Algunas demostraciones del creciente "rol del Estado" en la Argentina desde la implosión de 2001 a la fecha comienzan a llamar verdaderamente la atención y a generar cierto grado de perplejidad. Asombra que Aerolíneas pierda un millón de dólares por día y que a la vez se trabe el ingreso de más jugadores privados en el negocio aerocomercial, preocupan cada vez más la inflación y la presión impositiva, y por estos días las tapas de los diarios indigestan con la noticia de que se utilizan fondos estatizados del sistema previsional para financiar el proyecto Kirchner 2011, mientras casi 80% de los jubilados cobran unos doscientos dólares al mes.

A estos ejemplos se podrían agregar la sensación de indefensión ciudadana y la insuficiente presencia del Estado (policía) en las calles, la situación de los hospitales o el disgusto cotidiano por la creciente discrecionalidad de funcionarios e influyentes para amenazar personas y bienes, fundir o salvar compañías. Todos estos hechos son consecuencia del exorbitante avance del Estado en la vida de las personas, las familias y las empresas en los últimos años, sobre todo desde la crisis de 2001 a la fecha.

La estatización de Aerolíneas y también la de las AFJP -una clara apropiación de ahorros privados, por usar una figura de moda- fueron saludadas por aclamación por el oficialismo y buena parte de la oposición durante la era Kirchner. Y la demonización de las privatizaciones, sobre todo Aerolíneas y el régimen de AFJP, fue amparada con el Himno Nacional por la mayoría de la clase política y admitida sin rezongos por cierta parte del periodismo. Aun contra la opinión de la gente, que un año antes había votado 80 a 20 a favor de las administradoras privadas. Un sistema que, conviene recordar, existe en Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Perú y el resto del mundo. ¿Podía alguien creer que le iban a dar a la Madre Teresa el manejo de las empresas y cajas privadas que se han venido estatizando desde 2002 hasta la fecha?

Cuando se reclama a favor de la presencia del Estado, las experiencias argentinas revelan que tarde o temprano se termina en estalinismo. En general, la opinión pública percibió claramente la inconveniencia del Estado cuando les tocó gobernar a los grandes estatistas de la historia argentina que fueron, sin duda, los militares. Por su condición natural, empleados públicos sostenidos por el presupuesto estatal y los impuestos, y con ventajas de poder disponer legalmente de dinero ajeno con la impunidad del monopolio de la fuerza. Golpe de Estado, estado de sitio o terrorismo de Estado son recuerdos trágicos de la fuerza del Estado, llevada al límite del ahogo al sector privado.

Un Estado fuerte, antes o ahora, termina con funcionarios ásperos, autoritarios, voraces, amenazadores y siempre listos a tomar represalias. Para financiar el "aparato estatal" que siempre debe crecer, los impuestos son cada vez más altos con inflación porque nunca alcanza, la intervención estatal llega a los precios, los salarios, las decisiones en los directorios, el periodismo, las cuentas bancarias y la misma vida privada de las personas.

Lo que hoy tenemos en la Argentina es un Estado que ha avanzado en forma descomunal, con el sector privado en standby , mucho más chico que 20 años atrás. El tema de los jubilados ilustra mejor que nada todo este fenómeno. En los innombrables años 90 (con perdón de la palabra), el 60% de los jubilados cobraba entre 130 y 170 dólares, contra unos 200 dólares que percibe hoy casi el 80% de los beneficiarios del sistema estatizado. No hace falta hacer muchas cuentas: en poder adquisitivo, los 150 dólares de 1994 eran bastante más que los 200 dólares de hoy. Y eso que se dio 400% de aumento en pesos a las prestaciones mínimas. El empobrecimiento de los jubilados es inevitable con tanto desmanejo e inflación, sobre todo si además se suman 1,5 millones de nuevos beneficiarios que seguramente necesitan la prestación, pero que nunca aportaron. Se demonizaron las AFJP -que tenían poco que ver con el problema- y ahora se descubre que hay una sola AFJP: el Estado.

Como finalmente el Estado es la empresa más rentable de la Argentina y la experiencia Kirchner ha demostrado que, con un buen discurso a favor del estatismo y en contra de la gente y lo privado, se puede realmente manejar la empresa estatal como una estancia propia, la tentación de defender el negocio de manejar el Estado y hacerlo crecer es irresistible. Basta recorrer la interminable lista de gente que se ha salvado económicamente con algún contrato estatal en la era Kirchner. Para esa gente, resignar el "rol del Estado" significa poner en riesgo lo que se lleva a su casa cada mes. De allí que se torne tan violenta la lucha entre el Gobierno y la oposición acerca de cómo manejar el Estado.

En las últimos días, un decreto intimidatorio del Estado obliga a los periodistas independientes que trabajan en radio y TV a informar "en 30 días hábiles" dónde y cómo trabajan, con detalle de su vida privada en términos de contratos, condiciones de ingresos y vinculación con los medios en los que desarrollan su tarea, si son accionistas o empleados de productoras privadas independientes o cómo se relacionan con ellas, su situación impositiva. Todo esto en el marco de la nueva y temeraria ley de medios. En su costado censor, esa ley crea el Registro Público de Productoras de Radio y TV, una novedad que alcanza a cientos de periodistas independientes que trabajan en los medios audiovisuales.

Recuerda a otros años, cuando frente a los cuarteles se leía: "Deténgase? Apague luces exteriores y prenda luces interiores. Identifíquese. ¡El centinela abrirá fuego!". El centinela es el Estado. Ahora, un centinela de los medios, a través de la nueva ley, bajo la forma de una "autoridad nacional" que dice actuar por el bien común y para protegernos.

Lo notable fue el relato que conmovió a la sociedad argentina desde la recesión del fin de la era Menem-De la Rúa hasta el estallido económico y social de 2001. Se aceptó que todo fue culpa del retiro del Estado y la llegada perversa de lo privado, de modo que ahora se recrea un Estado bueno que viene a proteger a los desposeídos. Y con ese cuento de que hay un "Estado bueno", la dirigencia política encontró una razonable fórmula para regresar al poder después del "que se vayan todos" de 2001. Volvieron casi todos, y son los que manejan el Estado.

Todavía lo estatal es políticamente correcto. De modo que en la campaña electoral, el discurso dominante -salvo excepciones- difícilmente cuestione el rol del Estado. La propuesta opositora para aumentar 100% las jubilaciones mínimas es un verdadero "absurdo de Estado", por su inviabilidad y falsedad manifiesta para con los jubilados, cuyos aumentos prometidos serían fagocitados por el golpe inflacionario que semejante proyecto dispararía.

Se dirá que el problema no es el Estado, si no los Kirchner, que se apropiaron de él. La oposición seguramente prometerá que se comportará mejor y que será más justa, benévola y agradable para la sociedad.

Analistas de opinión pública con memoria histórica sostienen que aun en estabilidad y bajo estándares de consumo razonables, los argentinos se van cansando de sus gobernantes, y que será difícil para los Kirchner remontar su conexión con la mayoría del electorado. "La gente se cansó de los Kirchner", se suele oír decir por estos días a los más renombrados encuestadores. Todavía es temprano para confirmarlo, pero tal vez estemos ante cierto desengaño y la población se esté empezando a cansar del Estado.

Es que, a la larga, la gente entiende todo: los que disfrutan del Estado son quienes lo manejan. Creció tanto el Estado en la era Kirchner que ya no cae simpático: ahora se le tiene miedo.

(Columna publicada en el diario La Nación).