21 de noviembre de 2024
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Por Nino Fernández
Rechazan cambios en la legislación laboral
15 de junio de 2006
Decepcionantes y preocupantes. Así definen en las cámaras empresarias con importante presencia Pyme, los cambios que se promueven desde el gobierno en materia de legislación laboral. Con todo, el mosaico de opiniones no es uniforme.
Los críticos no se explican cómo en el marco de un creciente aumento en los costos de producción y cuando las empresas necesitan invertir para pasar del crecimiento al desarrollo, se impulsan modificaciones que agregan costos y desalientan la contratación de trabajadores. Algunos van más allá y afirman que estas modificaciones caminan a contramano del promocionado impulso de una política industrial, que favorezca el desarrollo de las Pymes.
“Estamos totalmente de acuerdo que ciertas normas generadas durante la década de los noventa puedan ser revisadas y adecuadas a una necesidad social y de justicia, pero de ahí a romper con toda una normativa que apuntaba a un costo laboral competitivo y de eficiencia, no hace otra cosa que fundamentar la inestabilidad jurídica, que es esencial para toda inversión de riesgo”, dijo Anselmo Morvillo, vicepresidente de FAIGA (Federación Argentina de Industria Gráfica y Afines)
Por su parte, Carlos Pallotti, presidente de CESSI (Cámara de Software y Servicios Informáticos) señala que “no están pensando específicamente en nuestro sector cuando analizan estos cambios y esto lo hace preocupante. En un sector donde los salarios promedio están muy por encima de la media nacional y el peso de la mano de obra no es menor al 70% de los costos, cualquier cambio en este sentido impacta sobre los negocios directamente”
Pero al parecer no todos se quejan por igual. El fuerte incremento en el nivel de actividad en algunos sectores, está provocando una suerte de conflicto en muchos empresarios que cuestionan tibiamente los cambios o lo hacen en voz baja.
“Si no fuera por el buen momento económico las críticas serían mucho más notorias”, dice Pedro Núñez, asesor legal de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad en cuya comisión Pyme se discute una propuesta de régimen laboral a medida de las más chicas.
A todo esto, desde la Asociación de Abogados Laboralistas, rechazan las críticas empresarias y aseguran que los proyectos “constituyen pasos parciales, tendientes a revertir las mutilaciones y recortes de derechos sufridos por los trabajadores durante los últimos treinta años”.
Lo más difícil de digerir
Núñez afirma que uno de los puntos más resistido por los empresarios es el del tope de la indemnización por despido, que durante muchos años fue de un sueldo por año trabajado con un máximo de tres salarios de convenio de la empresa en cuestión. Pero como se recordará, a partir de la Gran Crisis, el Art. 16 de la Ley de Emergencia Económica estableció un ‘adicional’ del 100% en las indemnizaciones, que se redujo al 50% en los últimos meses.
Raúl Lamacchia, presidente de FEBA (Federación Económica de Bs.As.), afirma que “a pesar de la aparente decisión política de congelar los proyectos que impulsa el diputado Héctor Recalde, los empresarios observamos con gran incertidumbre este proceso de modificaciones que impide que las Pymes aprovechen las muy buenas condiciones económicas para consolidar su crecimiento”.
Otras fuentes empresarias en tanto recuerdan que hoy las empresas están más interesadas en agrandar que reducir dotaciones, lo cual ha hecho de las Pymes protagonistas de la recuperación del empleo.
No obstante ello sostienen que no se puede prescindir del mecanismo indemnizatorio, que sigue siendo caro e impacta en los costos.
Y en cuanto a los topes de convenio advierten una severa distorsión debido a que los aumentos de sueldo otorgados en los últimos tiempos han llevado a que muchos trabajadores ganen por encima de esos niveles.
“A partir del fallo Vizzoti de septiembre del 2004, que modificó las posturas anteriores, a aquellas indemnizaciones que superan el tope establecido, les corresponde el 67% del sueldo mensual”, dice Pedro Núñez.
Sin embargo en la Cámara de Diputados se discuten dos proyectos para elevar la indemnización. “En un caso se busca establecerla en 1,5 sueldos por año de servicio, o sea tal como rige en este momento, y en el otro se eleva el piso indemnizatorio a 2 sueldos por año”.
Aunque todavía no llegó al Congreso, el otro gran tema que preocupa a los empresarios es el del sistema de Riesgo de Trabajo, que entró en crisis cuando la Justicia abrió la posibilidad de que el trabajador accidentado e indemnizado por la Administradora de Riesgo de Trabajo (ART ), iniciara acciones legales contra la empresa empleadora.
Los empresarios aseguran que en este partido se juega la continuidad de muchas Pymes y el ‘negocio’ de no pocos abogados.
“Como la diferencia entre la condena judicial y el monto resarcitorio de la ART, la tiene que pagar el empleador, hay casos que golpean muy fuerte a las Pymes. Se han visto juicios de 600.000 pesos, cuando el monto máximo que puede pagar la administradora está en 180.000, más una cantidad fija, no muy importante”, dice Núñez.
