21 de noviembre de 2024
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Por Manuel Solanet
Prueba para el capitalismo y para la Argentina
23 de septiembre de 2008
El agravamiento de la crisis financiera internacional movió gradualmente a los bancos centrales y más concretamente a los gobiernos de los países desarrollados, a aplicar instrumentos sucesivamente más intensos y cada vez menos ortodoxos.
La reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos lideraron estos movimientos, acompañados por el Banco Central Europeo y por las autoridades monetarias del Reino Unido, Rusia, Canadá y otros países.
Desde que se inició la llamada crisis de las hipotecas hace un año, hemos visto el otorgamiento de ayudas a bancos y firmas financieras en dificultades, la adquisición de compañías de crédito hipotecario como Fannie Mae y Freddie Mac, el apoyo oficial a la compra de bancos insolventes por otros mejor posicionados, como fue el caso de Bear Sterns o de Merril Lynch. También aparecieron fondos privados que incorporaron capital en bancos importantes, permitiéndoles mantenerse a flote.
Hasta el jueves 18 de septiembre los gobiernos habían aplicado una heterodoxia limitada, en la que predominaron los préstamos o los aportes de capital que, aunque de dudosa recuperación, podían exponerse como una forma de usar el dinero de los contribuyentes sin destruirlo y esperando una recuperación posterior. Se lo hizo con bastante discrecionalidad, por ejemplo se dejó caer en bancarrota a Lehman Brothers y no a la aseguradora AIG. Esta selectividad se explicó por la imposibilidad de salvar a todos y por las mayores consecuencias de la quiebra de algunos bancos respecto de otros. La caída de AIG hubiera sido mucho más destructiva que la de Lehman.
El jueves pasado, ante la evidencia que la crisis podía agravarse, el Tesoro de los Estados Unidos decidió aplicar una medida que apuntó al origen mismo de la crisis: la absorción de los créditos hipotecarios incobrables. De esta forma le extrae a los bancos el foco infeccioso y restituye la confianza a toda la cadena de fondos y ahorristas sobre los cuales se había trasladado el riesgo mediante instrumentos financieros. El sólo anuncio de la medida provocó una recuperación impresionante del valor de las acciones de los bancos. Las bolsas de todo el mundo acompañaron el clima de alivio.
Aún hay interrogantes sobre la instrumentación de las medidas que generaron no poca resistencia en el congreso estadounidense. No podemos asegurar que la crisis haya sido superada, aunque hay mayor probabilidad que ello suceda. Sin embargo no resulta fácil emitir un juicio sobre la forma elegida para intentarlo.
Los contribuyentes de los Estados Unidos deberán hacerse cargo de las pérdidas que debieran haber recaído en quienes tomaron decisiones de prestar sin evaluar debidamente los riesgos. El “riesgo moral” fue transferido a la sociedad americana.
Además, si hubiera un mayor déficit fiscal en los Estados Unidos, probablemente será trasladado a los ahorristas del resto del mundo, que acumulan dólares o bonos del Tesoro. La solución es objetable e injusta, pero observando el problema desde otro ángulo, el daño que se haría a todas las economías del mundo si la crisis se profundizara, da un pie al gobierno estadounidense para explicar su decisión.
Es un dilema clásico entre la ética y el daño colectivo que debe ser analizado en profundidad. En todo caso la conveniencia de evitar que este dilema se repita con tal intensidad hará que seguramente en adelante sean intensificadas las regulaciones prudenciales en las compañías de préstamos hipotecarios así como en las de financiamiento del consumo, y en las calificadoras de riesgo. Seguramente se perderá bastante de la agilidad y eficacia con que estas compañías contribuyeron a aumentar el consumo y facilitar el acceso a la vivienda de las clases medias y los asalariados. Pero se evitarán futuras crisis como la que estamos viviendo.
Es un gran grave error de apreciación extenderle un acta de defunción al capitalismo. A pesar de sus defectos, problemas y crisis recurrentes, la economía de mercado sigue siendo el mejor camino para el progreso en libertad y democracia. Si se ha impuesto en el mundo desarrollado es por su capacidad de crear, construir, evolucionar y rectificarse.
“Mientras el primer mundo se derrumba como una burbuja, la Argentina sigue firme”, fueron las palabras de nuestra Presidenta, infundadas, presuntuosas y mal informadas. El mismo día en que las expresaba, lo que se derrumbaba era la cotización de nuestros títulos públicos. El riesgo país alcanzaba niveles récord y los inversores corrían a suscribir bonos del Tesoro de los Estados Unidos. De lo que debiera ocuparse nuestro gobierno es de evaluar e intentar reducir el impacto de la crisis sobre nuestra economía, ya amenazada seriamente por sus propios problemas.
La reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos lideraron estos movimientos, acompañados por el Banco Central Europeo y por las autoridades monetarias del Reino Unido, Rusia, Canadá y otros países.
Desde que se inició la llamada crisis de las hipotecas hace un año, hemos visto el otorgamiento de ayudas a bancos y firmas financieras en dificultades, la adquisición de compañías de crédito hipotecario como Fannie Mae y Freddie Mac, el apoyo oficial a la compra de bancos insolventes por otros mejor posicionados, como fue el caso de Bear Sterns o de Merril Lynch. También aparecieron fondos privados que incorporaron capital en bancos importantes, permitiéndoles mantenerse a flote.
Hasta el jueves 18 de septiembre los gobiernos habían aplicado una heterodoxia limitada, en la que predominaron los préstamos o los aportes de capital que, aunque de dudosa recuperación, podían exponerse como una forma de usar el dinero de los contribuyentes sin destruirlo y esperando una recuperación posterior. Se lo hizo con bastante discrecionalidad, por ejemplo se dejó caer en bancarrota a Lehman Brothers y no a la aseguradora AIG. Esta selectividad se explicó por la imposibilidad de salvar a todos y por las mayores consecuencias de la quiebra de algunos bancos respecto de otros. La caída de AIG hubiera sido mucho más destructiva que la de Lehman.
El jueves pasado, ante la evidencia que la crisis podía agravarse, el Tesoro de los Estados Unidos decidió aplicar una medida que apuntó al origen mismo de la crisis: la absorción de los créditos hipotecarios incobrables. De esta forma le extrae a los bancos el foco infeccioso y restituye la confianza a toda la cadena de fondos y ahorristas sobre los cuales se había trasladado el riesgo mediante instrumentos financieros. El sólo anuncio de la medida provocó una recuperación impresionante del valor de las acciones de los bancos. Las bolsas de todo el mundo acompañaron el clima de alivio.
Aún hay interrogantes sobre la instrumentación de las medidas que generaron no poca resistencia en el congreso estadounidense. No podemos asegurar que la crisis haya sido superada, aunque hay mayor probabilidad que ello suceda. Sin embargo no resulta fácil emitir un juicio sobre la forma elegida para intentarlo.
Los contribuyentes de los Estados Unidos deberán hacerse cargo de las pérdidas que debieran haber recaído en quienes tomaron decisiones de prestar sin evaluar debidamente los riesgos. El “riesgo moral” fue transferido a la sociedad americana.
Además, si hubiera un mayor déficit fiscal en los Estados Unidos, probablemente será trasladado a los ahorristas del resto del mundo, que acumulan dólares o bonos del Tesoro. La solución es objetable e injusta, pero observando el problema desde otro ángulo, el daño que se haría a todas las economías del mundo si la crisis se profundizara, da un pie al gobierno estadounidense para explicar su decisión.
Es un dilema clásico entre la ética y el daño colectivo que debe ser analizado en profundidad. En todo caso la conveniencia de evitar que este dilema se repita con tal intensidad hará que seguramente en adelante sean intensificadas las regulaciones prudenciales en las compañías de préstamos hipotecarios así como en las de financiamiento del consumo, y en las calificadoras de riesgo. Seguramente se perderá bastante de la agilidad y eficacia con que estas compañías contribuyeron a aumentar el consumo y facilitar el acceso a la vivienda de las clases medias y los asalariados. Pero se evitarán futuras crisis como la que estamos viviendo.
Es un gran grave error de apreciación extenderle un acta de defunción al capitalismo. A pesar de sus defectos, problemas y crisis recurrentes, la economía de mercado sigue siendo el mejor camino para el progreso en libertad y democracia. Si se ha impuesto en el mundo desarrollado es por su capacidad de crear, construir, evolucionar y rectificarse.
“Mientras el primer mundo se derrumba como una burbuja, la Argentina sigue firme”, fueron las palabras de nuestra Presidenta, infundadas, presuntuosas y mal informadas. El mismo día en que las expresaba, lo que se derrumbaba era la cotización de nuestros títulos públicos. El riesgo país alcanzaba niveles récord y los inversores corrían a suscribir bonos del Tesoro de los Estados Unidos. De lo que debiera ocuparse nuestro gobierno es de evaluar e intentar reducir el impacto de la crisis sobre nuestra economía, ya amenazada seriamente por sus propios problemas.