23 de noviembre de 2024
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Por Nino Fernández
Con 120 mil adhesiones concluye el RAFA
29 de agosto de 2005
De ‘salvavidas de plomo’ hasta ‘gran negocio fiscal’. En ese rango se ubican las calificaciones que le ponen las cámaras de las pequeñas y medianas empresas, sin excepciones, al RAFA (Régimen de Asistencia Financiera Ampliada), el sistema pensado por la AFIP para que las empresas regularicen sus deudas impositivas y previsionales contraídas hasta el 31 de marzo del año pasado.
Distinta es, por cierto, la percepción que tienen desde el gobierno, donde se afirma que el régimen cosechó hasta fines de julio 118.513 presentaciones, que permitieron financiar 2.709 millones de pesos, que equivalen al 0,5% de la recaudación total. De ese total, el 89,8 % son micro, pequeñas y medianas empresas y el 10,2 % restante grandes empresas.
“Ha sido más que exitoso; es el plan de mejor cumplimiento de los últimos cinco años. Por algo se plegaron tantas empresas, lo cual lleva a diferenciar lo que dicen las cámaras de lo que piensan y conviene a las Pymes”, dijo Alberto Abad, director de AFIP, a modo de balance provisorio del régimen que finaliza el próximo 31 de agosto.
Uno de los graves problemas que arrastran infinidad de Pymes es la informalidad, un elemento que atenta contra la posibilidad de acceder al crédito, subsidios u otros programas de apoyo. Y que se constituye además en competencia desleal a través del trabajo en negro y el no pago de impuestos. De allí la importancia que adquiere la regularización de estas situaciones tanto para las empresas como para el Estado. El problema en todo caso son los instrumentos elegidos, que no siempre conforman a todas las partes.
“Hay que terminar de una vez por todas con aquello de que el que paga es el pato de la boda, así como con los pedidos de moratoria, claros ejemplos de oportunismo fiscal no equitativos”, asegura Abad.
Del lado de las cámaras empresarias aseguran que no persiguen una moratoria, pero rechazan el RAFA por varias razones, entre otras, la imposibilidad de condonar intereses y el costo de la refinanciación.
Cuestionamientos
“Básicamente cuestionamos cómo se calculan los intereses de cada cuota, que termina triplicando la deuda original y además que no se exima de costas y multas, que en este caso son exageradas, fundamentalmente en las deudas con la seguridad social”, dice Vicente Lourenzo, secretario general de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).
Por su parte, Julita Maristany, titular de la consultora BQA y presidente de la Comisión Pyme de la CAC (Cámara Argentina de Comercio), asegura que “no existen estadísticas de cuantas moratorias han caído y este es el punto a tener en cuenta.
Si una empresa pequeña tiene que pagar por moratoria 580 pesos y por la carga tributaria regular otro tanto, corresponde preguntarse, cuánto tiempo esta empresa va a resistir una erogación de esa magnitud”.
A todo esto, el jefe de la AFIP asegura que en cualquier parte del mundo la empresa que no puede pagar sus impuestos es inviable. Y un experto del mismo organismo redondeó la idea con el siguiente análisis: “En el contexto de un país creciendo a tasas superiores al 7 % y dadas las muy amplias posibilidades de financiamiento otorgadas por la AFIP en los últimos 38 meses, es probable que las empresas que no ingresaron a los planes de pago presenten problemas de índole económico no solucionables mediante el financiamiento de sus deudas fiscales”.
Abad también rechazó los cuestionamientos al costo de refinanciación, que recuerda, alcanzan hasta las 120 cuotas a una tasa del 1,5% mensual. “Fue un esfuerzo gigantesco de esta administración, que no olvidemos no está para financiar sino para recaudar”, dijo.
Desde CAME, en tanto, sostienen que si bien el esquema puede presentar un grado de adhesión en el corto plazo, es inviable en el futuro inmediato. Y advierten que al no eximir de multas, la AFIP le puede cobrar al contribuyente multas sobre lo exteriorizado en el RAFA.
Se asegura, además, que la tasa de interés para la cancelación de la deuda está sujeta a la tasa de interés compensatoria que cobra la AFIP para la deuda corriente, por lo que en caso de rebrote inflacionario, la tasa aumentaría, y subiría así la deuda regularizada.
Las alternativas
En tren de plantear alternativas al RAFA, Julita Maristany de la CAC recuerda que “hace tres años habíamos pedido dos años de gracia, pero eso ya no tiene sentido, dado que las que se fundieron se fundieron y las que sobreviven sólo pueden pagar algo razonable. La idea es que cuando el deudor acepta su deuda, paga lo corriente y sobre lo corriente un 10% mas que va saldando su deuda”.
Por su parte, desde CAME se propone, “reformular la deuda a una tasa del 1 % mensual hasta una fecha de consolidación y luego dividir la deuda en 120 meses a una tasa del 0.50 % mensual, con exención de intereses punitorios, multas y demás accesorios”, dice Lourenzo.
Este proyecto alternativo, dicen en CAME, tiene la particularidad de generarle un importante ahorro a las empresas y asegurarle a la AFIP un esquema cumplible, algo que no está garantizado a través del RAFA.