Está claro que en el fragor de esta discusión, a veces se pierden de vista otras razones.
Marcelo Fernández, presidente de la CGE ( Confederación General Económica) reclama no olvidarse que “estamos hablando de personas, de vidas humanas que pueden sufrir un accidente. Y estamos tratando de dilucidar si puede ir a la justicia civil, si tiene tope indemnizatorio, etc., sin reparar lo poco que puede servir cualquier compensación para alguien que quedó con alguna incapacidad de por vida”.
Luego de un año y medio de estudiar una salida a la situación planteada por la Justicia, en la Comisión de Trabajo del Congreso, que preside Héctor Recalde, esperan que “después el Mundial” el Poder Ejecutivo envíe el nuevo proyecto sobre Riesgo de Trabajo.
“Hasta donde ha trascendido la iniciativa del Gobierno abriría la posibilidad de contratar un seguro para cobrar la diferencia entre lo que dispone el juez y la indemnización de la ART. Pero no eliminaría la doble vía, o sea la demanda por riesgo de trabajo y la de acción civil”, dice Núñez.
Los otros cambios
Otras modificaciones que se estudian es llevar de dos a cinco años la prescripción de los reclamos por deudas laborales y considerar tiempo de servicio los meses de preaviso de despido, lo que implica elevar en dos meses la antigüedad del empleado.
“Un cambio muy importante, aunque con menos prensa que otros y que ya es Ley, es el de la imposibilidad de movilizar trabajadores de un área de la empresa a otra”•, dice Pedro Núñez.
Hasta ahora, cuando a un trabajador se le modificaban sus condiciones de trabajo, podía considerarse despedido, iniciar juicio y seguramente ser objeto de una indemnización. Con la modificación el trabajador tiene derecho a exigir la reinstalación en la empresa, algo que después de 7 u 8 meses que puede durar el pleito, implica una segura pérdida de capacidad laboral y una eventual carga de resentimientos, dicen los empresarios.
Más allá de que la Justicia laboral puede inclinarse por la opción indemnizatoria, un fallo del 8 de mayo del Juzgado 14 dispuso una medida de no innovar y el inmediato restablecimiento de las condiciones –puesto de trabajo, horarios y salarios del trabajador – hasta tanto se resolviera en forma definitiva.
“La rigidez laboral que se propone en estos proyectos, actúa desalentando nuevas contrataciones”, afirma Lamacchia, quien por las dudas, se apura a aclarar que su propuesta de ‘movilidad’ no tiene nada que ver con “la flexibilidad de los contratos basura, de los años 90”.
Los críticos no se explican cómo en el marco de un creciente aumento en los costos de producción y cuando las empresas necesitan invertir para pasar del crecimiento al desarrollo, se impulsan modificaciones que agregan costos y desalientan la contratación de trabajadores. Algunos van más allá y afirman que estas modificaciones caminan a contramano del promocionado impulso de una política industrial, que favorezca el desarrollo de las Pymes.
“Estamos totalmente de acuerdo que ciertas normas generadas durante la década de los noventa puedan ser revisadas y adecuadas a una necesidad social y de justicia, pero de ahí a romper con toda una normativa que apuntaba a un costo laboral competitivo y de eficiencia, no hace otra cosa que fundamentar la inestabilidad jurídica, que es esencial para toda inversión de riesgo”, dijo Anselmo Morvillo, vicepresidente de FAIGA (Federación Argentina de Industria Gráfica y Afines)
Por su parte, Carlos Pallotti, presidente de CESSI (Cámara de Software y Servicios Informáticos) señala que “no están pensando específicamente en nuestro sector cuando analizan estos cambios y esto lo hace preocupante. En un sector donde los salarios promedio están muy por encima de la media nacional y el peso de la mano de obra no es menor al 70% de los costos, cualquier cambio en este sentido impacta sobre los negocios directamente”
Pero al parecer no todos se quejan por igual. El fuerte incremento en el nivel de actividad en algunos sectores, está provocando una suerte de conflicto en muchos empresarios que cuestionan tibiamente los cambios o lo hacen en voz baja.
“Si no fuera por el buen momento económico las críticas serían mucho más notorias”, dice Pedro Núñez, asesor legal de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad en cuya comisión Pyme se discute una propuesta de régimen laboral a medida de las más chicas.
A todo esto, desde la Asociación de Abogados Laboralistas, rechazan las críticas empresarias y aseguran que los proyectos “constituyen pasos parciales, tendientes a revertir las mutilaciones y recortes de derechos sufridos por los trabajadores durante los últimos treinta años”.
Lo más difícil de digerir
Núñez afirma que uno de los puntos más resistido por los empresarios es el del tope de la indemnización por despido, que durante muchos años fue de un sueldo por año trabajado con un máximo de tres salarios de convenio de la empresa en cuestión. Pero como se recordará, a partir de la Gran Crisis, el Art. 16 de la Ley de Emergencia Económica estableció un ‘adicional’ del 100% en las indemnizaciones, que se redujo al 50% en los últimos meses.
Raúl Lamacchia, presidente de FEBA (Federación Económica de Bs.As.), afirma que “a pesar de la aparente decisión política de congelar los proyectos que impulsa el diputado Héctor Recalde, los empresarios observamos con gran incertidumbre este proceso de modificaciones que impide que las Pymes aprovechen las muy buenas condiciones económicas para consolidar su crecimiento”.
Otras fuentes empresarias en tanto recuerdan que hoy las empresas están más interesadas en agrandar que reducir dotaciones, lo cual ha hecho de las Pymes protagonistas de la recuperación del empleo.
No obstante ello sostienen que no se puede prescindir del mecanismo indemnizatorio, que sigue siendo caro e impacta en los costos.
Y en cuanto a los topes de convenio advierten una severa distorsión debido a que los aumentos de sueldo otorgados en los últimos tiempos han llevado a que muchos trabajadores ganen por encima de esos niveles.
“A partir del fallo Vizzoti de septiembre del 2004, que modificó las posturas anteriores, a aquellas indemnizaciones que superan el tope establecido, les corresponde el 67% del sueldo mensual”, dice Pedro Núñez.
Sin embargo en la Cámara de Diputados se discuten dos proyectos para elevar la indemnización. “En un caso se busca establecerla en 1,5 sueldos por año de servicio, o sea tal como rige en este momento, y en el otro se eleva el piso indemnizatorio a 2 sueldos por año”.
Aunque todavía no llegó al Congreso, el otro gran tema que preocupa a los empresarios es el del sistema de Riesgo de Trabajo, que entró en crisis cuando la Justicia abrió la posibilidad de que el trabajador accidentado e indemnizado por la Administradora de Riesgo de Trabajo (ART ), iniciara acciones legales contra la empresa empleadora.
Los empresarios aseguran que en este partido se juega la continuidad de muchas Pymes y el ‘negocio’ de no pocos abogados.
“Como la diferencia entre la condena judicial y el monto resarcitorio de la ART, la tiene que pagar el empleador, hay casos que golpean muy fuerte a las Pymes. Se han visto juicios de 600.000 pesos, cuando el monto máximo que puede pagar la administradora está en 180.000, más una cantidad fija, no muy importante”, dice Núñez.
Está claro que en el fragor de esta discusión, a veces se pierden de vista otras razones.
Marcelo Fernández, presidente de la CGE ( Confederación General Económica) reclama no olvidarse que “estamos hablando de personas, de vidas humanas que pueden sufrir un accidente. Y estamos tratando de dilucidar si puede ir a la justicia civil, si tiene tope indemnizatorio, etc., sin reparar lo poco que puede servir cualquier compensación para alguien que quedó con alguna incapacidad de por vida”.
Luego de un año y medio de estudiar una salida a la situación planteada por la Justicia, en la Comisión de Trabajo del Congreso, que preside Héctor Recalde, esperan que “después el Mundial” el Poder Ejecutivo envíe el nuevo proyecto sobre Riesgo de Trabajo.
“Hasta donde ha trascendido la iniciativa del Gobierno abriría la posibilidad de contratar un seguro para cobrar la diferencia entre lo que dispone el juez y la indemnización de la ART. Pero no eliminaría la doble vía, o sea la demanda por riesgo de trabajo y la de acción civil”, dice Núñez.
Los otros cambios
Otras modificaciones que se estudian es llevar de dos a cinco años la prescripción de los reclamos por deudas laborales y considerar tiempo de servicio los meses de preaviso de despido, lo que implica elevar en dos meses la antigüedad del empleado.
“Un cambio muy importante, aunque con menos prensa que otros y que ya es Ley, es el de la imposibilidad de movilizar trabajadores de un área de la empresa a otra”•, dice Pedro Núñez.
Hasta ahora, cuando a un trabajador se le modificaban sus condiciones de trabajo, podía considerarse despedido, iniciar juicio y seguramente ser objeto de una indemnización. Con la modificación el trabajador tiene derecho a exigir la reinstalación en la empresa, algo que después de 7 u 8 meses que puede durar el pleito, implica una segura pérdida de capacidad laboral y una eventual carga de resentimientos, dicen los empresarios.
Más allá de que la Justicia laboral puede inclinarse por la opción indemnizatoria, un fallo del 8 de mayo del Juzgado 14 dispuso una medida de no innovar y el inmediato restablecimiento de las condiciones –puesto de trabajo, horarios y salarios del trabajador – hasta tanto se resolviera en forma definitiva.
“La rigidez laboral que se propone en estos proyectos, actúa desalentando nuevas contrataciones”, afirma Lamacchia, quien por las dudas, se apura a aclarar que su propuesta de ‘movilidad’ no tiene nada que ver con “la flexibilidad de los contratos basura, de los años 90”.