Y ponen el ejemplo de una deuda de 100.000 pesos vencida en enero de 2002, que refinanciada con el RAFA a 120 meses empieza pagando 1.755 pesos y termina con una cuota de 3.268. Mientras que con la propuesta de CAME, todas las cuotas serían de 1.510 pesos, lo cual para la empresa deudora implicaría pagar un 40% menos.
Distinta es, por cierto, la percepción que tienen desde el gobierno, donde se afirma que el régimen cosechó hasta fines de julio 118.513 presentaciones, que permitieron financiar 2.709 millones de pesos, que equivalen al 0,5% de la recaudación total. De ese total, el 89,8 % son micro, pequeñas y medianas empresas y el 10,2 % restante grandes empresas.
“Ha sido más que exitoso; es el plan de mejor cumplimiento de los últimos cinco años. Por algo se plegaron tantas empresas, lo cual lleva a diferenciar lo que dicen las cámaras de lo que piensan y conviene a las Pymes”, dijo Alberto Abad, director de AFIP, a modo de balance provisorio del régimen que finaliza el próximo 31 de agosto.
Uno de los graves problemas que arrastran infinidad de Pymes es la informalidad, un elemento que atenta contra la posibilidad de acceder al crédito, subsidios u otros programas de apoyo. Y que se constituye además en competencia desleal a través del trabajo en negro y el no pago de impuestos. De allí la importancia que adquiere la regularización de estas situaciones tanto para las empresas como para el Estado. El problema en todo caso son los instrumentos elegidos, que no siempre conforman a todas las partes.
“Hay que terminar de una vez por todas con aquello de que el que paga es el pato de la boda, así como con los pedidos de moratoria, claros ejemplos de oportunismo fiscal no equitativos”, asegura Abad.
Del lado de las cámaras empresarias aseguran que no persiguen una moratoria, pero rechazan el RAFA por varias razones, entre otras, la imposibilidad de condonar intereses y el costo de la refinanciación.
Cuestionamientos
“Básicamente cuestionamos cómo se calculan los intereses de cada cuota, que termina triplicando la deuda original y además que no se exima de costas y multas, que en este caso son exageradas, fundamentalmente en las deudas con la seguridad social”, dice Vicente Lourenzo, secretario general de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).
Por su parte, Julita Maristany, titular de la consultora BQA y presidente de la Comisión Pyme de la CAC (Cámara Argentina de Comercio), asegura que “no existen estadísticas de cuantas moratorias han caído y este es el punto a tener en cuenta.
Si una empresa pequeña tiene que pagar por moratoria 580 pesos y por la carga tributaria regular otro tanto, corresponde preguntarse, cuánto tiempo esta empresa va a resistir una erogación de esa magnitud”.
A todo esto, el jefe de la AFIP asegura que en cualquier parte del mundo la empresa que no puede pagar sus impuestos es inviable. Y un experto del mismo organismo redondeó la idea con el siguiente análisis: “En el contexto de un país creciendo a tasas superiores al 7 % y dadas las muy amplias posibilidades de financiamiento otorgadas por la AFIP en los últimos 38 meses, es probable que las empresas que no ingresaron a los planes de pago presenten problemas de índole económico no solucionables mediante el financiamiento de sus deudas fiscales”.
Abad también rechazó los cuestionamientos al costo de refinanciación, que recuerda, alcanzan hasta las 120 cuotas a una tasa del 1,5% mensual. “Fue un esfuerzo gigantesco de esta administración, que no olvidemos no está para financiar sino para recaudar”, dijo.
Desde CAME, en tanto, sostienen que si bien el esquema puede presentar un grado de adhesión en el corto plazo, es inviable en el futuro inmediato. Y advierten que al no eximir de multas, la AFIP le puede cobrar al contribuyente multas sobre lo exteriorizado en el RAFA.
Se asegura, además, que la tasa de interés para la cancelación de la deuda está sujeta a la tasa de interés compensatoria que cobra la AFIP para la deuda corriente, por lo que en caso de rebrote inflacionario, la tasa aumentaría, y subiría así la deuda regularizada.
Las alternativas
En tren de plantear alternativas al RAFA, Julita Maristany de la CAC recuerda que “hace tres años habíamos pedido dos años de gracia, pero eso ya no tiene sentido, dado que las que se fundieron se fundieron y las que sobreviven sólo pueden pagar algo razonable. La idea es que cuando el deudor acepta su deuda, paga lo corriente y sobre lo corriente un 10% mas que va saldando su deuda”.
Por su parte, desde CAME se propone, “reformular la deuda a una tasa del 1 % mensual hasta una fecha de consolidación y luego dividir la deuda en 120 meses a una tasa del 0.50 % mensual, con exención de intereses punitorios, multas y demás accesorios”, dice Lourenzo.
Este proyecto alternativo, dicen en CAME, tiene la particularidad de generarle un importante ahorro a las empresas y asegurarle a la AFIP un esquema cumplible, algo que no está garantizado a través del RAFA.
Y ponen el ejemplo de una deuda de 100.000 pesos vencida en enero de 2002, que refinanciada con el RAFA a 120 meses empieza pagando 1.755 pesos y termina con una cuota de 3.268. Mientras que con la propuesta de CAME, todas las cuotas serían de 1.510 pesos, lo cual para la empresa deudora implicaría pagar un 40% menos.